CULMINA EL CURSO DE EXPERT@S LATINOAMERICAN@S EN RELACIONES LABORALES

 

Tras dos semanas de intervenciones y debates, el viernes 12 de septiembre culminó la 34ª edición del Curso de Toledo que impulsaron en su inicio Umberto Romagnoli y Pedro Gulielmetti y que dio ligar a la constitución de una red de participantes – los llamados “ex becarios” de OIT, Bolonia y Castilla La Mancha – que organiza todos los años un Congreso en algún lugar de América Latina como forma de mantener la cohesión y la permanencia del grupo y de esta iniciativa. Este año el Congreso se llevará a cabo en Ciudad de México, los días 27 y 28 de octubre.

El Curso de Toledo tiene como característica fundamental que es impartido a mitad por profesores y expertos españoles e italianos. La segunda semana por tanto ha correspondido a la participación de los universitarios italianos, con un mayor peso de los de la Universidad de Bolonia, y la conferencia de clausura fue llevada a cabo por Gian Guido Balandi, profesor emérito de la Universidad de Ferrara, que puso en relación la construcción del sistema de Seguridad Social con los fundamentos básicos del Estado social y democrático.

La segunda nota caracterizadora de este Curso es el debate que se entabla entre los participantes a través de la creación de grupos de trabajo. Cada uno de los países representados efectúa un informe somero sobre los elementos principales que caracterizan su sistema de relaciones laborales e integran posteriormente a través de la discusión, los elementos que han aportado por la mañana las diferentes intervenciones del profesorado. En este tramo del Curso, los grupos de trabajo, la labor del coordinador del Curso, Guillermo Gianibelli, es decisiva. Finalmente, se discute un comunicado final en relación con el tema sobre el que ha discurrido el Curso, que se lee al final de la última sesión, antes de la ceremonia de entrega de los diplomas que efectuaron Joaquin Aparicio, Antonio Baylos y Andrea Lassandari.

Al terminar esta jornada, los asistentes a la misma hicieron una visita a las instalaciones del Convento de San Pedro Mártir que es el recinto en el que se localiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM en Toledo, en especial el patio central y el aula magna, la iglesia del Convento en el que está la tumba de Garcilaso de la Vega y de los cancilleres de Castilla López de Ayala, siempre guiados por Joaquín Aparicio que dio amplia noticia de la historia de estos lugares.

Comienza ahora ya la preparación del curso del año entrante, 2026. A partir de marzo se dará a conocer el tema seleccionado y se abrirá un proceso de selección de los solicitantes de las 30 plazas de que se dispone, con un cupo de cinco para aquellos “ex becarios” que quieran volver a realizar el Curso.

 El tema sobre el que se ha discurrido en esta edición ha generado incluso durante el tiempo de su realización, relevantes supuestos de reflexión sobre la irrupción negativa de la codicia corporativa sobre la estructura y funcionamiento de las democracias. El comunicado final de los participantes del Curso lo refleja claramente.

 Por su evidente interés, se reproduce en este blog a continuación.

 

Curso: Democracia en la encrucijada: Capitalismo oligárquico frente al derecho social

 

Toledo, 12 de Septiembre de 2025

 

El avance de las extremas derechas a nivel global ha profundizado la crisis social y económica mundial, en un contexto de acumulación mediante cadenas globales de valor y financiarización de la economía.

La fragilidad del mercado y sus derrumbes, así como la fuga de capitales de países dependientes y las nuevas formas de organización del trabajo, generan un impacto negativo en las relaciones laborales a nivel mundial. Sus consecuencias son conocidas: precarización, informalidad y prácticas anti sindicales, atentan contra el pilar fundamental del Estado social de derecho, la justicia social y la justa distribución de la riqueza.

La realidad actual del trabajo y las políticas económicas impuestas por las extremas derechas agudizan las grandes e históricas contradicciones entre capital y trabajo.

 La acumulación de capital con predominio absoluto del sector financiero habilita la ofensiva de los grupos concentrados de poder económico, que se expresa con virulencia en el territorio latinoamericano. Esta avanzada apunta a desmantelar el derecho protectorio del trabajo y profundiza las desigualdades estructurales de los países de la región. Crecen así la precarización, el desempleo, la pobreza, el hambre, la apropiación de los recursos naturales, y la expulsión del sistema de grupos históricamente vulnerabilizados (personas adultas mayores, personas con discapacidad, el colectivo LGTBIQ+, migrantes, pueblos originarios, infancias, etc.).

En este sentido, las guerras siguen siendo un instrumento del poder global para generar ganancias a través de la industria armamentista; para asegurar el acceso a materias primas y controlar mercados; y para consolidar el dominio de las potencias capitalistas mediante el colonialismo y el imperialismo. Esto se ve expresado claramente en la ocupación del territorio de Palestina por parte del Estado de Israel, y el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino con la complicidad de los gobiernos del mundo.

Consideramos que el genocidio es la forma más extrema de violación de los derechos humanos fundamentales, e implica un desprecio por la vida y la dignidad de las personas.

Estos escenarios, sin dudas, ponen en tensión la vigencia del Estado social y de la democracia.

 El asalto reaccionario al Estado implica la creación de normas de derecho que perduran en el tiempo, tal como es el caso de todas las reformas laborales regresivas y de tinte neoliberal realizadas en América latina. Para ello, promueven discursos de odio, generan grietas y fragmentan a la clase trabajadora, profundizando así las discriminaciones interseccionales.

En ese contexto, resulta necesario que el movimiento obrero y los actores del campo popular asuman su condición de sujetos políticos y, como tales, generen nuevos escenarios de ampliación de derechos en clave biocéntrica, con el objetivo de poner fin a las políticas extractivistas y depredadoras de las empresas transnacionales. El porvenir del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Latinoamérica dependerá de la capacidad de organización de las fuerzas populares que resistan la captura oligárquica.

Por tal motivo, entendemos que es central estrechar los lazos de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, en especial, entre las personas trabajadoras y sus organizaciones. Esta constituye la única alternativa para enfrentar al neoimperialismo, los neocolonialismos y las oligarquías. Y es también la única posibilidad para construir un futuro de fortalecimiento de derecho del trabajo y de ampliación de su cobertura hacia los sectores que hoy están afuera de sus márgenes.

 

Grupo de Expertos/as latinoamericanos/as 2025

EL DIA DESPUÉS DE LA DEVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADA

 

Toda la audiencia de este blog conoce perfectamente la vicisitud que ha rodeado la larga negociación de un acuerdo sobre una ley de reducción de jornada a 37,5 horas semanales que finalmente concluyó con la firma de un texto negociado con CCOO y UGT, la difícil traslación del mismo a un proyecto de ley ante la oposición del área de economía del PSOE y la posterior negociación de éste con los grupos políticos que conforman la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno que al final se centró en intentar obtener la retirada de la enmienda a la totalidad presentada por Junts per Catalunya. El fracaso final de estas conversaciones permitió que ayer miércoles los votos convergentes de la derecha nacionalista catalana con la ultraderecha y la derecha extrema española rechazaran el texto legal, devolviéndolo al Gobierno.

Este largo proceso ha traído al primer plano del discurso político y sindical el problema de la confrontación de clase. Una cuestión que normalmente permanece en sordina en muchos de los relatos que atraviesan la opinión pública, pero que en esta ocasión ha cobrado un justo protagonismo. Quienes han obtenido realmente una victoria en esta ocasión han sido las asociaciones empresariales, que al negar su concurso al acuerdo derivado del largo proceso de casi un año llevado a cabo en el diálogo social, hicieron pública su apuesta política: sin su consenso no cabe aprobar ninguna norma. Especial ímpetu puso en esta dirección el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre  - en Wikipedia se le define como “empresario, economista y ex político español de ideología democristiana”- que atacó frontalmente el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y blasonó de que jamás se aprobaría porque ningún partido catalán lo apoyaría. Un rechazo a la posibilidad de regular legalmente la jornada máxima que también secundó la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, Pimec. Además de ello la CEOE y otras formaciones satélites, en especial de federaciones especialmente afectadas como la agroalimentaria o la hostelería y patronales de grandes almacenes, insistieron en que un acuerdo con los sindicatos sin el consenso de los empresarios sería revertido en el Parlamento.

La primera conclusión de este día después es evidente. El empresariado español tiene un apoyo incondicional en partidos políticos que se pueden confrontar de manera intensa en aspectos importantes sobre la estructuración territorial del Estado o sobre la propia forma de este y su conformación democrática, pero que mantienen una unanimidad horizontal inquebrantable en la defensa de las posiciones enunciadas por la representación orgánica de la empresa. Asimismo mantiene una interlocución muy provechosa con sectores importantes del área económica del PSOE. Algo muy diferente a lo que sucede con las personas trabajadoras, cuyos intereses no se ven recogidos con esta contundencia por los partidos políticos de la izquierda fragmentada en identidades nacionales y en la búsqueda de hegemonías rivales que obstaculizan la realización de un proyecto reformista de avance social gradual.

En el presente caso, la actuación política de las asociaciones empresariales a través de una coalición de partidos cuyas identidades nacionales y sus formas de entender el Estado son completamente opuestas se traduce en la afirmación oligárquica: no hay posibilidad de discutir en el Parlamento una reforma legal sobre las relaciones laborales si no está aprobada o acordada con los representantes de la empresa. No cabe discusión dentro de las formas democráticas de un proyecto normativo en el que las diferentes fuerzas representadas en el Parlamento puedan condicionar o incluso desvirtuar el contenido de la norma proyectada. La discusión democrática no puede prevalecer ante la decisión oligárquica de impedirla, porque los acuerdos bilaterales del poder público con los sindicatos de trabajadores, representantes institucionales del trabajo en nuestra Constitución, deben ser declarados públicamente papel mojado, un hecho sin trascendencia del que cabe prescindir en el futuro. Para la oligarquía corporativa el diálogo social solo cobra validez si lleva su aprobación y los sindicatos son meras comparsas de su decisión determinante.

La segunda conclusión tiene que ver con la capacidad de los firmantes del Acuerdo – Ministerio de Trabajo y sindicatos – de convertir esta derrota política en una situación de ganancia y reforzamiento social y político del proyecto reformista. La movilización sindical que ha acompañado a la última fase de la toma en consideración del proyecto de ley tiene necesariamente que extenderse y profundizarse. Especialmente en Catalunya, donde la prepotencia patronal ha sido más activa, pero también en los sectores especialmente afectados por la reducción de jornada pactada. La reivindicación del conflicto lleva consigo la extensión entre la gente trabajadora de lo que ha significado la votación en el Congreso de ayer. No solo, como se insiste con razón, en la posible repercusión electoral de esta decisión del bloque conservador – teniendo en cuenta que según las encuestas, la medida es ampliamente bien acogida entre los votantes de todas esas fuerzas políticas – sino muy especialmente resaltando la autoría real de esta acción, que corresponde a la representación orgánica de las grandes corporaciones, es decir a los exponentes de la clase empresarial. Hay que explicar lo que se ha perdido, pero fundamentalmente para reivindicarlo y hacerlo real. Las concentraciones y asambleas en los lugares de trabajo deben aprovechar lo que en términos reales ha supuesto un error de la oligarquía corporativa, mostrando su codicia y su prepotencia. Lo que implica reforzar esa perspectiva de clase en los análisis sindicales.

El Ministerio de Trabajo y en general el espacio de SUMAR debe inscribir también su actuación en esas mismas líneas, privilegiando la consecución del bloque de progreso que ha apoyado el proyecto de ley y atrayendo a los sectores del PSOE que se han mantenido reticentes ante la medida al compartir de fondo la posición empresarial de que sin ellos no es posible legislar. Es sintomático que en la sesión de ayer no estuvieran presentes los ministros socialistas, salvo Bolaños, lo que avala la posibilidad de que el sector del gobierno siempre reticente al acuerdo con los sindicatos quiera ahora presentar un proyecto que pudiera aceptar el empresariado, remitiendo la reducción de jornada a un momento posterior en relación con la media lograda en la negociación colectiva e introduciendo una serie de subvenciones para la pequeña y media empresa. Algunos asesores directos del Ministro de Economía y de FEDEA optan por “un gran acuerdo social” – dando por supuesto que el que se logró con los sindicatos no tiene esta consideración -que pueda “acelerar” la reducción de jornada “sin intervención legal directa”. Obviamente este sería un mal escenario para la izquierda que consagraría la rendición plena del proyecto de reformas al condicionamiento oligárquico corporativo.

Por el contrario, la intervención de Yolanda Díaz en el Congreso ha colocado el debate justamente en la perspectiva clasista que le subyace, señalando la gran contradicción entre fuerzas que dicen representar el interés nacional y su sumisión estricta a las órdenes de los representantes del capital. Ha desvelado la falsa coartada del independentismo catalán y su patriotismo de clase en términos contundentes  Es un discurso directo que tiene la fuerza de la evidencia y que desde luego se retroalimenta con una actuación institucional claramente escorada hacia la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores que reivindica la libertad del poder público de fijar las líneas de su programa de reformas sin la aprobación o tutela de las decisiones del empresariado.

Pero además, como ya se ha anunciado, algunas medidas importantes que estaban en el proyecto de ley pueden ponerse en marcha sin necesidad  de cobertura de una norma legal. En un cierto sentido, la consigna empresarial de la “no intervención legal” se invierte en su contrario. Una intervención pública directa por el desarrollo reglamentario de una norma ya existente. En efecto, el desarrollo reglamentario del art. 34 ET, sobre el registro de jornada impacta directamente sobre las horas extraordinarias no pagadas y permite un control horario más estricto de la jornada pactada en convenio. Es sin duda una medida parcial pero no querida por las patronales más reticentes a la imposición de una jornada máxima más reducida, y que el Ministerio de Trabajo debería poner en marcha de inmediato, conectándola con la oposición patronal a ampliar el tiempo de descanso de las personas trabajadoras.

Este es pues el camino que hay que trazar para lograr revertir la derrota parlamentaria en una situación de ventaja para las posiciones de reforma social y laboral que además pueda compactar al bloque de progreso que incluye fuerzas nacionalistas y soberanistas pero para quienes la componente social y laboral es un modo de afirmar su propia identidad nacional. Y desde luego desde la vertiente sindical, la puesta en marcha de una constante impugnación del dictado oligárquico del empresariado no solo se debe llevar a la conflictividad en la negociación colectiva, sino que debe impregnar un debate profundo sobre el tiempo de trabajo y sus implicaciones. En esta línea hay ya algunas iniciativas en marcha que se reforzarán tras el rechazo del parlamento al proyecto de ley, como el seminario que se está llevando a cabo en la Fundación 1 de Mayo del que se ha hecho eco este blog.

Un momento histórico interesante. Entre tanto ruido ambiente, finalmente se puede discutir sobre aspectos fundamentales para la vida de la mayoría de la ciudadanía, los derechos fundamentales que se deben ejercitar en el trabajo y la aspiración a obtener más tiempo colectivo frente a la captura de una gran parte de este por la actividad subordinada al desarrollo del proceso de producción dirigido por la empresa para la que se trabaja. Un discurso clasista que atraviesa verticalmente la política y la economía, se proyecta sobre las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población y gana un espacio propio en la opinión pública. Apliquémonos a ello

 

HA COMENZADO EL CURSO DE TOLEDO PARA EXPERT@S LATINOAMERICAN@S EN RELACIONES LABORALES

 

El martes pasado, 2 de septiembre, dio comienzo el Curso para expertos y expertas de Latinoamérica en relaciones laborales, el precipitado académico que pusieron en marcha Pedro Guglielmetti y Umberto Romagnoli en asociación con la sede de la OIT en Turín y la Universidad de Bolonia. El curso desde hace años se celebra al comienzo de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) en Toledo, en el bellísimo convento de San Pedro Mártir, y en esta ocasión, como conoce la amable audiencia de este blog, (https://baylos.blogspot.com/2025/03/democraica-en-la-encrucijada.html) se dedica al análisis crítico de las embestidas que el capitalismo oligárquico está realizando contra la democracia social.

El curso fue inaugurado por Joaquin Aparicio, director del Curso junto con Antonio Baylos, la directora del departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, Maria José Romero, y el profesor titular de cátedra de Derecho del trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Gianibelli, como coordinador del curso. En esta edición, que es la trigésimo cuarta, asisten especialistas de seis países latinoamericanos, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú, en una distribución del itinerario formativo dividida en dos áreas. Por la mañana, dos intervenciones sobre los temas del programa, seguidas de debate en cada una de ellas, y por la tarde, discusión en grupo desde las respectivas experiencias nacionales, bajo la coordinación de Guillermo Gianibelli.

Los primeros cinco días – del martes al lunes – los ponentes son personas expertas del ámbito hispano parlante, mientras que los últimos cuatro días se reservan para profesores y profesoras italianas, fieles a la idea inicial del grupo conocido por otra parte como “ex becarios” de Bolonia y Castilla La Mancha en la denominación coloquial que adoptan. En esta edición, han intervenido – o van a intervenir – en esta primera parte Joaquin Aparicio, Antonio Baylos, Laura Mora, Francisco Trillo y Nunzia Castelli, todos ellos del área de Derecho del trabajo y de la seguridad Social de la UCLM, junto a Gerardo Pisarello, profesor en la Universidad de Barcelona y Vicesecretario primero del Congreso de los Diputados, Adoración Guamán, catedrática de Derecho del trabajo de la Universidad de Valencia y Consejera laboral del Reino de España en Quito (Ecuador), y Joaquin Pérez Rey, él también profesor en la UCLM en servicios especiales y actualmente Secretario de Estado de Trabajo. La semana entrante será el turno de Laura Calafá, de la Universidad de Verona, Valeria Nuzzo, de la universidad de Campania “Luigi Vanitelli”, Guido Balandi, de la Universidad de Ferrara, y los profesores de la Universidad de Bolonia Federico Martelloni, Ester Villa, Giulio Centamore y Andrea Lassandari.

Contra lo que en principio estaba pensado, la necesidad de someterse a un escrutinio médico ha impedido a Pedro Guglielmetti, “il Nonno”, estar en Toledo este año, donde estaba prevista una conversación con él, moderada por la Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, Maria José Romero, sobre el tema central de debate, la encrucijada en la que se encuentra la democracia, ya sin adjetivar, ante la preponderancia alcanzada por el capital financiero y por las oligarquías que gozan de extraordinarios poderes por su dominio de sofisticadas tecnologías. Es decir, responder a la gran pregunta sobre hasta qué punto es compatible el constitucionalismo democrático alumbrado en el siglo XX con el fuerte aumento de las desigualdades sociales y económicas y la irrupción en la escena política de modo directo de grandes oligarcas, lo que implica preguntarse por la suerte del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y, por ende, la vida de las personas trabajadoras. Este último momento del debate en el Curso se hará mediante una mesa redonda entre los directores y coordinadores del curso junto con Andrea Lassandari.

Tras la cena común de profesores y alumnos en la noche del jueves, en el último día del Curso, se da a conocer el informe de los grupos que elaboran una reflexión común a los países participantes en el mismo, que por consiguiente implica un esfuerzo de síntesis sobre el amplio debate que se ha ido teniendo en los grupos de trabajo durante este período. Finalmente, el curso se cierra con la entrega de diplomas.

Es importante recordar que todos los asistentes a los cursos se integran en un colectivo de “ex becarios” que organizan a su vez anualmente un congreso en algunos de los países de América Latina sobre dos temas de interés colectivo, al que también están invitados profesores de la UCLM y de la Universidad de Bolonia.

En síntesis, un curso de especial interés que reitera la capacidad de circulación de los modelos democráticos de relaciones laborales en Europa y América Latina como un espacio de debate y de reflexión que protagonizan los juristas del trabajo de ambas orillas del Océano.