En este
final de octubre se ha recordado el aniversario de los dos centenares de
personas que perdieron la vida tras las inundaciones y desbordamientos
producidos por la DANA. En el funeral de Estado los familiares de las víctimas
han increpado al presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, por
la continua elusión de responsabilidades ante la omisión negligente de avisos
preventivos que favorecieron el trágico desenlace. Los daños materiales no
podrían haberse evitado posiblemente pero si desde luego las muertes de quienes
quedaron atrapados por el fango y el agua.
¿Por qué no se adoptaron medidas
que impidieran la realización de la actividad normal de un día cualquiera? ¿Por
qué se tardó en adoptar una orden que alterara la normalidad, impidiendo a las
gentes continuar con su cotidianeidad como si no hubiera ningún peligro? El
debate público de estos días se centra en el President y sus desvelos ligados
a la copiosa y larga comida que disfrutó en compañía de una periodista y en las
consecuencias trágicas que llevó aparejadas al retrasar hasta que ya era
demasiado tarde los avisos requeridos. Una investigación penal independiente
llevada acabo por la jueza de Catarroja,
Nuria Ruiz Tobarra, está avanzando en el esclarecimiento de los
presuntos hechos delictivos que tuvieron lugar durante estos acontecimientos, pese
a las amenazas y señalamientos que su actuación ha desencadenado entre los
habituales fanáticos y simpatizantes de la derecha y ultraderecha valenciana.
Pero sería conveniente traer a la
superficie de este asunto la causa probable que impidió la reacción de los poderes
públicos. Y esta no es otra que la reticencia a impedir que se alterara la
normal prestación del trabajo y en los desplazamientos al mismo. La situación
de riesgo grave e inminente fue desestimada por el poder público porque ante el
riesgo y la inseguridad de que se produjera una catástrofe ambiental como
efectivamente sucedió, se prefirió, desoyendo cualquier indicio contrario, considerar
prioritario mantener la actividad
laboral y productiva en toda la región y en todas las actividades, desde el turismo
a la alimentación y grandes superficies, de los talleres industriales ala
televisión regional y los desplazamientos entre la ida y la venida del trabajo.
Se trataba de una clara situación
de riesgo grave y permanente para la vida y salud de las personas trabajadoras,
como habría de establecer el muy importante RDL 7/2024, y por tanto los
trabajadores y las trabajadoras podían haber abandonado su trabajo, lo que no
hicieron en buena medida ante las órdenes de los empresarios, que no
permitieron la salida del trabajo antes de hora o que no indicaron la
conveniencia de no acudir al mismo.
Hay que recordar que la
Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Interior y Justicia ha
comenzó a enviar una serie de permisos o salvoconductos a las personas que
trabajaban en supermercados y a quienes repartían productos para que pudieran
seguir trabajando y efectuando su actividad con plena normalidad, incluso bajo
aviso meteorológico naranja o rojo. Unos salvoconductos que consta que fueron enviados
a las personas trabajadoras de Mercadona, Consum, Aldi y Lidl principalmente. Y
ello contra lo que establecía el art. 41 del RDL 7/2024 que declaraba como consustancial a este
momento, es decir, como presupuesto de la situación de excepcionalidad social
en la que se hallaba la región los supuestos de alarma amarilla o roja. Hay por
tanto una relación directa entre estos avisos meteorológicos, que implican de por
sí una situación de riesgo grave e inminente y la declaración de esta noción
con efectos laborales por la ley, que las empresas no pueden ignorar.
Además, como es sabido, la norma
laboral dispuso, primero con carácter especial ante la situación creada por la
DANA en Valencia, posteriormente con carácter general reformando el Estatuto de
los trabajadores, unos permisos climáticos como permisos no recuperables y
retribuidos, durante los cuales o al terminar estos, la adopción de cualquier
medida desfavorable para la persona trabajadora derivada del ejercicio de los
derechos de ausencia será calificada como nula. Como ya nos tiene
acostumbrados, el empresariado español, por boca del presidente de la CEOE, se manifestó en contra de estos permisos por entender que esta medida es
enormemente negativa para tantas empresas que están “arruinadas” ante las
consecuencias negativas de su vida económica como consecuencia de la DANA, como
si las personas trabajadoras no hubieran perdido casa y familiares en las inundaciones
y si no fuera perfectamente razonable priorizar el derecho a la vida y a la salud y
los derechos de cuidados y de vivienda ante la disciplina empresarial y la
obligación de prestar su actividad laboral.
La Inspección de Trabajo acudió a
muchas empresas para comprobar si se había
cumplido la normativa sobre prevención de riesgos y ante su inobservancia, procedió
a sancionar a dichas empresas y centros de trabajo. Pues bien, hemos sabido por
una comparecencia en el Congreso de la
Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que la Dirección
General de Trabajo de la Generalitat Valenciana ha revocado las sanciones
impuestas a las empresas – 106 expedientes de infracción – por la Inspección de
Trabajo sobre la base de que no resultaba “exigible” una evaluación de riesgos
relacionados con una situación extrema como la DANA, que no tuvo precedentes. Esta
revocación de sanciones en masa por el poder público, nada frecuente por lo demás,
es una muestra evidente de la asunción por la Generalitat de Valencia de una
decisión consciente en la que ignoraba el riesgo anunciado para garantizar la
normalidad en la producción aun a costa de la vida de las personas, como
efectivamente sucedió.
Pese a la gravedad de este hecho,
no ha tenido apenas trascendencia en el debate público que se ha desplegado con
ocasión del aniversario de la devastación producida. Se habla de la negligencia
evidente y de la responsabilidad política que el gobierno y su presidente se
niegan a asumir. Pero no se hace hincapié en que la causa real de esa actuación
del poder público es el favorecimiento a toda costa de la actividad económica
en la región que el riesgo inminente de una catástrofe ambiental no debía poner
en peligro.
Así que en efecto detrás de los
muertos está la codicia corporativa, el ansia de ganancia y el desprecio por el
valor del trabajo en cuanto no contribuya a producir el beneficio empresarial.
Y que nadie entienda que es demagógico constatar la realidad que dramáticamente
hemos podido recordar en estos días. Es
sencillamente apreciar que defender la vida y la salud de quienes
trabajan sigue siendo una decisión política que las administraciones gobernadas
por la derecha y la ultraderecha siempre ignoran para defender la
intangibilidad del lucro y la ganancia de las empresas cuyos intereses
defienden sobre todas las cosas, sobre todas las muertes.
