SEGÚN ANTONIO BAYLOS...

EL MODELO DE DESPIDO EN LA UNION EUROPEA

2012-03-13T01:33:00.001+01:00

La Fundación 1 de mayo acaba de sacar un informe sobre los modelos de despido en la Unión euroepa en el que se realiza un interesante análisis comparado de ocho ordenamientos jurídicos laborales en esta materia, de forma tal que es posible concluir que la reforma laboral española del despido a partir del RDL 3/2012 constituye uno de los régimenes legales de menor de protección al trabajador y, contra lo que dicen los sicofantes del poder económico y del gobierno, una excecpión negativa en el panorama comparado europeo, de forma que la protección frente al despido injustificado que reconoce el art. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, ha sido vaciada de contenido real con el texto de la reforma de extraordinaria urgencia y necesidad promulgada por el gobierno legislador. Merece la pena leer el informe para poder recargar los argumentos que sin duda se reforzarán en estos quince próximos días para evitar a toda costa la participación máxima de los ciudadanos en la huelga general convocada. Se encuentra en la página de la Fundación 1 de mayo: http://www.1mayo.ccoo.es/ . A continuación se publica la introducción al mismo.

Elementos clave para la comparación de los distintos modelos de despido en la Unión Europea.

Se ha venido intentando generalizar la idea, en ocasiones revestida con la apariencia de un análisis jurídico, que España tiene un modelo de despido de los más rígidos de la Unión Europea, que ofrece más dificultades a las empresas para despedir y en el que mayores costes supone a las empresas, llegando a la conclusión de que una “modernización” del sistema de extinción del contrato de trabajo debería de pasar por facilitar a las empresas los mecanismos de extinción, rebajar los costes y suprimir la intervención de la Administración en los despidos colectivos.

Por ello resulta útil ofrecer una visión de los principales elementos que caracterizan los distintos modelos que vienen operando en diversos países del entorno europeo en relación con los mecanismos de que disponen las empresas para ajustar sus plantillas y los derechos que les corresponden a las trabajadoras y trabajadores en tales situaciones.

Pero la premisa básica de cualquier análisis es considerar la absoluta insuficiencia de efectuar comparaciones meramente numéricas, vinculadas al importe de la indemnización por despido improcedente o injustificado, o incluso de a indemnización mínima del despido colectivo. Es más importante examinar las “trayectorias” comparadas del despido, los pasos que la práctica social y la regulación jurídica dan en un proceso de toma de decisiones que desemboca en el despido.

El despido es mucho más que un acto meramente económico.

El despido es efectivamente más que un acto meramente económico, pero se intenta que se interiorice la idea de que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie.

Esta idea de ampliar las causa del despido a la vez que se abarata, se machaca constantemente. A toda costa, sostiene el profesor Baylos, que la idea de flexibilizar y abaratar el despido se quiere justificar en que hay que quitar el miedo a los empresarios a contratar consiguiendo que despedir sea mucho más fácil y barato. Esto nos lleva a que el sistema del Derecho del Trabajo, el sistema de garantías sobre el empleo, sea el culpable de los procesos de destrucción de empleo y de la crisis del mercado de trabajo. Es decir, hay una culpabilización del sistema de garantías que se mide en función de los procesos de creación o destrucción de empleo que se den en la economía y, por tanto, se crea una directa relación, no entre otras causas que crean esa alteración del empleo, sino fundamentalmente entre garantías y rigidez del mercado y políticas efectivas de empleo.

Sin embargo, tales planteamientos son completamente inconsistentes. Una teoría ampliamente consensuada del mercado de trabajo destaca que la estabilidad en el empleo fomenta la confianza y la motivación de los trabajadores y, de esta manera, se promueve en paralelo la productividad de la empresa. Igualmente distintos análisis internacionales comparados demuestran que no existe ninguna relación clara entre el nivel de protección contra el despido y la situación del mercado de trabajo.

El despido dentro del sistema de relaciones laborales de cada país.

No sólo carece de fundamento hacer un análisis de costes para evaluar la eficiencia de los distintos sistemas de despido, sino que, además, la metodología basada en el análisis de los costes que representa al empresario el despido no es expresiva del conjunto de los factores que inciden, en la práctica, en las vías por las que se lleva a cabo la extinción de los contratos, ni tampoco tienen una relación directa con las posibilidades de que las mismas se lleven a cabo con mayor o menor facilidad, ni de los derechos que corresponden a los trabajadores, tanto individuales como colectivos, así como las posibilidades de control real y efectivo de la decisión empresarial.

A la hora de efectuar análisis comparados de los sistemas de despido, las dificultades se multiplican cuando todos estos datos cualitativos se intentan convertir en datos numéricos, como sucede con las estadísticas de la OCDE, muy utilizadas por distintos sectores y medios en España. Este tipo de trabajos cuantitativos puede ser de utilidad, pero para usarlos apropiadamente es preciso tomar conciencia de sus limitaciones; aunque la presentación numérica de los datos produce al lector una apariencia de “objetividad”, para construir estas cifras hay que tener en cuenta un gran número de factores puramente cualitativos.

La comparación entre países resulta inapropiada o incompleta si se limita a la perspectiva de los “costes”, y prescinde del conjunto de instituciones que integran su sistema de relaciones laborales.

Como muy bien señala el profesor Antonio Álvarez del Cuvillo, reducir la problemática en torno al despido (y, consecuentemente, su regulación) a sus factores económicos y, dentro de éstos, a la indemnización por despido, no sólo no es un enfoque completo, en la medida en que únicamente analiza el despido desde la lógica del beneficio empresarial, dejando de lado los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como el impacto social del desempleo, sino que además es reduccionista, puesto que la indemnización por despido debe ser puesta en relación con las garantías de empleo, tanto “ex ante”, esto es, las condiciones tanto formales como materiales que requiere el despido y su grado de cobertura, así como las modalidades de contratación.

A su vez, estas condiciones hacen o están vinculadas también con otros factores “externos” a la regulación en sentido estricto del hecho laboral, y que cabría definir como de “contextuales” a éste y, por consiguiente, al despido, como es la especialización productiva de un país, el tamaño de las empresas, la articulación, potencia y cobertura de la Negociación Colectiva, la propia cultura empresarial en materia de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y un largo etcétera.

De este modo, para llevar a cabo una comparación mínimamente rigurosa en cuanto al despido en los distintos países, es preciso, cuanto menos, conocer la normativa completa relativa el despido, a sus condiciones en función de las distintas modalidades de contratación, a su incidencia en los diferentes sectores productivos y tamaño de las empresas, al recurso a la externalización de tareas hacia el trabajo autónomo o la economía sumergida.

Es necesario también conocer el papel que otras instituciones jurídicas y del sistema de relaciones laborales juegan en la regulación del despido, como, significativamente, el papel del Convenio Colectivo y de la presencia sindical en la empresa, la aplicación jurisprudencial y la práctica real.

A fin de disponer de los necesarios elementos de referencia, vamos a exponer en primer lugar, las peculiaridades del sistema de despido en España, insistiendo en las líneas que ha venido a potenciar la reforma laboral operada por el RDL 3/2012, así como las principales notas del modelo de extinción de contratos que operan en países de nuestro entorno, lo que nos permitirá disponer de elementos de análisis para evaluar nuestro propio sistema de relaciones laborales.

MANIFESTACIONES MASIVAS CONTRA LA REFORMA LABORAL EN 60 CIUDADES ESPAÑOLAS

2012-03-11T18:58:00.002+01:00

Los sindicatos confederales han convocado manifestaciones contra la reforma laboral en 60 ciudades españolas. A todas ellas han acudido miles de personas, en un número impresionante. Los dos sindicatos convocantes cifran en un millón y medio de personas las que han secundado su llamada. Es una respuesta realmente importante que no puede ocultarse.

Las manifestaciones más numerosas han sido las de Madrid y Barcelona, pero también ha habido un enorme seguimiento en Valencia o Sevilla, Valladolid, Vigo o Gijón. Es importante destacar la capacidad de convocatoria del movimiento sindical. Y también su posición estratégica para abrirse a otros sujetos y organizaciones sociales y organizar convergencias y espacios de resistencia. Las manifestaciones del 11 de marzo están además orientadas a la preparación de la huelga general del 29 de marzo. En los veinte días sucesivos será necesario volcarse en las asambleas y en las reuniones que aseguren la participación de los trabajadores y trabajadoras del Estado español en la huelga convocada. En este período circularán asimismo informaciones orientadas al fortalecimiento de los argumentos que explican el recurso a la huelga, y a rebatir los ataques contrarios que seguramente recibirá la medida con el apoyo mediático habitual.

El espacio en el que se instala la movilización sindical es el de lo social, más allá desde luego de los estrictamente relacionado con la esfera económica - laboral. Eso le permite ganar una amplitud de miras y presentar su crítica a las medidas del gobierno y sus alternativas a las mismas formando parte, de manera "natural", de un proyecto político-social de alcance general. La relación con el nivel estrictamente político - parlamentario o político-electoral queda por consiguiente difuminado en este planteamiento sindical. El sindicalismo confederal no puede abordar directamente este terreno, en donde los partidos políticos deben desplegar su estrategia sin condicionamientos directos. Se mueve por consiguiente con prudencia, sin querer sustituir la acción de los partidos políticos "amigos" ni canalizar sus acciones de presión hacia la orientación directa del voto en las citas electorales futuras.

Pero, viceversa, tampoco todos los partidos políticos tienen bien definida la relación con el movimiento sindical y su capacidad de movilización social. El partido del gobierno, porque es incapaz de analizar los procesos de convocatoria a la sociedad en torno a un rechazo democrático de medidas lesivas de derechos laborales y sociales de otra forma que como un reto improcedente a su poder puesto que pone en cuestión su mayoría electoral. "No nos arredra una pancartita", afirma Cospedal y en esa frase está presente la visión que el Partido Popular posee sobre el ejercicio del derecho fundamental a la protesta y a la manifestación del disenso. Y el Partido Socialista, que si bien ha comprendido que la oposición frontal a la reforma laboral coincide con lo que siente una gran parte de la opinión pública y que por tanto puede desgastar al gobierno de forma rápida, "acompaña" las movilizaciones pero no participa activa y simbólicamente en ellas, atenazado por un extraño síndrome de ausencia o de distanciamiento de la política electoral de la capacidad de la representación real de la mayoría de los ciudadanos. La izquierda plural es posiblemente la única fuerza política - pluralista, comprendidas fuerzas "externas" a la marca de origen nacionalista - que es capaz de intentar una síntesis de trabajo político y de movilización social obstaculizada no obstante por su posición extremadamente minoritaria en el espacio electoral.

En cualquier caso, ante todo y por ahora lo que está ante todos los ciudadanos españoles es la convocatoria de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Que no es un punto final, sino un hito importante en la escalada del conflicto. Que si el gobierno del PP no rectifica no hará más que crecer y mantenerse. Y la advertencia de Toxo a Rajoy respecto de los ejemplos de Grecia y de Italia no deberían caer en saco roto.

LOS OBSTÁCULOS A LA HUELGA GENERAL EL 29 DE MARZO: MANIPULACIÓN INFORMATIVA, ILEGALIDAD DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO, COMPLICIDAD CULPABLE DE LOS SUJETOS ECONÓMICOS.

2012-03-10T17:11:00.001+01:00

Las confederaciones sindicales CC.OO. y UGT han convocado una jornada de huelga general para el día 29 de marzo para expresar su rechazo a la reforma laboral convalidada por el congreso con la mayoría parlamentaria del PP y de otros partidos de la derecha política y nacionalista. Los sindicatos confederales entienden que el ataque a los derechos laborales y sindicales que contiene esta modificación normativa es excepcionalmente grave y supone una verdadera involución democrática en nuestro país.

La presión social que supone la convocatoria de huelga general ha sido precedida de intensas movilizaciones el 19 de febrero, en respuesta a la promulgación de la norma “de urgente necesidad”, el 29 de febrero en relación con la jornada europea contra las medidas de austeridad y los recortes de los servicios públicos, y las manifestaciones de mañana, 11 de marzo, en 57 ciudades españolas. UGT y CC.OO. han presentado las modificaciones a la ley que creían posibles y necesarias, que seguramente serán recogidas como enmiendas por los grupos parlamentarios de la izquierda. Son propuestas razonadas y adecuadas a la situación de crisis, pero que no han sido apenas tenidas en cuenta ni reconocidas por la opinión pública, a partir del bloqueo informativo que mantienen los grandes medios de comunicación sobre las posiciones sindicales en este amplio conflicto de clase. Este es seguramente uno de los terrenos donde se desplegará un combate áspero para degradar y envilecer las posiciones de defensa de los trabajadores. La desigualdad de armas en juego, la extensa capacidad de manipulación de radios, TDTs, televisiones autonómicas y periódicos de alcance nacional sobre el hecho sindical y las medidas de presión, contrasta con la práctica inexistencia de espacios informativamente neutrales o abiertos más allá de algunos medios digitales, y la dificultad de los sindicatos para llevar adelante por sí solos una labor de información y de extensión de las razones del conflicto, por una parte, junto a la respuesta a las agresiones y desinformaciones virulentamente antisindicales que se irán produciendo. Esta convicción es tan segura que se podrían ya anticipar los titulares de los principales diarios de difusión nacional, sin temor a errar mucho.

La manipulación, la mentira y la desinformación son elementos centrales hoy en esta estrategia de despiece de la democracia no sólo social, sino política y ciudadana. Pero también lo es la ilegalidad de las acciones del poder público. Ilegalidad que se parecía en diversas direcciones, en sentidos diversos. En primer lugar porque el gobierno legislador está vulnerando con su norma de reforma importantes principios constitucionales en una clara orientación anticonstitucional, lo que posiblemente haya que distinguirse de la inconstitucionalidad directa de algunos de los preceptos del RDL 3/2012. Es decir, el gobierno legislador ha utilizado ilegítimamente un poder normativo de excepción para desarrollar un marco institucional de las relaciones de trabajo que giran en torno al principio despótico del poder empresarial sin controles reales en las relaciones de trabajo y en la organización del mismo, y que se orienta a socavar el sistema autónomo de negociación colectiva, impidiendo así la expresión eficaz del poder contractual colectivo gobernado por el sindicato. Al plasmar este modelo anticonstitucional, que deroga los elementos centrales del marco democrático de relaciones laborales, incurre asimismo en inconstitucionalidades evidentes de ciertos preceptos legales, pero la depuración de éstos por el Tribunal constitucional no evitará la convalidación de la violencia del poder privado como regla de gobierno de las relaciones laborales.

La ilegalidad de la actuación del poder público como regla de comportamiento se proyecta también sobre otros aspectos no suficientemente puestos de manifiesto. El desprecio al diálogo social, como principio básico vigente en el modelo social europeo y como práctica real de relación entre los agentes sociales en nuestro sistema de relaciones laborales, se ha llevado a cabo con extremismo ejemplar. Extremismo porque desde la formación del gobierno, el presidente del gobierno no ha considerado necesaria una reunión con los dirigentes sindicales, mientras que si lo ha hecho, y frecuentemente, con directivos bancarios y de la CEOE, simbolizando así de forma nítida el desequilibrio de su orientación política a favor de las fuerzas del privilegio económico. Ejemplar porque la consideración subalterna de los sindicatos – que no deben trascender la esfera económica-laboral, confinados en el espacio del ministerio de empleo, y cuyos acuerdos pueden ser revocados unilateralmente por la decisión del gobierno o por la decisión del empleador – se acompaña de su desaparición virtual en el discurso político de la reforma. Son sujetos sin valor político, puesto que las movilizaciones sociales de febrero se achacan al PSOE en exclusiva, como agitador social interesado en el desgaste del gobierno, y el presidente de este órgano – que en la crisis se configura como materialmente legislador en detrimento del Parlamento que registra a posteriori las decisiones normativas del ejecutivo - ni siquiera tiene en cuenta la convocatoria de una medida de presión colectiva fuerte como la huelga general al comentar la siempre repetida necesidad para España de una reforma laboral concebida como un fármaco curativo de los males del sistema.

Al desprecio del poder público por los sindicatos y su función representativa del interés general de los trabajadores, se suma la hipocresía culpable de la CEOE, que ha faltado a sus compromisos solemnemente rubricados en un pacto social, prefiriendo su desautorización inmediata por una norma estatal de la que seguramente sus dirigentes conocían sus líneas maestras de antemano. La firma de un importante Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que pretendía fijar las líneas generales de la respuesta contratada a la crisis, ha sido directamente contrariada por la norma de urgencia apenas quince días después, destrozando el diseño autónomo de regulación producto del diálogo social. El proceso de destrucción del AENC II solo ha sido posible gracias a la complicidad de la patronal, que ha preferido abortar el diseño de flexibilidad contratada del acuerdo junto con moderación salarial para obtener el reconocimiento de un principio de unilateralidad empresarial de las decisiones del empresario en detrimento de la procedimentalización negociada de las mismas con los sindicatos. La reforma ha alterado las estructuras normativas que estaban en la base del Acuerdo Interprofesional. Ha dinamitado la normalización de las relaciones de diálogo entre los interlocutores sociales, sobre la que se basa la institucionalización de estos sujetos, a partir del art. 7 de la Constitución. Y la opción estratégica de la CEOE ha avalado esta degradación del principio de autonomía colectiva y de pluralismo social de consecuencias imprevisibles en el futuro.

Con la convocatoria de la huelga, la ilegalidad del poder volverá a manifestarse en la utilización incorrecta y abusiva de las medidas de restricción de los derechos de huelga y de manifestación. Es previsible un uso autoritario de los decretos de servicios mínimos, como ya se ha visto en la huelga del 29 de febrero en Castilla La Mancha, donde la junta de comunidades ha previsto servicios mínimos extremadamente copiosos que vulneraban claramente las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y que, en consecuencia, han sido impugnados ante los tribunales de justicia. Pero también el empleo antidemocrático de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que previsiblemente intervendrán con dureza impidiendo acciones de extensión de la huelga y piquetes masivos, en la protección decidida del interés de empresa como elemento clave de la preservación del orden público. Ha habido ya ejemplos muy negativos sobre este asunto. No sólo la consideración de “enemigos” de los jóvenes manifestantes en Valencia, sino los hechos terribles denunciados por el secretario general de CC.OO. de Castilla La Mancha, respecto de solicitud de la identificación de los huelguistas por la Guardia Civil, o la grabación en video por la policía nacional de los manifestantes contra el plan de recorte de servicios públicos de la presidenta de la región.

La ilegalidad de la acción del poder público exige un refuerzo de la acción jurídica de defensa del sistema jurídico democrático, lo que pone en cuestión asimismo los tiempos de respuesta del aparato judicial y la sensibilidad democrática del mismo. La fragmentación temporal que lleva consigo el proceso contencioso-administrativo y la distancia de la decisión judicial de la adopción de la medida ilegal juega a favor del mantenimiento de estas actitudes ilegales y autoritarias contra los derechos de participación y de resistencia.

Manipulación informativa, ilegalidad de la acción de gobierno, complicidad culpable de los sujetos económicos. Importantes obstáculos a la expresión de un muy extendido rechazo a la desregulación de derechos laborales y a la desarticulación de la capacidad representativa y negociadora de los sindicatos. Pero el mejor antídoto contra estos venenos antidemocráticos es la afirmación directa de la protesta y de la presencia de los trabajadores y de los ciudadanos en las movilizaciones convocadas. La primera, en las manifestaciones del domingo 11 de marzo, y, desde luego, en la participación decidida en la jornada de huelga general del 29 de dicho mes. La potencia de lo colectivo se alimenta de la presencia activa de los ciudadanos y ciudadanas del país en el que viven y que quieren que se constituya en una democracia social avanzada, como promete la Constitución española, a la que están sometidos todos los poderes públicos y privados de la nación española.

DERECHO Y TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (UN NUEVO BLOG LABORALISTA)

2012-03-09T20:05:00.000+01:00

A la estela de bitácoras laboralistas ya en marcha, se une ahora una muy activa desde el Pais Vasco. Demos la bienvenida al blog que pone en marcha Mikel Urrutikoetxea, que ha abierto al público a comienzos de marzo de 2012.

Los tiempos son duros para el iuslaboralismo, y previsiblemente este hecho esté provocando, en los sectores más activos y sensibles de los jursitas del trabajo, la necesidad de una intervención más activa y directa sobre lo que se puede llamar "el curso de las cosas".

Desde esa perspectiva, el profesor de Derecho del trabajo de la Universidad del País Vasco, Mikel Urrutikoetxea, ha iniciado un blog con el título "Derecho y trabajo en tiempos de crisis", en el que analiza la realidad socio-laboral desde el prisma de la regulación jurídica.

Se trata de un blog bilingüe, en castellano y vasco, en una fórmula que han utilizado con éxito otros blogueros como Eduardo Rojo, y que puede encontrarse en esta dirección: http://lanzuzenbidea.blogspot.com/

En su último "post" se analiza, con fina ironía, las intervenciones de algunos sicofantes de la reforma laboral. Véase cómo lo aborda nuestro amigo:

El bloque de artículos analizado comprende los efectuados por Sagardoy junior, presidente del bufete especializado en derecho de Trabajo Sagardoy Abogados y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Dada la inusitada actividad que ha mantenido tras la aprobación del RD Ley 3/2012, jaleando la misma en los mas diversos medios, sus muchos los artículos en este sentido. Pueden citarse los siguientes:

(1) “La transición laboral”, El País, 23.02.2012

(2) “Una reforma profunda y decidida” El economista, 16.02.2012

(3) “La transición laboral” La Razón, 12.02.2012

Todos los artículos poseen un núcleo esencial común y una convergente posición favorable hacia la reforma, no en vano su artículo sobre la reforma necesaria en España en un medio tan significativo como la FAES (Sagardoy, I (2011):"Regeneración del empleo en España. Seis medidas urgentes para un cambio del mercado de trabajo en España", Cuadernos FAES, Nº. 30, 2011, págs. 91-104) bosqueja las líneas esenciales de las modificaciones efectuadas, convirtiéndole en unos de los padres espirituales de la misma

En todos los artículos se justifica la intervención normativa en la evitación del crecimiento y perpetuación del desempleo. Al actuar así se imputan a la regulación laboral consecuencias que se generan en otros ámbitos. El desempleo, tan grande como es, funciona como una perfecta excusa que oculta cualquier tipo de otras razones. De repente son sólo las relaciones entre los asalariados y los empresarios las que generan el desempleo, lo que en última instancia suponer atribuir a los trabajadores la culpa del desempleo, al leer a la contra la reforma que incrementa el poder de los empresarios. Esta intervención normativa ante un mercado que no funciona solo se aplica a lo laboral. Con mirar al de la vivienda, origen de la burbuja en la que seguimos inmersos, basta para comprobar que inacción es una opción ante el fracaso en otros mercados. Si no siempre cabe pedir por favor al banco que acepte la dación en pago. Uno de las diferencias evidentes con respeto a la legislación norteamericana en materia de hipotecas, reside que en la española el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros, posibilitándose que aun adjudicándose la banca la vivienda el deudor siga debiéndole más de la mitad del préstamo. Esta sobreprotección del prestamista puede ser una de las razones de la burbuja inmobiliaria y de su lento deshinche.Pero no preocuparse, aquí se entrará con cuidado, suave. con calma para romper la confianza.

Nos centramos en el tercero, por ser el primer publicado en el tiempo y porque contiene con claridad los ejes del pensamiento de este autor sobre la reforma. En él se afirma que más que una reforma la modificación efectuada por el PP supone un auténtico cambio de modelo de relaciones laborales, y aunque divergimos en la valoración, la suya positiva la nuestra no, sí que esta afirmación puede ser cierta; hemos pasado de un modelo negociado a un modelo príncipe, donde la voluntad empresarial empieza a convertirse en el elemento decisivo de la normatividad laboral. Por supuesto que esto es una huida al pasado vendida como modernidad. En los albores de la prehistoria del Derecho del Trabajo se pueden encontrar estas pautas presentadas ahora como innovadoras, de dominio empresarial absoluto, de la voluntad unilateral del emprersario como criterio normativo. Porque aquello no funcionaba, se origino el Derecho de Trabajo y el estado Social

En este artículo se destacan cuatro puntos positivos de la reforma. En primer lugar se enfatiza que la reforma fomenta la empleabilidad, palabra que no encierra otra cosa que la ductilidad hecha carne. Al fondo emerge la distopia patronal del obrero líquido, perfectamente maleable a cualquier situación y necesidad empresarial.

A esa capacidad de ser empleado y usado, coadyuvan el derecho a la formación, la intervención de las ETTS en la mediación laboral, verdadera privatización de la colocación laboral que él supone con mucho inocencia que ayudará a los jóvenes desempleados, y los diversos cambios efectuados favorables al poder empresarial en las distintas modificaciones y movilidades. Aun que el autor no lo cita en este artículo se puede incluir la desaparición de la categoría profesional, como un instrumento más que incrementa al capacidad de uso por parte del empresario. Aun cuando se bendiga siempre esos intereses empresariales, debemos ser conscientes que los intereses del trabajador pueden ser divergentes también aquí.

En segundo lugar, el autor pondera que la reforma busca una estabilidad en el empleo, de mayor calidad. Sagardoy junior se inserta aquí en el proceloso mar del doble pensar, de contradicción entre lo que se dice y el referente que se esconden esas palabras. Esa mayor estabilidad se encuentra, según él, en la reducción de los costes del despido, instrumento que permite rasurar a la baja la dicotomía laboral o en el contrato indefinido de las PYMEs que también facilitará la contratación de los jóvenes.

Seguidamente menciona como motivo positivo de la reforma la lucha contra el fraude y el absentismo. No deja de ser significativo que la reforma enfoque toda la lucha contra el fraude en los trabajadores y desempleados.

Además se podría presumir que el número de infractores y defraudadores no es superior en los trabajadores que en otros colectivos. De hecho si consideramos que la renta media de los empresarios es inferior a la de los trabajadores, hemos de suponer que el fraude es mayor en ese colectivo.

Y cierra este rosario de bondades la eliminación del control público en los expedientes de regulación de empleo, que es tildado de rémora por el autor, enfatizando así el carácter arcaico a sus ojos que posee el control público.

A nuestro juicio la imagen del trabajador que subyace a las modificaciones perpetradas por la reforma que se impulsa en los artículos de Sagardoy junior es ideológicamente deforme; objetos de uso empresarial (es lo que esconde la empleabilidad) y sujetos activos de fraude y absentismo. Es una visión desde arriba, desde otra clase social que mira al trabajador con desconfianza mientras le cosifica.

Me parece que está más que justificado el seguimiento y la frecuentación del blog de Urrutikoetxea, que incluiremos en el listado de blogs amigos.

LA REFORMA LABORAL CHOCA CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

2012-03-08T20:35:00.001+01:00

En el diario El Pais, se ha publicado hoy un artículo de Diego López Garrido y Ricardo Peralta en el que se señalan las claves principales de la oposición forntal de la reforma legal a la constitución. Su lectura es altamente recomendable por explicar el sentido general de la oposición al marco constitucional consagrado en la Constitución española, más allá de posibles impugnaciones al texto legal.

Cabe imaginar muchas formas de violación de la Constitución, pero las más intensas son las que se oponen a los principios constitucionales. El más relevante de ellos es la definición de España en el artículo 1º de la Constitución como un "Estado social y democrático de Derecho". Lo primero que define a España es, pues, ser un Estado social.

Los derechos que, con más fuerza y determinación, configuran el Estado social son aquellos que presiden las relaciones entre empresarios y trabajadores. La Constitución —y el Tribunal Constitucional— han erigido una protección muy poderosa de las relaciones laborales en torno a los tres derechos capitales:

—El derecho al trabajo (artículo 35)

—El derecho a la negociación colectiva (artículo 37)

—El derecho a la libertad sindical (artículo 28)

Pues bien, la reforma laboral aprobada por el Gobierno a través de decreto-ley rompe los tres derechos. Lo hace agresivamente, como diría De Guindos. La reforma laboral de Rajoy es una confrontación directa con el Estado social.

No pretendemos aquí debatir si es o no una reforma económicamente viable —que no puede serlo al querer combatir el paro facilitando el despido—. Estamos enfatizando ahora un aspecto insoslayable: es una decisión inconstitucional, por todos los costados. Y el Gobierno no se ha molestado en disimularlo. Veámoslo.

1.- El contrato “por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”: el despido sin causa y sin indemnización

Es difícil pensar en una norma más cínica: un contrato que se autotitula "indefinido" y que se caracteriza por poder ser extinguido a voluntad libérrima del empresario durante el primer año (período llamado "de prueba" para tapar sus vergüenzas). Se trata de un contrato aplicable al 98% de las empresas españolas, que tiene por objeto instaurar en España el despido libre, sin causa y sin indemnización, para toda circunstancia y con cualquier contenido. Una aberración pensada para encadenar estos contratos fraudulentamente y para sustituir a los existentes hoy.

Este contrato es constitucionalmente imposible en nuestro país. El Tribunal Constitucional lo ha dicho desde siempre (sentencia 22/81 y muchas otras). No cabe despido sin causa. Es improcedente. Y como lo es, hasta ahora la legislación obligaba al empresario a indemnizar si despedía sin causa alguna. El Gobierno pretende acabar con ello, rompiendo así el artículo 35 de la Constitución, que proclama el derecho al trabajo.

El contrato "de apoyo a los emprendedores" es una mala copia del que Sarkozy creó –efímeramente- en Francia en 2005 (Ley 846, de 26 de julio), y que llamó de nouvelles embauches (nuevos empleos). Tal contrato de nouvelles embauches fue considerado lógicamente abusivo por la jurisprudencia de los tribunales franceses, y mereció una recomendación en contra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es perfectamente trasladable al nuevo contrato español.

La ley francesa de 28 de julio de 2008 derogó tales contratos abusivos, con una mayoría de derechas. Aquí, nuestra mayoría de derechas va a respaldar una figura contractual muy parecida, aún más dura, de cuya inconstitucionalidad ni siquiera el Gobierno puede dudar.

2.- La ruptura del derecho a la negociación colectiva y la violación de la libertad sindical.

Si hay un derecho troncal en el Estado social y en el propio derecho del trabajo moderno, garantizado por la Constitución, es el de negociación colectiva. Significa el paso desde la autoridad unilateral y omnímoda del empleador sobre el trabajador, a unas relaciones laborales basadas en el equilibrio entre sindicatos y organizaciones empresariales.

El decreto-ley del Gobierno de Rajoy lesiona frontalmente el derecho a la negociación colectiva y lo hace en un sentido exactamente contrario a la profusa y dilatada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre un derecho que está en el corazón de todo sistema democrático. Que, además, está recogido con especial visibilidad en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 28), jurídicamente vinculante para cada país de la Unión.

Sin perjuicio de otras medidas que menoscaban los acuerdos adoptados por empresarios y trabajadores, la contradicción con la Constitución llega a su punto culminante cuando el decreto-ley dice —sin cortarse un pelo— que, cuando concurran causas "económicas, técnicas, organizativas o productivas", la dirección de la empresa puede obviar el convenio colectivo firmado y no aplicar las condiciones de trabajo previstas en el mismo, incluyendo la cuantía salarial. Y si hay desacuerdo, el empresario podrá someter la solución a un órgano administrativo, una Comisión Consultiva, que decidirá sin necesitar la aprobación de los trabajadores y sus representantes sindicales. Esta fórmula ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (sentencia 8/81) por ser incompatible con el derecho a la negociación colectiva.

La negociación colectiva sufre, además, un verdadero desarme y desnaturalización cuando el decreto-ley le concede al convenio de empresa —donde es más débil la posición del trabajador— la prioridad de aplicación, sobre cualquier convenio de ámbito territorial superior. El convenio de empresa usurpa así absurdamente el papel de regulador de las relaciones laborales, de forma sobrevenida, sin control judicial posible, dejando desamparado al trabajador de la pequeña y mediana empresa, al separarlo del sindicato de nivel regional o nacional. Es un ataque en toda regla contra la negociación colectiva y contra los sujetos de la misma por excelencia, los sindicatos, que, junto a las organizaciones empresariales, son los legitimados para ejercer tal derecho según la Constitución (artículos 7 y 28), y que no menciona a ningún otro sujeto.

El decreto-ley ignora la naturaleza constitucional del convenio colectivo, que es el instrumento esencial para la ordenación de las relaciones de trabajo. Tengamos en cuenta que la fuerza del convenio colectivo proviene, no de la ley o del decreto-ley, sino directamente de la propia Constitución, como tiene repetidamente dicho el Tribunal Constitucional. Algo que el Gobierno sencillamente desprecia al terminar aceptando la aspiración eterna de las organizaciones empresariales: la anulación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Lo que el decreto-ley de reforma laboral de Rajoy ha hecho no es solo, como hemos visto, vulnerar el derecho a la negociación colectiva, sino, a la vez, y por ello, vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. La negociación colectiva forma parte del "contenido esencial" de la libertad sindical. Es el medio necesario para su ejercicio. La negociación colectiva forma parte del "núcleo mínimo indisponible" de la libertad sindical, sin la cual este derecho no sería reconocible.

El Tribunal Constitucional, en innumerables ocasiones, ha insistido en que la negación u obstaculización a un sindicato de la negociación colectiva —como hace el decreto-ley— constituye, al tiempo, una violación de la libertad sindical, al suponer tal denegación, en la práctica, quitarle su función básica.

En resumen, el decreto-ley de reforma laboral produce una verdadera revolución de las posiciones de poder en las relaciones laborales, que desemboca en un "derecho laboral de empresario", abandonando el modelo constitucional basado en el consensualismo y el equilibrio en las relaciones de trabajo.

El Gobierno sabe que su modelo de relaciones laborales no tiene cabida en la Constitución Española. En otras, quizá. En la española, no. Sabe también que el decreto-ley no puede ser utilizado si afecta directamente a los derechos y libertades de los ciudadanos; y que no hay "extraordinaria y urgente necesidad" (artículo 86 de la Constitución) en facilitar aún más el despido, en conceder al empresario todo el control de las relaciones laborales, ni en alejar a los sindicatos de la negociación colectiva.

El decreto-ley vulnera los convenios internacionales firmados por España sobre derechos humanos (en el seno del Consejo de Europa, de la OIT, de la Unión Europea), que son de aplicación directa en nuestro derecho, como ordena el artículo 10 de la Constitución. Tales convenios protegen el derecho al trabajo, a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Todo esto lo sabe el Gobierno que, viéndose impotente frente al desempleo (112.000 parados más en febrero) ha decidido no gobernar y delegar la regulación del ámbito laboral en los empresarios, dándoles mucho más de lo que pedían.

A los trabajadores les queda la utilización responsable de los medios democráticos, especialmente reforzando a los sindicatos progresistas, para oponerse a este disparate político, económico y social. Y estamos seguros de que ni la Constitución ni el Tribunal Constitucional les dejarán desamparados, como ya ocurrió con el malhadado decretazo del anterior Gobierno popular de Aznar.

Diego López Garrido es diputado socialista y Ricardo Peralta es abogado laboralista

LAS MOVILIZACIONES DE MARZO

2012-03-08T01:07:00.003+01:00

El rumbo de las reformas que en Europa se están desplegando con el indisimulado objetivo de limitar seriamente el alcance del Estado Social – recordemos que el banquero Draghi llegó a afirmar hace dos semanas que “el modelo social europeo ha muerto” – está generando reacciones y resistencias no sólo en España, sino en toda Europa. Una canción brasileña habla de las "aguas de marzo" como un torrente que se lleva lo viejo y lo inconveniente. Este marzo es un mes de resistencia.

Es importante resaltar que se trata de movilizaciones muy grandes, con una gran participación ciudadana, en las que, de forma aleatoria, se reivindican escenarios de lo social y de lo laboral directamente relacionados con el respeto a la democracia social. Esa variedad impide no obstante distinguir el hilo conductor común y la convergencia real en un proyecto alternativo que se confronta seriamente con el que ponen en marcha los poderes económicos y políticos europeos y que se asienta sobre la desregulación, la antisindicalidad y la excepcionalidad social.

Hoy mismo, 7 de marzo, en Gran Bretaña, ha habido una importante huelga y manifestación maratoniana en la que se han ido desgranando cientos de intervenciones a favor del emblemático Sistema Nacional de Salud británico. Un proyecto de ley conservador-liberal pretende su privatización y descentralización, junto con el despido de 22.000 empleados. El rally “para salvar nuestro NHS” ha hecho desfilar por las calles a médicos, enfermeros, celadores y demás trabajadores de la salud, reivindicando el carácter central y básico de esta institución como forma precisa de garantizar eficazmente la salud y la vida de los ciudadanos británicos. El tema de la sanidad no nos es en absoluto desconocido en España, en especial a partir de la política de recortes que ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya. Hace muy poco se conocía – en una noticia secundaria – que los recortes habían dejado sin quirófanos al Hospital de Belvitge en Barcelona, teniendo que suspender más de 20 operaciones graves a enfermos con tumores malignos. El recorte del 12% del presupuesto de sanidad se revela como un acto de riesgo evidente para la vida de las personas. ¿Alguien podría imaginarse cuál sería la reacción mediática si los quirófanos se hubieran detenido por una huelga del personal? Los trabajadores hacen la huelga protegiendo el derecho a la salud y a la vida de los pacientes, el Estado autonómico impone los recortes creando el riesgo y la desprotección de los ciudadanos.

Mañana es el día de la mujer trabajadora, con actos y manifestaciones en todas partes, que estarán cargados de un contenido reivindicativo importante. En España, se ha dicho con razón que la reforma laboral, que va a ser convalidada el 8 de marzo en el Congreso, “tiene contenidos discriminatorios para la mujer y rompe con las medidas de promoción de la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres". La fecha elegida para la convalidación es ofensiva para la sensibilidad de las trabajadoras de este país. Además permite interrogarse sobre el carácter de “urgente necesidad” de una norma que trata de forma tan negativa el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, el contrato a tiempo parcial con horas suplementarias, la reducción de la elección libre del tiempo de trabajo y su ordenación compatibilizándola con el tiempo de vida.

El viernes 9 de marzo, en Italia está convocada por la combativa Federación Metalúrgica de la CGIL, la FIOM, una huelga en el metal a nivel nacional y una gran manifestación. Además de rechazar el trabajo precario y el aumento del desempleo, la huelga tiene como objetivo la respuesta al autoritarismo patronal, en especial de la FIAT, que quiere prescindir de los sindicatos que no sean “amigos”, y no reconoce la presencia ni el poder contractual de la FIOM al no haber firmado el convenio colectivo de empresa que no sólo rompe el convenio de sector, sino que impone renuncias definitivas de derechos fundamentales a los trabajadores a cambio de no deslocalizar la producción de la fábrica. Además de ello, el Gobierno del “técnico” Monti y la patronal italiana se obstinan en derogar el art. 18 del Estatuto de los trabajadores italiano, que sanciona la readmisión forzosa del despido que el juez declare ilegítimo (improcedente para nosotros). También en Italia la lucha contra la demolición de las garantías del derecho al trabajo es un elemento decisivo en la configuración de la resistencia de los trabajadores.

Y, en fin, en España, están convocadas importantes manifestaciones contra la reforma laboral convalidada el domingo 11 de marzo. La respuesta tan grande que tuvieron las convocadas para el 19 de febrero ha hecho que los medios de comunicación redoblen su presión amenazante sobre los sindicatos y procuren la descalificación de la presión en la calle. Pero el domingo las calles estarán a reventar de gente. Esa presencia resistente no puede ser negada – verosímilmente, al margen de los editoriales y opiniones que desvalorizarán con la brutalidad característica el ejercicio por cientos de miles de ciudadanos de su derecho democrático a manifestarse. Pero seguiremos el tema en próximas intervenciones.

NEGACIONES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA REFORMA LABORAL. UN ARTÍCULO DE AMPARO MERINO

2012-03-06T13:36:00.000+01:00

La reforma laboral incide de forma muy negativa sobre la negociación colectiva, creando un modelo legal confrontado a la autonomía colectiva y a la estructura convencional española creada durante la etapa democrática. Sobre este tema la profesora de la UCLM en Cuenca, Amparo Merino, ha publicado un artículo en el diario digital Nueva Tribuna que se publica en este blog en rigurosa exclusiva. Las fotos que la acompañan corresponden al book del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Parapanda's Law School.

Conviene recordar que hace algunos años, en 2001, hubo un intento del Gobierno presidido por José María Aznar, de modificar a golpe de ley el sistema de negociación colectiva. En aquel entonces las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del país lograron neutralizar, con su oposición frontal, tal determinación, culminando un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que resituaba a la negociación colectiva en el espacio que le corresponde ocupar y del que no debe salir: el propio de la autonomía colectiva.

Once años después las cosas han cambiado. El 25 de enero de 2012 los interlocutores sociales firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 y solo unos días más tarde, el 10 de febrero, el Gobierno de Mariano Rajoy lo ha dejado sin efecto, con una reforma del mercado laboral que, aplaudida por la patronal, se ejecuta de forma inmediata a través del Real Decreto-Ley 3/2012, cuya dudosa urgencia y necesidad se justifican a partir de expectativas que el propio Gobierno ni siquiera se atreve a concretar en el medio o largo plazo. Con esta reforma las instituciones que sustentan el derecho del trabajo han quedado seriamente dañadas; también la negociación colectiva puesto que la norma choca frontalmente con lo previamente acordado por los interlocutores sociales en el AENC 2012-2014.

Con la reforma de 2012, esa ley, que, según dicta el art. 37.1 de la Constitución española, debe garantizar –promocionar – la negociación colectiva, y que no es otra que el Estatuto de los Trabajadores, ha optado por arruinar la eficacia de la negociación colectiva sectorial que, recordemos, da cobertura a la mayoría de los trabajadores del país. La técnica empleada es doble, ‘impuesta’ a través de instrumentos de flexibilidad interna ordinaria y extraordinaria.

En efecto, la flexibilidad interna ordinaria se canaliza mediante un complejo mecanismo de concurrencias y prioridades aplicativas entre convenios, que la reforma de 2012 resuelve de manera ineluctable a favor del convenio colectivo de empresa –también de grupo de empresas y empresas en red-, en materias tan esenciales como son la jornada –su distribución-, el salario –su estructura y su valor- o la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras. Esta prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, es formulada en la norma reformadora en términos absolutos, sin posibilidad de que los acuerdos interprofesionales, convenios y acuerdos sectoriales de ámbito estatal o de comunidad autónoma, en la ordenación que establezcan de la negociación colectiva, puedan sustraer al convenio de empresa alguno o algunos de los contenidos que le han sido asignados con carácter preferente. Sí podrán, en cambio, ensanchar el catálogo de materias aptas para su negociación en el ámbito de empresa. Esto significa dotar de mayor poder contractual a la dirección de la empresa en la ordenación de las condiciones de trabajo y avalar situaciones de desprotección jurídica en aquellas unidades productivas donde el sindicato está escasamente implantado o tiene más dificultades para ello -la pyme, es decir, más del 95 por ciento de las empresas del país-.

El monopolio que la reforma de 2012 atribuye a la empresa, sin control por parte de la negociación sectorial, supondrá con toda seguridad una regulación a la baja y, por tanto, la degradación de las condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores y trabajadoras en cada empresa. Porque la opción legislativa descentraliza la negociación colectiva, sin límites temporales. El convenio de empresa es soberano en este complejo entramado, sin importar al legislador las circunstancias concretas de cada empresa, si ésta se halla o no en situación de normalidad productiva. El enaltecimiento de la empresa, ya reiteradamente anunciado en el 2011 por el Partido Popular en su programa electoral, se impone frente a la coherencia y racionalidad que defienden los actores sociales en el AENC 2012-2014, partidarios de una estructura de la negociación colectiva centralizada y articulada, plenamente compatible con la implantación en la empresa de mecanismos negociados de flexibilidad interna ordinaria.

Pero la reforma de la negociación colectiva no concluye aquí. La flexibilidad interna ordinaria viene acompañada de instrumentos de flexibilidad interna extraordinaria que, aun diseñados aparentemente para circunstancias excepcionales y acotados temporalmente, ponen en manos de las empresas la regulación de la práctica totalidad de las condiciones de trabajo. La empresa puede hoy inaplicar el convenio sectorial, pero también el de empresa, bastando la alegación de una causa económica, técnica, organizativa o productiva, legislativamente definida en términos tan laxos que en la práctica supondrá la descausalización del descuelgue. Es más, las razones que fundamentan la inaplicación del convenio sectorial o de empresa, la reforma de 2012 las equipara a las que justifican el despido económico, objetivo o colectivo –este último, recordemos hoy sin autorización administrativa-, de forma tal que la empresa podrá optar, ya por el descuelgue -con regulación a la baja, naturalmente-, ya por la extinción indemnizada de los contratos de trabajo.

La inaplicación del convenio en las materias tasadas por la ley, entre otras, la distribución del tiempo de trabajo y su cuantificación, estructura retributiva e importes salariales, movilidad funcional más allá del grupo profesional o mejoras voluntarias de la seguridad social, requiere en principio de un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, que, no olvidemos, presupone la concurrencia de causa; una razón más para sostener la descausalización del descuelgue, y su operatividad no solo en épocas de crisis, sino también en períodos de normalidad empresarial. Ahora bien, sin acuerdo, la inaplicación del convenio también es factible, porque la empresa dispone de nuevas herramientas que le ofrece el legislador para desentenderse de la negociación sectorial. En efecto, si las partes no se hubieran sometido a los procedimientos de solución de conflictos que prevé el Estatuto de los Trabajadores, o éstos no hubieran solucionado las discrepancias, aun queda abierta una nueva vía que, con seguridad, será la que más interese a la posición empresarial: el recurso a un arbitraje obligatorio canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos –u órganos correspondientes de las comunidades autónomas-; órgano tripartito, donde la presencia de la administración y la patronal, a buen seguro, garantizará 2 a 1 el éxito de la decisión empresarial. Sobre este mecanismo planean dudas muy razonables de inconstitucionalidad.

Por otra parte, la ultraactividad del convenio, que garantiza a los trabajadores la cobertura convencional durante los procesos de negociación colectiva, también ha sido sometida a limitaciones con la reforma de 2012. En esta ocasión, el RD-Ley 3/2012, renunciando a imponer plazos de negociación, anuncia la extinción del convenio transcurridos dos años desde la denuncia sin que las partes hayan alcanzado uno nuevo. Aunque se admite acuerdo en contrario, de forma tal que la inclusión en el convenio afectado de una cláusula que expresamente declare su ultraactividad será suficiente para evitar su desaparición, transcurridos los dos años preceptivos. Será por tanto éste un tema que se añada a la negociación con éxito incierto. Porque si no se mantiene la ultraactividad, a partir de ese momento –los 2 años que estipula la ley-, el convenio dejará de estar en vigor y deberá aplicarse, de existir, el convenio negociado en una unidad superior -¿cuál de ellos si conviven más de uno?-, posiblemente un convenio marco que actúe con carácter de mínimo. Y lo que es peor, si no hay convenio aplicable de ámbito superior se producirá un vacío de regulación con afectación inmediata de los derechos de los trabajadores y trabajadoras involucrados. En estas circunstancias, si no apelamos por una interpretación garantista del precepto legal que asegure la cobertura colectiva hasta la entrada en vigor de un nuevo convenio, las condiciones de trabajo quedarán sometidas a los mínimos legales y, en su defecto, a la decisión empresarial.

Esta es la reforma de la negociación colectiva que ha impuesto el Gobierno con la complicidad activa de la CEOE y que muy poco tiene que ver con la crisis por la que atraviesa el país y con los instrumentos idóneos para salir de ella. Debemos reflexionar y preguntarnos si el Ejecutivo, en la función que se ha arrogado como legislador de urgencia, se ha excedido en sus atribuciones, si ha ido más allá de lo que el art. 37.1 de la Constitución española le permite. Porque, ¿se respeta la autonomía colectiva de los negociadores cuando desde la ley se impone la empresa como unidad preferente de regulación de condiciones de trabajo?, ¿ha quedado entonces en papel mojado la previsión del art. 82 del Estatuto de los Trabajadores, que expresamente declara que los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes “acuerden”?, ¿puede la representación de los trabajadores negarse a negociar un convenio colectivo de empresa que actúe al margen de la negociación colectiva sectorial, alegando causa convencional o la necesidad de un acuerdo para concretar la unidad de negociación?, ¿es factible el establecimiento de mecanismos negociados sectorialmente que den mayores garantías a los trabajadores y trabajadoras afectados por el descuelgue en la empresa? Los interrogantes son muchos, también las incertidumbres. Sea como fuere, lo cierto es que en un escenario tan adverso para la negociación colectiva urge diseñar estrategias orientadas todas ellas a garantizar una mayor presencia del sindicato en la empresa. Sin la intervención sindical la individualización de las condiciones laborales estará asegurada en el corto plazo y la dignidad en el trabajo, hoy un objetivo a conseguir, será mera retórica.

EL DERECHO DE HUELGA Y SUS REFERENCIAS NACIONALES EN EUROPA Y EN ESPAÑA.

2012-03-05T00:42:00.000+01:00

La reunión de Berlín se celebró en una escuela sindical del sindicato de servicios Ver.di en Wansee, al lado de un lago, donde tenían numerosos palacios y casas la gran burguesía del Reinch y posteriormente los jerarcas nazis. En uno de ellos, muy cerca de la residencia sindical, se celebró la terrible "Conferencia de Wandee" donde se ideó, en 1942, la solución final para los judios mediante la aplicación de los métodos de producción fabril en masa al exterminio de las personas. Un pasado para no olvidarlo nunca. Justo lo contrario de quienes en nuestro país, insisten en borrar la memoria del régimen criminal de masa en que consistió el franquismo. A continuación, se insertan algunas reflexiones sobre el tratamiento jurídico de la huelga en algunos países europeos y en España, en medio de la ofensiva anti-social que encubren las medidas adoptadas por los gobiernos como el nuestro para hacer frente a la crisis. En este panorama, se utiliza la ley como arma anti-huelga y están apareciendo siniestras prácticas amenazantes de la dictadura. La reacción frente a estos actos antidemocráticos debe ser inmediata.

Aunque la sesión de trabajo que había organizado la Red “Abogados europeos para los trabajadores” era sobre el derecho de huelga en Europa, más allá de la crítica generalizada al proyecto de Reglamento “Monti II”, las intervenciones se sucedían sobre la situación de cada uno de los países del derecho de huelga, sin una “matriz” que explicara el marco regulador ni sus evoluciones en el tiempo de la crisis. Era sin embargo interesante el énfasis puesto en la capacidad propositiva y alternativa de la acción jurídica ante los tribunales, como forma de ampliar el ámbito de protección o el espacio de legalidad de la huelga o de otras formas adhesivas del conflicto. En este último punto, convenía reparar en la importancia que en todos los sistemas jurídicos analizados – pero en especial en Bélgica o en Gran Bretaña – tiene la aceptación del piquete pacífico – o “razonable” en la terminología de los tribunales alemanes. Los intentos por extender la protección legal frente al piquete se estrellan en ocasiones frente a unos tribunales que rechazan el valor político de la huelga y que sitúan la “abstención de trabajar” en un espacio valorativamente neutro en el que intervienen con mucha más efectividad viejos principios anclados en la consideración inmutable de las relaciones de poder en los lugares de trabajo: La organización de la empresa, su libertad irrestricta de prestación de servicios y de generación de mercancías, e incluso un anacrónico derecho de propiedad.

Es una tendencia ya antigua de la interpretación de los tribunales de justicia, que siguen fijados a los estereotipos de la huelga – libertad encuadrada en la lógica contractual como una causa de suspensión de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo, pero privada de cualquier inserción política como derecho de participación y de dinamización del compromiso del estado social en la eliminación progresiva de la desigualdad material en las relaciones sociales y económicas.

Son más interesantes los esfuerzos que llevan a cabo algunos sindicatos alemanes, en especial Ver.di, que era la organización que hospedaba el encuentro, por introducir en el espacio de la legalidad las distintas acciones de solidaridad – no sólo directa – de huelga y la incorporación a la dinámica del conflicto de otros actos de extensión de la presión más allá de la relación salarial, como sucede con los flash mob que inciden sobre el comercio y la compra de mercancías en grandes superficies. Éstas medidas son formas de presión que acompañan la huelga y que compensan las decisiones del empresario que, reorganizando la producción, debilita la eficacia de la huelga. Es una apertura a formas de acción que tienen su origen en un conflicto laboral, pero que trascienden la acción sobre la esfera de la producción y utilizan medidas de presión sobre la distribución de las mercancías y servicios que produce la empresa.

Pese a que era la pregunta que abría el debate del seminario, no es seguro el cambio en las reglas sobre la huelga en medio de la crisis en Europa. O al menos no se localiza en modificaciones legislativas. Si posiblemente en actitudes y prácticas más agresivas contra los sindicatos y trabajadores que ejercitan este derecho. Han existido ciertamente casos en los que se ha incidido en reglas nuevas sobre la huelga en los servicios públicos del transporte, o de las obligaciones a mantener durante la huelga en el sector de la enseñanza, en Francia, o en el cambio de la Comisión de Garantías que se ha producido en Italia. Pero el tono general de la regulación legal y, sobre todo, jurisprudencial, permanece relativamente invariado en la crisis, aunque con variaciones y desplazamientos muy precavidos y “clásicos” sobre los contornos del derecho. Por el contrario, donde las cosas han cambiado, y mucho, es en la conformación de aspectos centrales de las relaciones laborales en torno a la negociación colectiva y en cuanto a una cada vez más creciente hostilidad hacia los sindicatos y el poder contractual de los mismos. La tendencia a la ruptura y debilitación de la estructuración prioritaria en torno al convenio colectivo sectorial a partir de la inaplicación de aspectos del mismo o mediante el establecimiento de la prioridad plena del convenio de empresa (España o Italia, pero también Portugal y Grecia), se acompaña de la emanación de normas que buscan apartar a los sindicatos “incómodos”(Italia), o que pretenden enfrentar las estructuras representativas electivas con las sindicales (España), cuando no desmontar toda la arquitectura de un sistema basado en la autonomía colectiva (Grecia).

La huelga no es reformada en este período de “demolición” del sujeto sindical con autonomía y capacidad de formular reglas y normas vinculantes sobre el trabajo porque se tiene la seguridad por parte de los detentadores del poder económico, que no va a incidir excesivamente en la producción de bienes y de servicios y que fundamentalmente se derivará hacia el sector público, en donde por lo demás la huelga padece mayores restricciones. La expresión del conflicto se prevé volcada sobre la crítica política de gobierno, y no sobre la acción económica de las empresas, que goza del favor normativo y de una cierta inmunidad social derivada de su condición de preponderancia social como únicas unidades capaces de crear riqueza y empleo. Por último, la viscosidad mediática que opone la huelga de los trabajadores al paro de los desocupados como el resultado de estas acciones, y la alta tasa de destrucción de empleo, funcionan como elementos desmovilizadores que apaciguan la posible preocupación por el crecimiento del conflicto social en la crisis económica y anti social permanente.

En lo que se refiere a España, resulta una excepción que la CEOE haya pedido al poder público una reforma legal que regule un modelo de huelga caracterizado por imponer todas las trabas posibles a su ejercicio. Las urgencias de los acreedores europeos no exigen reformas en este terreno, por lo que es posible que la propuesta de la patronal no sea inmediatamente atendida con la prontitud con la que se ha hecho la reforma laboral del RDL 3/2012. Pero lo que ya sabemos es que los procesos de movilización que se están poniendo en marcha son muy amplios y en ellos participan cada vez más gente, lo que está dando pie a una reacción contraria muy virulenta tanto en los medios de comunicación como en las declaraciones de los dirigentes políticos. Pero también y de manera muy sintomática, en la utilización de los instrumentos de los que dispone el poder público para garantizar un equilibrio ponderado del ejercicio de derechos fundamentales – los servicios mínimos – como un instrumento anti-huelga, concebido como forma de privación forzosa del derecho de huelga a la práctica totalidad de los trabajadores o empleados públicos convocados a la huelga. En la reciente huelga en el sector público en Castilla La Mancha, muchos servicios mínimos fueron calculados al 110% del tamaño de la plantilla. Y, lo que es aún peor, se han empleado a las fuerzas y cuerpos de seguridad en funciones directamente represivas contra los huelguistas que recuerdan los años de la dictadura.

En efecto, como ha denunciado el secretario general de CC.OO. de Castilla La Mancha en una carta dirigida al delegado de gobierno, en la mañana de la huelga del 29 de febrero, varias parejas de la Guardia Civil se personaron en varios institutos de la zona de Torrijos exigiendo a los directores los nombres de los huelguistas. Y miembros de la Policía Nacional tuvieron que ser expulsados de las terrazas de un municipio por grabar a los manifestantes que se concentraban en protesta contra las medidas de recorte de la presidenta Cospedal. Una actuación, como señala José Luis Gil, “desmedida e ilegal, que no se corresponde ni con el tiempo democrático ni con las funciones que tienen encomendadas las fuerzas y cuerpos de seguridad”, y que tiene que esclarecerse para que no se proceda a “intimidar para impedir que ahora o en el futuro se atiendan convocatorias de huelga o de otras expresiones del conflicto social”.

Por lo tanto, el peligro es el de la utilización ilegal de los medios de los que dispone el poder público. La denuncia de esta retorsión antidemocrática deberá ser imprescindible en el curso de los procesos de movilización que se abren ante nosotros y todos los ciudadanos europeos. Marzo será un mes muy crítico en este sentido. Pero ya hablaremos de eso más adelante.

EL DERECHO DE HUELGA EN EUROPA DEBE SER GARANTIZADO

2012-03-04T01:31:00.001+01:00

Los días 2 y 3 de marzo 2012, en la Escuela de Formación del sindicato Ver.di, de la DGB, en Wansee (Berlín), se ha celebrado un seminario organizado por la red "Abogados Europeos para los Trabajadores" (European Lawyers for workers), que tenía por objeto analizar dos temas de importancia en Europa: de un lado, la situación del derecho de huelga, ante la inminente consideración de un proyecto de Reglamento comunitario que pretende regular en el nivel europeo el derecho de huelga. En segundo término, la situación de los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores en la empresa, con especial hincapié en los Comités de empresa europeos. a la conferencia han asistido, por parte italiana, los amigos Antonio Loffredo y Giovanni Orlandini. Por España, Antonio Baylos. En el curso de las sesiones del smeinario, se ha votado el siguiente texto de denuncia del intento de regular el derecho de huelga en un contexto además de exacerbación de los diferenciales nacionales en materia salarial y de condiciones de trabajo.

Los días 2 y 3 de marzo de 2012, los abogados europeos que defienden los derechos de los trabajadores, se han reunido en Berlín para una conferencia sobre los derechos laborales y han adoptado la siguiente declaración, exigiendo la retirada inmediata del proyecto de reglamento denominado Monti II, que será examinado por la comisión el 14 de marzo 2012.

El objetivo de esta conferencia es expresar su completa solidaridad con los trabajadores europeos (en especial los de Grecia, España, Irlanda y Portugal) que padecen las medidas extremas que les han sido impuestas por sus gobiernos y por la Unión Europea, o a petición propia. Estas medidas se declaran necesarias para superar la crisis financiera y económica en cada país respectivo. En realidad, la crisis es una crisis mundial del capitalismo provocada por la inagotable búsqueda del beneficio. Se ha convertido de ahora en adelante en un argumento para abolir los elementos esenciales del derecho del trabajo, cuidadosamente logrados a través de decenios. El objetivo es evidente en sí mismo considerado: tomar más fácilmente a los trabajadores de rehenes para que éstos sean quienes paguen el coste de la crisis financiera. Las negociaciones colectivas son ignoradas y despreciadas. Los acuerdos colectivos son desmantelados, incluso por los gobiernos. Los despidos masivos son facilitados y las indemnizaciones son reducidas. Los sindicatos se ven privados de su poder de defensa de los intereses de los trabajadores.

Más allá del ataque europeo sin precedentes contra los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores, la Comisión Europea somete al mismo tiempo a los derechos fundamentales a una erosión importante en función de las medidas que se han descrito. Pero hay medidas que aún se desconocen y ya están en marcha. Nos referimos al proyecto de reglamento Monti II de la Comisión.

En principio concebida como una respuesta normativa a las muy criticadas decisiones del Tribunal de Justicia en los asuntos Viking y Laval, que subordinan los derechos humanos fundamentales a la libertad de empresa para explotar las diferencias del coste de trabajo en los distintos países, al final, el proyecto de Reglamento Monti II viene a insertar en el conjunto normativo de la Unión Europea todos los principios que enunciaban las sentencias Viking y Laval. El art. 2 (1) del proyecto de Reglamento establece que un derecho humano fundamental no tiene primacía sobre una libertad económica. No es necesario afirmar que se trata de una subversión clara de los derechos humanos. Sugiere que el derecho a la vida no es más importante que la libertad de empresa, que permite exponer a los trabajadores a riesgos de salud y seguridad como forma de incrementar el beneficio empresarial. El principio de “equivalencia” entre derechos humanos y libertades de empresa es claramente contrario al derecho internacional. En lo que se refiere al derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga (al que el Reglamento Monti II ataca especialmente), el texto está en total contradicción con la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de los Derechos Humanos, ignora los convenios de la OIT y los preceptos de la Carta Social Europea. En su aplicación concreta, el proyecto de Reglamento llevará a la consideración prioritaria de las libertades económicas y favorecerá a intervención restrictiva de los jueces en las acciones colectivas, reduciendo la autonomía de los sindicatos.

Comunicado elaborado por la Red Europea de “Abogados para los Trabajadores”, que sostienen organizaciones y personalidades de Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Italia y España.

EL OBJETIVO NO ES LA CRISIS, SINO EL MODELO SOCIAL EUROPEO

2012-03-02T00:12:00.002+01:00

En una reunión extraordinaria convocada por el Grupo de los Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo para examinar los casos nacionales más relevantes en Europa de imposición de políticas de rigor" o de "austeridad" como forma de salida de la crisis, se ha podido comprobar la homogeneidad de estas políticas con independencia de las peculiares situaciones de cada uno de los países enfocados y sus objetivos comunes. Todos estos paises, con matices, han visto directamente afectado y en ocasiones prácticamente imposibilitado el modelo de estado social que se habían dado democráticamente.

Los países examinados fueron en primer lugar Grecia, para luego analizar la península ibérica, Portugal y España, seguir con Irlanda e Italia y por fin terminar con Bélgica. El laboratorio de los cambios más avanzado es desde luego Grecia, pero la descripción de los restantes ordenamientos seguía las mismas pautas, diferenciándose fundamentalmente en razón de las respuestas sindicales y la protesta social articulada a partir de éstas. La crisis de la izquierda política hace que los márgenes de resistencia se fijen ante todo en los sindicatos como elementos polarizadores del disenso social, y que sean éstos los que organicen solidaridades activas de otros sectores no directamente ligados a las organizaciones obreras pero que convergen con sus planteamientos de defensa de la ciudadanía social.

-Pero, más allá de los distintos supuestos examinados en la reunion extraordinaria del CESE - y del tratamiento de los mismos, en alguno de los casos, como en el de Italia y en cierta medida en Irlanda, desde una perspectiva exclusivamente economicista - lo que se desprendía de los procesos descritos era un cambio de perspectiva respecto de la que las normas dicen seguir. Las políticas anti-crisis puestas en práctica en la periferia de Europa tienen como objetivo no la salida de la situación de inestabilidad, puesto que se conoce ya que la política de austeridad conduce a escenarios de recesión económica y de agravamiento por tanto de la crisis en estos países asediados, sino un objetivo mucho más neto: el progresivo desmoronamiento de las estructuras básicas del Estado social y, en especial, la eliminación del poder contractual del sindicato. Esta cuestión fué puesta de manifiesto por la propia Secgetaria General de la CES, Bernadette Ségol, para lo que acudió a las palabras que había pronunciado recientemente el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Este había dicho de forma taxativa: El modelo social europeo ha muerto. Lo que posiblemente estaba pronuciando era más una condena de muerte que la apreciación de una realidad todavía no asegurada, pero que ineludiblemente está en el punto de mira real de estas políticas rigoristas.

Que el presidente de la Banca central europea se felicite por la desaparición del modelo social europeo resulta muy llamativo en el titular de un cargo decisivo en la ordenación de los mercados financieros y en la toma de decisiones sobre las políticas macroeconómicas de "salida" a la crisis. Más allá de la desfachatez que exhibe, lo que aparece de forma meridiana es el diseño político que está queriéndose poner en marcha en estos tiempos difíciles de crisis económica aguda. La demolición muchas veces no controlada, como en Grecia, de la estructura institucional que da sentido político a la idea de Europa.

Por ello la acción colectiva y unitaria de todos los trabajadores europeos resulta imprescindible. El 29-F ha ido en la buena dirección, pero hay que fortalecer estas posiciones y desarrollarlas en el plazo más breve de tiempo. La Unión Europea está oscilando hacia posiciones autoritarias, opacas a la participación democrática, a marchas forzadas. Es una tendencia que se proyecta asimismo en muchos ordenamientos internos, desde Hungría a España. Algun ejemplo de esta deriva en el plano nacional se traerá aquí a colación en los próximos días. Pero la búsqueda de un progresivo vaciamiento de derechos sociales va de la mano de un recorte fuerte de los principios democráticos y un deterioro del clima de convivencia en las sociedades afectadas por una inmensa y progresiva fractura social.

UN PASO ADELANTE EN LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y LA REFORMA LABORAL

2012-02-29T23:19:00.001+01:00

La jornada de acción sindical ha sido larga, y junto a las manifestaciones de la tarde, ha habido una importante particiàción del movimiento estudiantil en prácticamente todas las capitales de provincia españolas. En la región castellano-manchega, ha habido además una huelga general del sector público que en la UCLM ha sido extensamente seguida por PDI, PAS y estudiantes, y que en otros sectores ha tenido también una fuerte incidencia - en torno a un 40% - y especialmente en el personal laboral - un 80% de participación en la huelga. Por contra, tanto las autoridades regionales como la propia Universidad han difundido unas cifras exiguas a la vez que blasonan de la escasa incidencia de los sindicatos del empleo público - habían convocado todos menos CSI-CSIF- sobre los empleados de la Junta. Los servicios mínimos, que en sanidad habían llegado en algunos supuestos al 110%, han sido recurridos. Y el Comité de empresa de la UCLM del Personal Dociente e Investigador decidirá mañana recurrir el Decreto rectoral que ha impuesto servicios mínimos en la UCLM. A continuación, se traen al blog dos intervenciones "externas" pero bien amigas. La primera, la valoración que realiza López Bulla sobre la jornada. La segunda, una carta de solidaridad de la Central de Trabajadores Argentina a la huelga en la Universidad castellano-manchega.

El éxito de las manifestaciones de la jornada es indiscutible. También de las huelgas (especialmente en Castilla La Mancha) y manifestaciones en el sector de la Enseñanza con el profesorado y los estudiantes. Ante los datos sólo caben excusas de mal pagador o el tradicional escamoteo de las cifras.

El “enemigo” –según la nomenkatura del madero que dirige la policía valenciana— ha vuelto a salir masivamente a las calles. Con más fuerza, incluso, que el día que lo hicieron las Cincuenta y siete ciudades. Visto lo visto podemos decir, sin exageraciones ni aspavientos, que existe un elevado nivel de deslegitimación de la contrarreforma laboral o, si se prefiere, de la reforma contralaboral. Así pues, se ha dado –dicho sobriamente—un paso de gran importancia. El dato, en esta ocasión, es que los sujetos convocantes son, además del sindicalismo confederal, un archipiélago de movimientos y asociaciones que hacen suya la cuestión social. O sea, se trata de un “enemigo” muy variado.

(José Luis López Bulla).

En los conflictos abiertos, uno de los elementos que siempre son especialmente agradecidos son los mensajes de solidaridad. Por eso mismo la carta de los compañeros de la CTA argentina es un preciado activo en la lucha contra la iniquidad de un gobierno que se obstian en eliminar una universidad pública de calidad. Gracias, compañeros, por vuestro bello gesto solidario.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012

Queridos compañeros de la Universidad de Castilla - La Mancha:

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) reciban nuestro fraternal apoyo y adhesión a la huelga que llevarán adelante el próximo 29 de febrero.

Hacemos nuestra la lucha que los trabajadores españoles están llevando adelante en estos días, por cuanto no existen razones, jurídicas, políticas o económicas, que justifiquen el traslado de los costos de la crisis hacia los trabajadores. En la Argentina conocemos en detalle los efectos de los programas de ajuste, que no tienen otra finalidad que revertir conquistas históricas de la clase trabajadora.

En nuestras luchas contra dichos programas de ajuste siempre contamos con el apoyo de los trabajadores y las organizaciones sindicales de España. Y en el caso de los trabajadores de la Universidad de Castilla - La Mancha, su equipo de profesores de derecho del trabajo ha acompañado la creación y formación de los equipos jurídicos de la CTA desde sus orígenes.

Esta relación fraternal se plasmó no solo en actividades de intercambio durante muchos años, sino que fueron un puntal importantísimo en la elaboración de argumentos que terminaron sosteniendo la posición jurídica de nuestra CTA en defensa de la libertad sindical en nuestro país, y a nivel regional e internacional.

Nuestra manifestación de solidaridad es producto de la defensa de nuestros derechos como clase, que trascienden las fronteras nacionales, pero también una reivindicación de aquella historia común.

Un abrazo fraternal.

Adolfo Aguirre

Secretario de Relaciones Internacionales

Central de Trabajadores de la Argentina

29-F: JORNADA DE ACCIÓN SINDICAL EUROPEA: UN GRAN DÍA PARA LA MOVILIZACIÓN EN ESPAÑA

2012-02-29T01:16:00.003+01:00

La homogeneidad con la que el eje Frankfurt - Bruselas aplica políticas de ajuste y de compresión de derechos de ciudadanía a los paises de la periferia europea buscando no sólo la depresión salarial y de renta de sus poblaciones, sino la consolidación de un estado de excepción social que elimina importantes derechos laborales y reduce al máximo el poder sindical, tiene el día 29 de febrero una respuesta sindical europea descentralizada, es decir, en atención a lo que se decida en cada uno de los 27 países concernidos.

En España, este día tiene un significado activo de continuidad con las formidables movilizaciones del 19-F, y se hace coincidir con la convocatoria de huelga en el sector público en Castilla La Mancha, y huelgas en las universidades de Cataluña contra la política de recortes.

La movilización del 29 de febrero en los 27 países de la UE tiene como objetivo denunciar y condenar las políticas de austeridad y disciplina presupuestaria, y proponer alternativas para el empleo y la justicia social. "Queremos decir alto y claro, en la víspera de la Cumbre Europea del 1 y 2 de marzo, que hay alternativas a esta Europa sin solidaridad, sin planes, sin esperanza y sin perspectivas", explica Bernadette Ségol, secretaria general de la CES. Es la priemra vez que la CES se opone frontalmente a una política comunitaria, y en concreto su rechazo al llamado Pacto fiscal es determinante.

CCOO y UGT convocan manifestaciones en las principales ciudades españolas para el día de hoy, 29 de febrero, en defensa del empleo, los servicios públicos y contra la reforma laboral, haciendo coinicidr esta movilización con la Jornada de Acción Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que se celebra en vísperas del Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo, en el que se pretende alcanzar un pacto fiscal, y de la Cumbre del Diálogo Social tripartito que la precede.

Además, en la Comunidad de Castilla La Mancha, los sindicatos CCOO, UGT, FSES, USO, la Intersindical y SIC-GS hacen un llamamiento a todas y todos los trabajadores de la Administración regional a secundar la huelga general del 29 de febrero ante el Plan de Recortes del Gobierno de Cospedal, un plan injusto, ineficaz y regresivo que deteriora sus condiciones laborales y salariales y desmantela los servicios públicos. A esa convocatoria se ha unido asimismo los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical -CLM de la niversidad de Castilla La Mancha, UCLM, que esta noche está convocando encierros en el rectorado y mañana concentraciones junto con los estudiantes para posteriormente confluir con el resto de los trabajadores en una mas amplia ante las delegaciones del gobierno regional.

Mañana es por tanto un buen día para las movilizaciones que se comienzan a percibir en Europa como la única respuesta ante el formidable ataque contra los servicios públicos, los derechos laborales y el poder contractual sindical que las políticas de "rigor" neoliberal están imponiendo a todos los paises periféricos. Queda todavía mucho que avanzar en materia de coordinación y de impulso unitariod e las luchas. Por ejemplo, los sindicatos británicos han convocado una jornada de acción para salvar el Servicio Nacional de Salud para el 7 de marzo, acción que por su reivindicación e importancia se inserta en el objetivo generald e esta Jornada del 29-F.

Se dará cumplida cuenta e la blogosfera de la huelga general en la Administración Pública y en la Universidad de Castilla La Mancha. La escalada del conflicto ante el gobierno español de Rajoy y los gobiernos regionales como el de Cospedal, plenamente determinados a demoler el patrimonio de derechos laborales y sociales que han ido consiguiendo los trabajadores y los ciudadanos, va a seguir adelante, reforzado por acciones masivas como las que vamos a contemplar en este 29 de febrero. Un gran día de resistencia y de afirmación de alternativas diferentes y opuestas a las que se quieren imponer a los trabajadroes europeos.

¿DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES ES FRANQUISTA?

2012-02-25T16:36:00.002+01:00

La reforma laboral está siendo defendida desde posiciones supuestamente diversas pero demasiado homogéneas en su configuración clasista de consolidación del privilegio económico. Los argumentos son muchos, y la retórica del "equilibrio", de la "justicia" y de la "bondad" se declina con distintos acentos. Sin embargo uno de ellos es especialmente irritante, y se maneja con soltura por algunos protagonistas del espacio mediático - político como si se tratara de un hallazgo fecundo en la demostración de la necesidad de la reforma. Se trata de decir que el gobierno legislador mediante el RDL 3/2012 ha puesto fin al modelo franquista de derechos laborales. El texto que a continuación se inserta intenta reflexionar sobre esta pretensión, y constituye una versión del que se ha publicado en el número 36 de la Revista de la Fundación 1 de mayo correspondiente al mes de febrero de 2012.

Lo hemos oído muchas veces en boca de los exponentes más conocidos del neoliberalismo español. Hace poco, Esperanza Aguirre, la presidenta de la CAM, lo acaba de repetir respecto de la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 3/2012. Además de una nueva andanada contra los sindicatos, a los que considera anticuados, reaccionarios y antisociales (sic), ha afirmado que el nuevo texto legal pone fin al régimen franquista de regulación de derechos laborales que ha impedido el crecimiento y el empleo y que felizmente se sustituye por un marco legal apropiado al mercado. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian ditirámbicamente las intervenciones públicas de la Presidenta de la CAM cuanto más agresivas y antidemocráticas sean. Fieles a su nueva imagen de vencedores seguros en una contienda ya decidida, algunos responsables de la CEOE también han hecho suyo el argumento. Pero centrándose en la imputación de franquista al marco laboral reformado, hay que señalar que el argumento, por mucho que se reitere, es inconsistente e incoherente, y, naturalmente, completamente falso.

Es inconsistente porque afirma que el franquismo defendía los derechos laborales del trabajador, y por tanto, el RDL 3/2012 es antifranquista en cuanto que cancela las garantías de los derechos derivados del trabajo, y es incoherente con el discurso del Partido Popular y de la propia Aguirre sobre la inconveniencia de traer al tiempo presente referencias al franquismo y menos aún a lo que éste supuso de régimen criminal e ilegítimo. Es ante todo falso porque como se sabe, el franquismo se construyó política y económicamente como un Estado anti-obrero, y puso toda su maquinaria represiva al servicio de la persecución y eliminación de personas y organizaciones que perseguían justamente defender los derechos de los trabajadores. Algo de esto deben recordar muchos de los hoy neoliberales de mayor edad. Claro que es posible que tengan mala memoria. Pese a los homenajes repetidos a uno de los “padres” de la constitución de ominoso pasado represivo – o quizá justamente por ello - se olvida que entre el franquismo y la democracia hay un proceso constituyente que culmina en una Constitución en la que se configura el estado español como un estado social de derecho y, en consecuencia, se reconocen un catálogo de derechos colectivos e individuales de los trabajadores que vinculan a los poderes públicos y son garantizados tanto autónoma como jurisdiccionalmente.

El franquismo desde su primera etapa nazi-fascista, su untuosidad católica como religión de estado, su confianza en el mercado y en la empresa como creadora de riqueza, hasta su última fase, denominada tardo franquismo, y que incluye la primera transición una vez muerto el dictador, se caracteriza por dos grandes líneas. La expulsión de la dimensión colectiva de la regulación del trabajo, la incriminación de los sindicatos libres y de la huelga como medida de presión, es la primera. La segunda es la sustitución de esa dimensión colectiva por una dimensión organizativa empresarial, dirigida y ordenada por el empresario de forma unilateral y despótica en las primeras etapas del régimen y posteriormente, a partir del desarrollismo, con la apertura de espacios de participación y de contratación en la empresa, siempre en una lógica colaborativa y no conflictual. Ambas vertientes coincidían y resultaban tuteladas por el poder público, la autoridad laboral ante todo, que controlaba y autorizaba los contenidos de los convenios colectivos, con importantes facultades arbitrales, la administración gubernativa entendiendo cualquier conflicto como alteración del orden público, el aparato judicial especializado en la represión política – solo hay que recordar que en 1973 se condena en el proceso 1001 a veinte años de cárcel a cada dirigente obrero por organizar un sindicato (¿serían hoy vituperados como “liberados” sindicales Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y el resto de la dirección de CCOO como entonces lo eran por “activistas a sueldo de Moscú”?) , y que en 1975, meses antes de la agonía del dictador, un consejo de guerra, condenaba a obreros del Ferrol a 12 años de prisión por participar en una huelga – y, aunque no se suele recordar, el poder disciplinario del empresario que castigaba los actos de insubordinación colectiva con el despido. Ese era el franquismo que defendía los derechos laborales. Todo el contencioso que generó la amnistía laboral – una gran olvidada en los relatos de la transición política – puede dar cuenta de esa equiparación inverosímil entre el franquismo y la tutela de unos derechos que fueron preservados gracias a la acción colectiva – e ilegal – del movimiento obrero y sus organizaciones.

Nadie habla de la constitución y no porque se haya muerto o extinguido. Sigue siendo el texto fundamental, al que se recurre enfáticamente cuando se quiere hablar de la unidad de la nación española en oposición a reinvindicaciones federalistas. Pero no parece serlo en la parte que reconoce derechos sociales plenos y vinculantes para los poderes públicos. No lo son desde luego para el discurso de Aguirre y de sus sicofantes mediáticos. Al pensamiento neoliberal no le gusta que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y descuida que este texto fundamental regula el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad, articulando esa centralidad mediante el reconocimiento de derechos ante todo colectivos, que giran en torno al poder normativo y de presión del sindicato, individuales para reconocer las posiciones básicas de defensa frente a la lógica del mercado y al poder organizativo del empleador, y sociales sobre la base de prestaciones públicas que se dirigen a una nivelación de las desigualdades económicas, sociales y culturales y a la desmercantilización de las necesidades y riesgos sociales básicos a través de un sistema acabado de Seguridad social.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no se define por un recuento electoral de votos cada cuatro años que permita la toma de decisiones alejadas de cualquier control y opacas a cualquier forma de participación ciudadana, sino que se despliega en toda una serie de prescripciones que afectan al gobierno de las cosas y de los procesos sociales, y se tecnifica en procedimientos de creación de normas vinculantes para los poderes públicos que determinan un determinado equilibrio institucional entre intereses contrapuestos. La esfera de la producción de bienes y servicios, las relaciones sociales que se desprenden de las estructuras económicas generadas por un “sistema de empresa”, son también directamente “reinterpretadas” conforme a la constitución democrática. La voluntad de los sujetos económicos se inserta en un orden político que la condiciona. Sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Todo ello lo ignora el discurso neoliberal extremo y agresivo, y lo pervierte groseramente en su contrario, en un proceso de resignificación autoritaria del lenguaje que se aprecia tanto en el boletín oficial del estado como en los grandes medios de comunicación dominados por los poderes económicos. De esta manera, las medidas de abaratamiento y facilitación del despido son definidas por el RDL 3/2012 como “medidas para lograr la eficiencia del mercado y reducir la dualidad laboral”, pero un informe sobre esta norma de un conocido estudio jurídico de abogados avanza un poco más y las denomina “medidas para afianzar la estabilidad en el empleo”, señalando a sus destinatarios que esta debe ser la línea de exposición predominante sobre el contenido de la reforma en ese punto. Esta perversión lingüística se profundiza al definir la democracia social y su conjunto de derechos laborales y de contrapesos sociales como franquista, asociando la imagen de un régimen criminal y despótico con el sistema pluralista y garantista que nace justamente de la sustitución de aquél. Por el contrario, la reforma puesta en práctica por el Partido Popular con el apoyo inestimable del nacionalismo catalán, que rescata la hostilidad antisindical y anticolectiva y fortalece en términos impensables el poder autoritario del empresario, no se justifica en términos políticos, sino económicos: creará empleo y confianza de los mercados. El discurso neoliberal de Aguirre y sus corifeos utiliza la política como descalificación y la economía como ensalzamiento. Son dos dimensiones que se presentan en términos de oposición, negativa la esfera de la política “intervencionista y anticuada”, positiva la esfera de la economía “libre y dinámica”. Pero ante todo es un discurso que absolutiza la mentira y la falsedad como elementos incontrovertidos, dogmáticos. La democracia social es fascista, el autoritarismo empresarial creará empleo. Y punto, como diría aquel llorado ministro de Franco y fundador del PP, recientemente fallecido y tan sentidamente homenajeado por la propia presidenta de la CAM para quien el respeto de los derechos de los trabajadores es algo obsoleto en este siglo XXI.

SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

2012-02-24T10:20:00.001+01:00

Se celebró anoche en la Puerta del Sol madrileña, una asamblea con participación de un ingente número de colectivos, como manifestación de rechazo al golpe de estado financiero en el que nos movemos. En esta asamblea intervino Agustín Moreno trazando el siguiendo relato del diseño de la política educativa en la Comunidad de Madrid.

En la educación pública madrileña se vienen sucediendo las siguientes agresiones:

• Recorte de la inversión educativa: somos los últimos con el 2,7% del PIB frente al 4,13% de la media nacional. La redistribución es negativa: menos para la pública, más para los conciertos.

• Han bajado los recursos y la calidad en la etapa 0-3 años, que se ha desregulado y privatizado: hace 10 años el 50% de los niños tenían plaza en la pública, hoy el 33%.

• Aumento del fracaso y el abandono escolar. El mapa del fracaso coincide con el de la pobreza, con lo que la escuela no cumple su papel compensador de desigualdades.

• Disminución del alumnado de la escuela pública, aunque son los centros públicos los que acogen al 77% del alumnado inmigrante y con necesidades educativas.

• Cada año se quedan miles de alumnos sin plaza en la FP: este curso 10.000 personas

• Cesión de 60 parcelas de suelo público a empresas con ánimo de lucro y, a veces, de carácter sectario.

• Deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado con ratios elevadas, menos recursos humanos, materiales y para la formación.

• Se ha dejado en la calle del orden de 5.000 excelentes profesores/as con los recortes y aumentos de jornada laboral lectiva.

• En resumen, los recortes en la CAM atacan a la educación pública y buscan un modelo excluyente de calidad para cuatro con medidas como el bilingüismo, el bachillerato de excelencia, el refuerzo de los conciertos y las privatizaciones.

Todo tiene coherencia con el tipo de mercado de trabajo y con el modelo de sociedad al que nos quieren llevar: excelencia para unos pocos y el resto de camareros, peones y trabajadores precarios y mal pagados.

Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). Pero la crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños.

La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.

Con el mercado de trabajo que se pretende el modelo de sociedad será cada vez más dual y polarizado, aumentando las desigualdades sociales. Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta.

Pero el profesorado y la comunidad educativa no se han dedicado a llorar por los rincones. Ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones que han teñido de verde Madrid el último cuatrimestre de 2011. Color que han criminalizado con una peligrosa combinación de mentiras, intransigencia y represión que demuestra la degradación política y la miseria moral de los responsables de esta comunidad, o de otras como Valencia. Lo más destacado de este movimiento es la toma de conciencia del colectivo sobre el ataque estratégico y planificado a la educación pública, la recuperación del orgullo de ser docente y su determinación para defenderla conjuntamente con familias y alumnado.

También con el resto de sectores públicos y con el conjunto de trabajadores: la lucha por la educación es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s y si no hay esa escuela no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La lucha y la marea verde continuarán porque si deterioran la escuela pública nos roban el futuro.

Agustín Moreno, profesor de Vallecas

CONTRA LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CASTILLA LA MANCHA: HUELGA EN LA UCLM

2012-02-23T00:58:00.002+01:00

Sigue la lucha por la defensa de los servicios públicos

CCOO, UGT, Intersindical CLM, ANPE/SATSE, SIC y USO hacen un llamamiento a las y los empleados públicos de Castilla La Mancha a secundar la Huelga General del 29 de febrero.

Sigue adelante la obsesión del gobierno del Partido Popular en Castilla La Mancha - aunque no sólo en esta región - por lesionar e impedir la prestación de servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. La aprobación en las Cortes castellano-manchegas de esta tarde de la "Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales”, en el que se recogen los recortes salariales y de derechos laborales a los empleados públicos, supone la confirmación de esta deriva anti-pública que la huelga, convocada por todos los sindicatos del sector menos la CSI-CSIF, pretende detener al expresar un rechazo generalizado por parte de los empleados y trabajadores de los servicios públicos de la región. La situación se complica también para la Universidad, cuya Junta de Gobierno ha aprobado un recorte de 15 millones de euros. La Junta de comunidades, por su parte, ha promulgado unos servicios mínimos extremadamente amplios, superando con creces la propuesta sindical consistente en repetir los que se mantuvieron en la huelga general del 29 de septiembre. La respuesta ha sido muy clara.“En esta ocasión - ha dicho el gobierno regional - se prevé un mayor seguimiento, por lo que hay que poner mas servicios mínimos; especialmente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, que son los más enfocados a la atención directa al público y, por tanto, donde más impacto tendrá la huelga. Es decir que se confiesa sin pudor que los servicios mínimos están dirigidos a impedir la eficacia de la huelga, y no a garantizar otros derechos fundamentales que pudieran ser directa y fuertemente lesionados por el ejercicio del derecho de huelga.

En la Universidad, se ha iniciado un amplio proceso asambleario en el que participan los estudiantes, personal de administración de servicios y personal docente e investigador. Las asambleas están siendo muy concurridas y es previsible que la Universidad participe activamente en la huelga. En las mismas, se utilizan argumentarios como el que ha conseguido el titular de este blog, que se presenta públicamente porque permite conocer de primera mano el tipo de información que se presenta al debate de los colectivos universitarios.

¿Qué caracteriza la situación actual? Dos hechos muy peligrosos, plenamente rechazables.

EL ATAQUE SIN PRECEDENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL (enseñanza, sanidad, servicios y prestaciones sociales) llevado a cabo a través de los recortes de financiación que, haciendo inviable el mantenimiento de los servicios públicos, está impulsando hacia su privatización – cierre de centros universitarios (Centro de Estudios Universitario de Puertollano y próxima abertura de una Universidad privada en Alcázar de San Juan), privatización de la gestión de 4 hospitales en Castilla-La Mancha (Manzanares, Tomelloso, Villarobledo y Almansa - se habla además de privatizar otros 4 hospitales todavía en construcción); cierre de 85 centros de información, sensibilización y atención a la mujer y 13 casas de acogida para mujeres maltratadas. En cuanto a las prestaciones sociales son notorios los efectos derivados de la falta de financiación y de erogación de la financiación prevista de la ley de dependencia. A ello se añade la prohibición de nuevas incorporaciones entre los beneficiarios de la renta de emancipación que reciben los menores de 30 años (ayudas al alquiler), la moratoria de 1 año en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de la dependencia, la prorroga de 1 año más de la ampliación del permiso de paternidad de 13 días a 4 semanas, la congelación de las pensiones contributivas que se añade a los otros efectos negativos derivados de la reforma del sistema de pensiones acometida el año pasado.

y LOS RECORTES DE PLANTILLAS, EL BLOQUEO NUEVAS CONTRATACIONES Y EL EMPEORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, que son los que aseguran la prestación y la calidad de los servicios públicos, que se añaden a políticas de más largo alcance de externalización y privatización de los servicios complementarios (gestión de bibliotecas, servicios de limpieza etc.) con lo que ello conlleva en términos de condiciones de trabajo de estos trabajadores y en términos de calidad de los servicios ofertados. Se habla para el futuro de una prolongación de la jornada laboral, de una ulterior nueva bajada del sueldo en un 3% que se añade a la llevada a cabo en junio de 2010 y mantenida para el 2011 y el 2012 de un 7% de media del sueldo global (se calcula que a finales de este año los salarios de los empleados públicos se habrán reducido en un 12% con respecto a mayo 2010 suponiendo una evolución de los precios similares y sin contar la ulterior reducción del 3%).

 Estrecha relación entre condiciones de trabajo y calidad de los servicios públicos que ya está produciendo sus efectos visibles en sanidad y educación cuyos trabajadores ya llevan un tiempo movilizándose.

LA SITUACIÓN DE LA UCLM:

Todo empieza a finales del 2010 cuando el entonces Gobierno autonómico de CLM deja de transferir los fondos ya presupuestados a la UCLM. La situación se mantiene secreta hasta junio del 2011 y se hace insostenible a partir del otoño del mismo año.

Una aclaración resulta importante: a primeros de mayo de 2011 la UCLM contaba con un superávit de 40 millones de euros que demuestran que, aunque todo siempre se puede y se debe mejorar, la gestión de los fondos públicos por parte de la UCLM no había sido tan mala y que la UCLM no necesita un plan de saneamiento financieros.

A partir del otoño del 2011 la Junta empieza a pasar dinero a la UCLM con el cuentagotas, transfiriendo sólo el dinero suficiente para pagar las nóminas de los trabajadores, generando una incertidumbre absoluta acerca de sí y cuanto íbamos a cobrar e instalando el miedo y la preocupación sobre el mantenimiento del empleo público. La deuda que la UCLM mantiene con el Gobierno de CLM que se sitúa en 120 millones de euros (dinero presupuestado).

REAL DECRETO 20/2011

A ello se añade, en diciembre de 2011, la entrada en vigor del RD-Ley 20/2011, que entre otras cuestiones, establece una tasa de reposición del personal al servicio de las AA.PP. del 0%, es decir, supone una congelación de la plantilla en todas las AA.PP (excluidos sólo los funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del sistema de salud, fuerzas armadas y Cuerpos de seguridad del Estado (con una tasa de reposición del 10%). Ello supone también la supresión de los procesos de consolidación del personal con contrato temporal y la prohibición de nuevas contrataciones temporales – se calcula que se van a suprimir 214.000 plazas. Todo ello teniendo en cuenta que el número de trabajadores en la AA.PP. en algunos casos es superior al número de trabajadores fijos.

Todavía está en discusión la aplicación de este RD-Ley a la Universidad. El RD-Ley prevé en efecto la posibilidad de contratación de personal laboral o estatutario temporal o de funcionarios interinos “en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. No nos cabe duda que la Universidad ha de considerarse servicios prioritarios, pero se trata de ver como lo interpreta la UCLM. A este respecto, las preocupaciones se han disparado cuando nos ha llegado un documento firmados por 9 vice-rectores de profesorado de 9 universidades públicas españolas, entre las cuales está también la UCLM (grupo G9), en donde se interpreta el RDL. 20/2011 en el sentido de que es aplicable a la universidad. De ello se deduce la imposibilidad para todo el 2012 de incorporar nuevo personal, de iniciar procesos de promoción o transformación que comporten la creación de una nueva plaza y de contratar personal temporal ni nombrar funcionarios interinos. Se estima además no aplicable la excepción que permite contratar personal temporal en casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables puesto que según ellos la universidad no es un servicio público esencial. Pese a ello, algunas Universidades del G-9 se desdicen y entienden que la aplicación del RDL 20/2011 a la Universidad es más que dudosa. En la Comunidad de Madrid, polémica sobre la aplicación de una Ley autonómica de recortes genera una movilización sindical importante que lleva a algunos Rectorados como el de Alcalá a un compromiso de no aplicación y a la paralización de las medidas anunciadas en general.

El remate final ha llegado cuando se ha empezado a decir que en los nuevos presupuestos que se aprobarán a finales de marzo se dispondrá una reducción de la financiación de la universidad de 53,5 millones de euros (1/3 del Presupuesto UCLM)

Total financiación actual: 160 MILLONES

Total financiación para cubrir los gastos de personal: 120 MILLONES (nóminas)

Total financiación prevista: 160-53.5 = menos de 110.

REFORMA LABORAL Y UNIVERSIDAD

Sobre todo lo dicho ha insistido también la última REFORMA LABORAL aprobada sin ningún tipo de discusión pública por una norma de urgente necesidad. El elemento esencial de la reforma en lo relativo a la mayor facilidad y menor coste para despedir viene condicionado por los despidos masivos que nos esperan en las Administraciones y en algunas multinacionales y que en este punto ha sido básica la influencia del Ministro Guindos como correa de transmisión de lo que se exigía a España desde los círculos de poder empresariales europeos. En el RD-Ley 3/2012 se introduce una modificación que permite despedir colectivamente al personal laboral de las AA.PP. A partir de ahora será posible realizar EREs en las AA.PP cuando se acredite nueve meses continuados de pérdidas (insuficiencia presupuestaria sobrevenida), lo cual no deja de ser paradójico porque las AA.PP. no son entes con fines lucrativos. El personal que se va a despedir se le indemnizará con 20 días de salario por año trabajado (Disp. Ad. 2º). Disposición seguramente aplicable a la universidad.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS

La recompensa para el esfuerzo que nos han pedido para poder implantar el nuevo modelo de universidad de Bolonia está siendo la reducción del sueldo, la congelación de los proyectos de investigación y de su financiación, la prolongación de la jornada laboral y finalmente el despido. Ya se habla de más 40 ceses de PAS.

PROFESORADO y PAS: si no se da marcha atrás todo el personal con contrato temporal (la mayoría en la UCLM) una vez finalizado su contrato se irá a la calle sin más. Los que se quedan no podrán promocionar profesionalmente.

SERVICIO PÚBLICO Y USUARIOS

Ello tendrá efectos muy negativos sobre la calidad y la sostenibilidad del servicio público universidad.

• Sin personal de Administración y Servicios suficientes y sin profesores suficientes, los que se quedan tendrá que asumir la carga docente y las actividades administrativas del personal despedido. Dicho de otra forma, un mismo profesor deberá asumir los cursos de los profesores que se van a la calle, además de ocuparse de las cuestiones administrativas derivadas del despido del Pas (de PDI a PDA). Llegarán, presentarán el programa de sus asignaturas y renviarán al examen final.

• Ya se han paralizado las nuevas adquisiciones en la biblioteca y se habla de cerrarla los vienes.

• Sin financiación pública, parte de la financiación correrá a cargo de las tasas universitarias (a cargo de los alumnos).

• Se van cerrando o privatizando las residencias universitarias.

• Sin servicio público de calidad la “marca UCLM” perderá prestigio y credibilidad dificultando ulteriormente el acceso al empleo de los titulados. No sólo de los que actualmente están cursando las distintas titulaciones, sino también de aquellos otros que ya terminaron su carrera, además de empujar hacia las universidades privadas.

Esta universidad ha desarrollado un papel central en el desarrollo económico, social y cultural de esta región (según un estudio catalán, por cada euro invertido en universidad se ha generado 1,8 euros). No obstante su relativa juventud, había alcanzado niveles de excelencia que la habían colocado entre las mejores del país (en octubre obtuvo la calificación de Campus de Excelencia Internacional que contribuyó a consolidar a la Universidad regional como un referente internacional en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la posicionó como abanderada europea en las áreas de energía y medio ambiente)

RESPUESTA

Se trata de políticas que nos afectan a todos, en calidad de trabajadores del sector público y de usuarios de los servicios públicos. La respuesta ha de ser unitaria y coordinada entre todos los colectivos afectados. En este contexto, no hacer nada es ya tomar posición: significa avalar estas políticas y permitir su consolidación. Están llevando a cabo un ataque coordinado sin precedentes que pretende desmantelar el Estado Social y el Estado de Bienestar y reducir déficit y deuda pública a costas de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos.

Se trata ahora de debatir acerca de la respuesta de la comunidad universitaria unida ha de dar a estas políticas que nos afectan como trabajadores y como usuarios de los servicios públicos.

Creemos que contra esta situación es absolutamente necesario manifestar nuestra absoluta a integral disconformidad.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los sindicatos ya han convocado en la UCLM una HUELGA para el día 29 de febrero, en coincidencia con la convocatoria de una jornada de movilizaciones en toda Europa contra las políticas de austeridad que nos están condenando a una recesión económica.

A la huelga convocada han adherido numerosas organizaciones y además coincide con la convocatoria de huelga por parte de los estudiantes a nivel estatal.

El pasado sábado 11 de febrero hubo una MANIFESTACIÓN MULTITUDINARIA EN TOLEDO a la que participaron, según datos de la Policía Nacional al menos 15.000 personas de toda la región (25.000 según los organizadores).

El 19 de febrero, hubo una movilización popular importantísima en todas las capitales de provincia manchegas de rechazo de la reforma laboral.

Se ha preparado un MANIFIESTO DE APOYO A LA HUELGA (por parte de alumnos, PAS y PDI) que ha sido distribuido oportunamente.

La resistencia ha de ser tenaz y constante. ¡A la huelga, compañeros!

¿ES POSIBLE AFIRMAR QUE LOS SINDICATOS NO REPRESENTAN A LOS PARADOS?

2012-02-21T00:00:00.000+01:00

El ascenso de la conflictividad social de masas ha sentado muy mal a los creadores de opinión y a los medios plenamente afectos al gobierno. El lenguaje que se está empleando para referirse a los ciudadanos y ciudadanas que manifestaron su protesta contra la reforma laboral en la calle es especialmente agresivo y despreciativo de las libertades públicas. Una muestra tan sólo, la del periódico que rotula la manifestación del 19-F como “El carnaval de los parásitos y sus comparsas”. Un lenguaje de golpista que recuerda demasiado al de El Alcázar del 23-F. Mientras tanto, esta misma noche siguen las cargas de la Policía en Valencia a chavales de 14 y 15 años, con una violencia inusual en la que un alto mando policial define a estos estudiantes de secundaria como “el enemigo”. La dirección que parecen ir tomando los hechos es el reforzamiento del músculo autoritario y el menosprecio de la participación ciudadana en las movilizaciones sindicales. Pero ahora se aborda un tema específico en este contexto de alejamiento de los parámetros democráticos fijados en la Constitución, la capacidad del sindicato de representar los intereses de los trabajadores en cuanto tales.

En el arco de dos días, antes de comprobar el seguimiento masivo de las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT el 19-F, el presidente y la vicepresidenta del gobierno han defendido la normativa de excepción en materia laboral que habían promulgado el sábado 11 de febrero sobre la base de que su objetivo era proteger a los trabajadores en paro aunque ello implicara pérdida de poder sindical (Rajoy en el Parlamento) o bien, de forma más directa, que los sindicatos no representan a los parados de este país si se oponen a la reforma laboral (Saéz de Santamaría, en rueda de prensa informando del Consejo de Minsitros del viernes 17). La traducción en términos mediáticos de estas afirmaciones ha sido, desde luego, mucho más enérgica en los medios afines al poder económico y político dominante, los que Coscubiela denomina la “acorazada Brunete” mediática. Para ellos los sindicatos no representan a nadie salvo a los intereses corporativos de los “permanentes” o “liberados”, que viven del erario público o de cuantiosas sumas de dinero obtenidas de manera sospechosa, de forma que la organización sindical es sinónimo de parasitismo social (salvo, evidentemente, el “sindicato” Manos Limpias).

De todo este ruido antisindical es interesante reparar en un argumento central. Los sindicatos no representan a los parados. En ciertos sistemas sindicales en donde la afiliación al sindicato sólo se concibe en el marco de la empresa y para trabajadores en activo, esta afirmación es técnicamente correcta. Los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que desempeñan su actividad para un empleador y se organizan por consiguiente en razón de su inserción actual en los efectivos de una empresa. Es un modelo sindical que se corresponde con una noción pre-constitucional de la libertad sindical, y que limita al sindicato al espacio económico y organizativo de la empresa en una lógica contractual-mercantil. Tiene una larga tradición en el sindicalismo anglosajón y se ha expandido a muchos países de América Latina. La diferenciación entre insiders y outsiders del mercado de trabajo y la limitación del rol del sindicato a la defensa de los primeros, está directamente relacionado con estos modelos sindicales y de negociación colectiva. En el discurso neoliberal estas experiencias sindicales son reformuladas como conceptos universales, sin atender a la peculiar configuración histórica y cultural de los distintos modelos sindicales en diferentes áreas regionales del globo. Es un deber-ser necesario para que pueda funcionar la crítica al sindicato, sin que naturalmente la realidad coincida con ese razonamiento dogmático y apodíctico. Para el pensamiento social colonizado por el neoliberalismo, los sindicatos no representan a los desocupados, a los outsiders, y obstaculizan de forma egoísta las medidas de reunificación del mercado de trabajo.

En el caso español – como en el de una gran parte del sindicalismo europeo – el sindicato representa a los trabajadores en cuanto tales, es decir, al margen de su inserción actual o diferida en el mercado de trabajo, o con independencia de si el trabajador o trabajadora se ha apartado definitivamente del mismo. Es decir, la forma sindicato agrupa a trabajadores asalariados y a autónomos dependientes, a empleados públicos, a estables y precarios, a desempleados e incapacitados, a inválidos y jubilados. Por tanto se puede decir que el sindicato no representa a los desocupados, pero en el sentido que no sólo representa a éstos, sino a todos los trabajadores, “activos” y “pasivos”. El sindicato se emancipa de la empresa y refuerza su poder normativo colectivo a partir de la rama de producción como forma de ampliar la tutela de todos los trabajadores, incluidos los de las pequeñas y medianas empresas. La coordinación de los diferentes sectores en una política general a nivel de estado y en el propio espacio global la lleva a cabo la Confederación sindical, con poderes de decisión vinculantes sobre todos las ramas y los territorios. Por eso la componente socio-política del sindicato es tan importante, y su capacidad de interlocución con el poder público, decisiva. En sus reivindicaciones no sólo entran los aspectos salariales, de tiempo de trabajo y de condiciones laborales y de empleo, sino el marco regulador de las prestaciones sociales ante estados de necesidad como la pérdida del empleo, la renta de sustitución del trabajo del que se ha definitivamente apartado por incapacidad permanente o vejez, y las fórmulas concretas en las que se sustancia una política de empleo eficiente, ajustada al compromiso constitucional de procurar el pleno empleo. Por lo demás los sindicatos españoles han demostrado en su experiencia que esta representación general del trabajo ha orientado su acción: sistema de pensiones, cobertura de desempleo, formas de inserción laboral que correspondan a un trabajo decente para jóvenes y mujeres, han sido las principales reivindicaciones actuadas mediante la huelga general.

¿Todo eso lo ignoraban nuestras autoridades de gobierno? No resulta verosímil. Tampoco parece admisible que las más altas instancias del gobierno de la nación empleen en sus discursos a sabiendas argumentos falsos para desprestigiar una decisión colectiva adoptada como consecuencia de la autonomía sindical reconocida en la Constitución. En cualquier caso parece seguro que hay en el gobierno una diferente valoración de fondo sobre el trabajo y su consideración político-jurídica respecto de la que tienen los sindicatos. Éstos consideran el trabajo como un derecho, el gobierno del PP sólo asume el trabajo como libertad.

La diferencia entre ambos planteamientos es muy grande. El trabajo como derecho significa regulación pública y colectiva del contenido del mismo, el establecimiento de garantías en el acceso al trabajo y en la pérdida del mismo, la consideración de la situación de no-trabajo como una situación protegida por el Estado a través de prestaciones económicas suficientes, y la formulación de un derecho al trabajo cuya privación debe ser motivada, no arbitraria y sometida a controles jurisdiccionales y colectivos, como aspectos más llamativos. La libertad de trabajo es por el contrario la facultad de cada individuo de someter libre y conscientemente su capacidad de trabajo a la apropiación de la misma por otra persona, el empleador, para su utilización en el proceso de producción de bienes y servicios bajo su dirección y control. Esta libertad de trabajo forma parte de la libertad de industria y la libertad de establecimiento propia de la empresa en una economía libre de mercado, e implica la competencia entre trabajadores para la obtención de un puesto de trabajo. Explicando el trabajo desde el lenguaje de los derechos, se pone de manifiesto su regulación imperativa de mínimos irrenunciables y el desarrollo colectivo de sus contenidos a través de la acción del sujeto colectivo sindical. Afirmar el trabajo como libertad quiere decir que la fuerza de trabajo es una mercancía que sufre los vaivenes del mercado y sólo se explica desde una dimensión individual – que se declina en plural, pero no en colectivo – y organizativo-empresarial, donde la decisión del empleador es soberana en razón de un cálculo económico de costes y beneficios.

Los parados a los que se refieren nuestros gobernantes no son concebidos como sujetos de derechos, sino como inmenso ejército de reserva que presiona a la baja las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores en activo, de manera que la solución pasa por la desregulación laboral, la restricción del poder normativo colectivo – sindical de la regulación de las condiciones de trabajo en paralelo al aumento exorbitante del poder del empresario en la ordenación general del trabajo y la facilitación y abaratamiento del despido. Y es cierto que el sindicalismo no juega en ese campo de contratar la sustitución de efectivos y aprobar el establecimiento de un trabajo desigual, sometido, precario y mal remunerado. Por el contrario, pretende armar un cuadro de referencias en el que sujeto colectivo, norma estatal y dignidad de la persona que trabaja puedan encontrar un encaje determinante también en tiempos de excepcionalidad económica y social. Ese es el campo en el que se despliega la representación de los sindicatos como sujetos portadores de un interés económico y social relevante en términos político-democráticos. La constitución camina en esa dirección, al excluir decididamente una consideración del trabajo como una libertad individual medida en términos de mercado en razón de los intereses económicos del empresario. La libertad de trabajo niega el derecho al trabajo. Justo la que defienden nuestras altas autoridades de gobierno, que no parecen – ni en este ni en otros tantos temas – sentirse vinculados por lo que impone la norma constitucional.

Siguiendo con los textos e intervenciones sobre la reforma laboral, no deben perderse el que ha publicado Joaquín Aparicio en su blog "Desde mi cátedra", bitácora hermanada en la blogosfera de Parapanda. En ella el catedrático de Albacete resume la reforma laboral en tres características, violencia empresarial, degradación del trabajo y mala fe. Puede (y debe) consultarse en el siguiente link

http://www.japariciotovar.blogspot.com/2012/02/la-reforma-violencia-empresarial.html, que ha sido asimismo reproducido en el diario digital Nueva Tribuna.

EN LA CALLE, MANIFESTANDO EL RECHAZO A LA REFORMA LABORAL

2012-02-20T01:08:00.001+01:00

La respuesta ha sido masiva. Las calles se han desbordado de gente protestando contra la reforma laboral. En 57 ciudades españolas, el sindicalismo confederal ha movilizado a una parte importante de la población que ha manifestado con su presencia formidable el rechazo rotundo a la reforma laboral que hace de la desregulación y de la antisindicalidad su dos pilares de actuación.

En Madrid, la manifestación impresionante, potente, multicolor, se ha desparramado por todas las calles del centro de la capital. Todas las generaciones de edad estaban presentes, todas las identidades diferentes. Los sindicatos habían sido capaces de acoger y dar sentido a los diferentes motivos por los que tantas mujeres y hombres entienden que esta reforma legal es una agresión ilimitada a su forma de concebir la relación entre el trabajo y la sociedad, un ataque injusto a sus condiciones de vida y de trabajo. La respuesta a la convocatoria sindical ha sido masiva, y se están creando las condiciones para una escalada del conflicto que acabe en una huelga general en primavera.

El Gobierno, hoy recluído en el paroxismo del elogio al líder y al triunfo electoral, piensa, como le dicen las autoridades franco-alemanas y el Banco Central Europeo, que no hay que atender a lo que dice la calle. La reacción del poder político por consiguiente no resulta muy significativa. Sí lo es, y mucho, la posibilidad de ir creando, desde el polo social, un proceso de convergencias en torno a la democracia real, el respeto de los servicios públicos esenciales de la sanidad, la educación y los servicios sociales, una seguridad social con prestaciones suficientes y unas condiciones de trabajo y empleo reguladas a niveles adecuados por la negociación colectiva. Es decir, la generación de un polo democrático y social que se enfrente cultural, política e ideológicamente, a un poder económico y a sus representantes políticos que desarrollan un plan general de restricciones sociales, de desigualdad material y de decisiones antidemocráticas generalziadas a todas las esferas de la vida política y social.

Las 57 ciudades han dado el primer paso con esas inmensas movilizaciones. Ahora sigue el proceso. Y de algunas de sus piezas se irá dando cumplida cuenta en este blog. Pero mirar hoy las fotos y recordar la radiante mañana de manifestación es un buen presagio de futuro.

En las imágenes precedentes, se puede apreciar la nutrida presencia de la blogosfera iuslaboralista en la manifestación de Madrid. Pero para un comentario general sobre este proceso de movilización, es conveniente leer el "post" de Metiendo Bulla, titulado, de forma muy sugerente, "¿Pero no estaban desprestigiados los sindicatos?". Este es el link:

http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/pero-no-estaban-desprestigiados-los.html

LA REFORMA LABORAL CREARÁ EMPLEO Y NO HAY MÁS QUE HABLAR.

2012-02-18T17:14:00.000+01:00

Los cuatro caballeros de la foto son conscientes de que es imprescindible reaccionar contra la situación actual en la que se encuentran los países periféricos de Europa como resultado de unas políticas neoliberales que hunden la reactivación económica, degradan los derechos laborales y reducen dramáticamente la acción del estado social. Todos ellos acudirán mañana a la manifestación que han convocado los sindicatos en la gran mayoría de las capitales españolas. A continuación, se dedicaron a comentar esta obsesión mediática por sostener contra toda evidencia que la desregulación laboral es la condición necesaria para crear empleo.

La reforma laboral creará empleo. Es un clamor incesante. En todos los miembros del gobierno, comenzando por su propio presidente. Lo reitera al menos tres veces por minuto la ministra que, justamente, ha cambiado el nombre de su departamento ministerial del trabajo al empleo. Lo afirma el catódico candidato a presidente de la comunidad andaluza que tiene una de las tasas de paro más altas del país, señalando que con él llegará el cambio y el empleo. Las dos famosas presidentas electas de Comunidad Autónoma, de Madrid y de Castilla La Mancha, insisten en que el nuevo marco legal generará empleo y confianza, y acompañan este pronóstico seguro con algunas andanadas contra los sindicatos, que tienen la desfachatez de convocar movilizaciones contra los recortes sociales y contra la ley reformadora, demostrando así que son “anticuados, reaccionarios y antisociales”. Lo reiteran, entre francas sonrisas que a veces se convierten en sonoras carcajadas, los dirigentes de la CEOE en rueda de prensa de elogios decididos a la norma y de reivindicaciones adicionales para la limitación extrema del derecho de huelga de los trabajadores. El marco legal resultante del RDL 3/2012 se justifica porque creará empleo o al menos eso es lo que todos dicen. Es cierto que no a corto plazo, pero, subraya el presidente Rajoy, pondrá las bases para un marco estable y seguro de generación permanente de empleo en un futuro inmediato. La reforma creará empleo.

Así que no hay más que hablar. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian unánime y compactamente el decisionismo político del gobierno, que cumple además con las condiciones fijadas por las grandes naciones europeas revalidadas por los mercados financieros en las subastas bursátiles. Claro que llevamos un largo tiempo escuchando lo mismo. La Ley 35/2010 y los interminables ajustes contradictorios del año 2011 se justificaban porque estas normas crearían empleo o al menos impedirían la destrucción del mismo. Parecía lo mismo pero no lo era. Ahora se dice que estas reformas eran “tímidas” y que por eso no se han creado empleo. Nada será lo mismo a partir de ahora, porque la regulación es más incisiva, se ha actuado “sin miedo”. La explicación es sencilla. La reforma supone menos poder contractual colectivo, más facilidad para el despido, más capacidad de determinación unilateral por el empresario de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales. Más desregulación, menos sindicato, menos derechos. Así se trabaja mejor, se genera confianza en los empresarios y estos podrán contratar a más personas porque pueden despedirlas fácilmente y a bajo coste, y ese mismo hecho funciona como compulsión a trabajar bien, sin objetar las órdenes del empresario, sumisamente. Es la memoria económica del RDL 3/2012 quien lo sostiene como explicación de fondo de la reforma.

El problema por tanto no es de creencia en un futuro mejor en el que los empleos sumisos y precarios sean abundantes, y que el trabajo sea inseguro y mal remunerado. El problema es que la dimensión política del trabajo no es ni siquiera mencionada, y que el objetivo de creación de empleo se desvincula de cualquier consideración democrática. Es la Constitución la gran olvidada en el discurso del poder económico y político que se expresa hoy de manera abrumadora en todos los medios de comunicación. Es posible que al pensamiento neoliberal hoy triunfante de manera plena – la mayoría absoluta del PP es la prueba de la aceptación mayoritaria por el pueblo español de estas coordenadas ideológicas y culturales- no le guste que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, y que descuide que este texto fundamental regula tres grandes grupos de derechos en relación con el trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad. Los derechos sindicales y colectivos, negociación colectiva – de la que se establece su fuerza vinculante – y huelga, los derechos individuales del trabajador, a un salario digno y a una jornada de trabajo, a la salud y seguridad en el trabajo, a la formación profesional, pero ante todo el derecho al trabajo, que es central en la configuración constitucional de los derechos cualificados por la posición social de sus titulares. El derecho al trabajo exige que no puede despojarse del trabajo a quien lo tiene si no es mediante un acto de despido motivado, basado en una causa suficiente, que reviste una forma determinada y cuya legitimidad y corrección tiene que ser estar controlada judicialmente. Junto a estos derechos se colocan otros derivados de la presencia del Estado social, que obliga a desmercantilizar una buena parte de las necesidades sociales y a ofrecer un conjunto de prestaciones sociales suficientes y de mantenimiento de servicios públicos esenciales. Educación y sanidad, seguridad social y servicios sociales, permiten garantizar la dignidad del ciudadano en los elementos centrales de la reproducción social, y orientan la acción del Estado hacia una progresiva nivelación de las desigualdades económicas, culturales y sociales existentes en la realidad material de las cosas que condiciona la existencia concreta de las personas.

Este marco institucional es el que configura la democracia. La democracia no puede identificarse con la consulta electoral a los ciudadanos sobre opciones políticas cada cuatro años, entendiendo que las condiciones materiales de creación y distribución de la riqueza y la organización del trabajo en un sistema complejo de producción de bienes y servicios en un mercado globalizado debe confiarse exclusivamente a la voluntad de los sujetos económicos. Esa vieja consideración que escinde política y dinero, representación electoral y apropiación de trabajo ajeno, orden público y mercado, es algo incompatible con el sistema democrático español. Para éste sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. Las relaciones de trabajo se expresan como derechos subjetivos creados por la norma estatal o colectiva. El marco institucional de las relaciones laborales y los presupuestos mínimos - jornada máxima, salario mínimo, salud y seguridad en el trabajo – lo fija la norma estatal, las condiciones de trabajo y empleo son confiadas en nuestro sistema a la negociación colectiva, cuya “fuerza vinculante” es garantizada por la constitución en estrecha relación con la vigencia del principio de autonomía colectiva y de acción sindical colectiva. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La negociación colectiva es el método de regulación y de gobierno del espacio-empresa, y no la voluntad unilateral del empresario que altere unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Y todo ello no es contrario al empleo. La democracia no es una declamación retórica y no cabe oponer la dimensión colectiva y las garantías individuales de empleo a un mercado de trabajo que sólo funciona bien si está desregulado y expresa un poder autoritario del empleador sin controles colectivos. No cabe un empleo bajo la violencia sin límites del poder privado sobre las personas. Combatir este proyecto es por tanto decisivo. La movilización social es determinante para ello. Mañana hay una primera manifestación de este rechazo a un diseño antidemocrático de las relaciones laborales que, por eso mismo, es contraria a un empleo estable y de calidad. Allí estaremos muchos que compartimos ese rechazo. Hay mucho que hablar todavía, y nuestras palabras no dejarán de estar cargadas de sentido.

Mañana manifestaciones en 57 ciudades españolas convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT contra la reforma laboral. Y, para seguir sabiendo más sobre la reforma, desde el análisis de aspectos más concretos, es francamente instructiva la intervención que Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del trabajo en la Universidad de Vigo, hace en su blog en gallego, denunciando el autoritarismo en las relaciones laborales en la empresa a partir de la prohibición de negociar convenios colectivos que nieguen o condicionen la regla principal de la preferencia empresarial. Este es el link:

http://conjaimecabeza.blogspot.com/2012/02/autoritarismo-democracia-e-relacions.html. Es muy recomendable su lectura.

UNA CARTA A LA MINISTRA DE EMPLEO

2012-02-17T19:50:00.002+01:00

En un tiempo en el que circulan por las cancillerías y los escritorios de los primeros ministros cartas secretas en las que las autoridades monetarias exigen medidas enérgicas que llevan siempre aparejadas sacrificios y austeridad, es decir, degradación de derechos y de situaciones normativas de los ciudadanos que trabajan, se trae aquí una muestra de literatura epistolar completamente diferente. Se trata de una carta abierta a la ministra de empleo, doña Fátima Báñez, que le ha dirigido el catedrático de Derecho del trabajo de la Universidad Autónoma de Barcleona, Eduardo Rojo, y que puede consultarse en la página web de Cristianisme i Justicia, cuyo link es http://www.cristianismeijusticia.net/bloc/?p=6458&lang=es&lang=ca

Carta a la Sra. Ministra de Trabajo y Seguridad Social

Eduardo Rojo.

Sra. Báñez:

No nos conocemos personalmente pero ambos compartimos conocimientos jurídicos, y además Ud posee sabiduría legal económica, que en los tiempos que corren parece que es mucho más importante que la jurídica. Su experiencia política es muy superior a la mía, y yo le gano en edad (aunque no sé si cabe calificarlo de “ganancia”) y en años de experiencia en la actividad docente e investigadora en el ámbito universitario y en concreto en aquello que nos une ahora a los dos, las relaciones laborales.

Comprenderá por ello que me dirija a Ud. para manifestarle mi preocupación por la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno del que forma parte, más exactamente el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral.

Escuché con toda atención su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto por interés académico como, algo más pragmático, porque inmediatamente debía responder a las preguntas que me formularon sobre la reforma en un programa informativo de TV3. Después, le confieso que no pude conciliar la vida familiar y laboral durante el fin de semana, porque reconocerá que leerse 64 páginas del Boletín Oficial del Estado para conocer una norma que entraba el vigor el domingo no es una tarea fácil, pero le puedo asegurar que cumplí con la obligación de un profesor universitario y mi blog deja debida constancia. Supongo que no tiene Ud ahora mucho tiempo con su actividad para poder consultar la blogosfera laboralista, pero compartimos cuenta en Twiter y por ello la animo a seguir, por ejemplo, a mi querido compañero dela Universidad de Castilla-La Mancha. Dr. Antonio Baylos.

¿De verdad cree que la reforma conseguirá el objetivo teóricamente perseguido, y que todos los españoles compartimos (o al menos quiero creer que es así, aunque soy un poco utópico y por ese motivo participo en una Fundación que justamente se llama “Utopía), como es la creación de empleo y la reducción del desempleo? Ojala sea así y los datos estadísticos le den la razón en poco tiempo, aunque el Presidente del gobierno se lo ha puesto difícil de entrada al afirmar que seguirá incrementándose el desempleo en 2012.

Tengo mis dudas, Sra Ministra, sobre el hecho de que un período de prueba de un año, en una de sus medidas estrella cual es el contrato de trabajo para emprendedores (que ocupen a menos de 50 trabajadores) sirva para incrementar la contratación, y mucho me temo que pueda convertirse en un elemento de rotación en el mercado de trabajo de los jóvenes. También le confieso que soy muy escéptico sobre las bondades que ha defendido de la supresión de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo, o de la reducción de la indemnización en caso de despido improcedente, o de ampliación de las causas de extinción del contrato al personal laboral de las Administraciones Públicas, por citarle sólo algunos de los argumentos que me llevan a ser crítico con la reforma.

Pero, Sra. Ministra, ¿sabe de verdad que es lo que más me preocupa? Que la norma ha desequilibrado las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de sus organizaciones. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relaciones laborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogo social, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseen una plantilla bien formada, permanente y motivada. Cierto, no se le voy a negar, que hay algunas medidas sobre la formación en la reforma que pueden ser de utilidad, pero quedan tan diluidas entre el arsenal de malas noticias para las personas que venden su fuerza de trabajo que su importancia es mínima.

Y le confieso también, Sra. Ministra, que estoy preocupado por mi empleo, o más exactamente por mi “plaza en propiedad” como funcionario. Sí, ya sé que soy un “privilegiado” sólo por poder desarrollar mi trabajo con estabilidad, aunque las condiciones económicas sufran periódicamente recortes. Pero, con la reforma y su aplicación, ¿qué quedará del Derecho del Trabajo, ámbito central de mi actividad profesional? Bueno, no debo preocuparme porque todavía tengo edad para reconvertirme profesionalmente, aunque cada vez menos.

No quiero robarle más tiempo, Sra Bañez, porque me consta que ahora le toca defender la reforma y sus bondades. Sin duda tiene alrededor mucha gente que le baila el agua y que le dirán maravillas de ella. Pero por favor, escuche la voz de muchas personas, empleadas y desempleadas, que tienen serias dudas sobre dicha bondad. Escuche a las organizaciones sindicales, que aunque sean muy “anticuadas y reaccionarias” según su compañera de partido Esperanza Aguirre tienen una indudable presencia entre la población trabajadora. Y escuche también a los profesionales del iuslaboralismo español, porque comprobará que muchos de ellos son seriamente críticos con la reforma laboral y el desequilibrio que produce en las relaciones laborales y que puede, de seguir por este camino, retrotraernos a los orígenes del Derecho Trabajo.

Se lo dice, cordialmente, una persona con más de 35 años de conocimiento de la normativa laboral y de su impacto sobre la creación de empleo, y que cree que las normas laborales son sólo una parte muy pequeña de aquello que se necesita para conseguir dicha creación.

Además, se puede consultar el Cuaderno que han hecho Joan Coscubiela y el propio Eduardo Rojo dedicado a las reformas laborales realziadas en España y en particular a la de 2010. En este cuaderno se analizan, en una primera parte, tres decadas de reformas laborales y se pone de manifiesto las lecciones que deberíamos aprender de ellas. En una segunda parte se aborda de forma más concreta la última reforma laboral del 2010.
El link es el siguiente: http://www.cristianismeijusticia.net/les-reformes-laborals-a-espana

SIEMPRE NOS HA AFECTADO, AHORA NOS CONVIERTE EN PROTAGONISTAS: LA REFORMA LABORAL Y LA UNIVERSIDAD

2012-02-16T23:25:00.002+01:00

La lucha contra los recortes en las universidades públicas, de la que ayer ha habido un ejemplo muy interesante en las universidades catalanas, es el objetivo de este pequeño texto de Joaquín Pérez Rey, escrito para dinamizar la discusión en una asamblea en Toledo. Siguiendo con las intervencion es en torno a la reforma laboral, se acoge el texto en esta bitácora.

Desde hace algunos años el modelo laboral de profesor universitario constituye un elemento central en la actividad cotidiana de la universidades y da amparo a un conjunto muy variado de docentes que van desde el profesorado en formación a las figuras más estables y consolidadas que atesoran amplía experiencia docente e investigadora, pasando también por la incorporación de profesionales solventes al ámbito académico en calidad de colaboradores.

Sólo la miopía de la gestión universitaria, siempre reacia a la incorporación de cambios sobre todo en la estructura del profesorado, ha impedido dar a este colectivo un estatus plenamente normalizado. Se ha insistido erróneamente y más allá del propio ordenamiento jurídico en una especie de superioridad jerárquica del profesorado funcionario frente al laboral, que es claramente disfuncional y muchas veces incluso no ajustada a la realidad de los méritos docentes e investigadores.

En esta consideración subalterna se recrea ahora un elemento de extrema gravedad, impulsado de forma decidida por la reforma laboral. Digámoslo alto y claro: Los platos rotos de la crisis los van a pagar con su despido los profesores con contrato laboral.

La Disposición Adicional 2ª del RDL 3/2012 extiende al sector público (universidades incluidas) la posibilidad de despedir por motivos económicos y lo hace permitiendo los despidos del personal laboral casi de forma automática: basta una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente de financiación. Y por persistente se entiende algo tan sencillo de cumplir en el contexto actual como es que la insuficiencia presupuestaria se produzca durante tres trimestres consecutivos.

No es difícil advertir que esta situación que abre las puertas a los despidos baratos y con pocas posibilidades de defensa judicial es generalizada en el conjunto de las AA. PP. y desde luego en las universidades. La UCLM, tras el abrupto y extremadamente agresivo recorte presupuestario decretado por la JCCM, se sitúa en condiciones de entrar por la puerta grande en la hipótesis de la insuficiencia presupuestaria persistente.

A ello, en el paroxismo de la agresión al profesorado laboral, se une la interpretación que se está haciendo por las propias universidades, entre ellas la UCLM, del RDL 20/2011 y que supone, además de otras muchas cosas, el establecimiento de un atrapamiento en la laboralidad que impide pasar de las figuras laborales estables a la condición de funcionario aunque se cuente con la oportuna acreditación de la ANECA.

Todo esto conduce de forma alarmante a presagiar que los contratados laborales actuales, que tienen impedido sean cuales sean sus méritos el acceso a la función pública (en la interpretación que hacen las universidades del G9), se encuentran en el ojo de huracán y con muchas posibilidades de acabar en la calle para ajustar el peso de las universidades a las nuevas y dramáticas condiciones presupuestarias.

La respuesta debe ser inmediata y contundente, es preciso comprender que nunca antes como ahora los puestos de trabajo de cientos de profesores de universidad están en serio riesgo.

La situación es desoladora y la indiferencia no es una opción; si las universidades y sus profesores no alzan la voz el drama está servido.

La reforma laboral es también una reforma de la universidad y amenaza con acabar con la mitad de la plantilla docente y con años de esfuerzo y de inversión pública, degradando hasta límites insospechados la educación pública universitaria.

Además, puede consultarse en la web de Diagonal, el artículo de Adoración Guamán, profesora de derecho del trabajo y Héctor Illueca, Inspector de Trabajo:
http://www.diagonalperiodico.net/Involucion-laboral-en-Espana.html
Y, en la bitácora amiga, el comunicado bien orientado de Jueces para la Democracia, crítico y con buenos fundamentos muy completos. Se encuentra en esta página; http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/jueces-para-la-democracia-ante-la.html

UNA REFORMA LABORAL PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO

2012-02-15T23:26:00.003+01:00

Se suceden las intervenciones sobre la reforma laboral llevada a cabo por el RDL 3/2012. A continuación se publica la reflexión que, también de manera general, realiza Francisco Gualda, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO., sobre la función y el destino al que sirve la reforma laboral.

Una Reforma Laboral para la liquidación del sistema económico.

Francisco J. Gualda Alcalá.

Febrero 2012.

Dejando al margen la justificación, absolutamente insincera, ofrecida por la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 3/2012, cabe plantear cuáles son las finalidades que persigue el conjunto de medidas que se han puesto en marcha, bajo la denominación de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Las principales novedades que se introducen tienen un elemento común denominador: ofrecen mecanismos para llevar a cabo un profundo ajuste de plantillas, tanto en el ámbito del sector privado como en el sector público, rebajando de forma sustancial y cualificada los costes que tienen que asumir tanto las empresas privadas como las administraciones para despedir al personal, y al mismo tiempo eliminando los controles administrativos y judiciales que limita van la adopción de tales decisiones.

La supresión de los salarios de tramitación, y la rebaja de la indemnización por despido injustificado, son dos factores que flexibilizan y abaratan el despido sin causa, sin motivación ni justificación legal alguna. Es el mecanismo de la flexibilidad basada en la mera discrecionalidad empresarial para despedir. Cabe destacar que es una medida que afecta, sobre todo, al conjunto de trabajadores fijos que actualmente vienen prestando servicios y mantienen una relación laboral en vigor, y en modo alguno es una medida que sólo comprenda a los nuevos contratos. A estos trabajadores, no sólo se les suprime el abono de salarios de tramitación, lo que ya hizo el "decretazo" del año 2002 ya fue declarada inconstitucional por no ser susceptible de tratamiento en un Real Decreto Ley, sino que además se les congela para el futuro el importe de la indemnización por despido improcedente, de modo que si ya han prestado servicios durante más de 16 años, ya no generan derechos económicos a efectos de despido improcedente o sin causa.

Si embargo, el principal efecto práctico de la Reforma se concreta en legalizar precisamente las extinciones que hasta ahora eran resultado de la mera discrecionalidad empresarial, sin una justificación objetiva que impusiera el despido como medida necesaria para mantener la viabilidad de la empresa. Ello se hace modificando profundamente el despido colectivo y el despido objetivo. Se amplía la causa para el despido justificado, incluyendo la mera reducción de ventas o de facturación de la empresa en un tiempo inferior a un ejercicio económico, al exigir exclusivamente la reducción de ventas o ingresos durante nueve meses, lo que nada tiene que ver con la existencia de pérdidas. Además se elimina la necesidad empresarial de justificar que el despido es una medida necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la empresa, y se configura la decisión de despedir como una materia ajena al control judicial.

Y sobre todo, se elimina la principal garantía de que la decisión empresarial está justificada en datos objetivos, como es la necesaria autorización administrativa, tanto para despedir como para suspender los contratos o reducir la jornada de los trabajadores. Con la reforma la empresa no tiene que o qué tener ningún tipo de autorización, con independencia del número de trabajadores aceptados por un despido colectivo. Además, los motivos para despedir y los motivos para suspender los contratos son declarados equivalentes, de modo que corresponde a la empresa, en exclusiva, elegir entre una medida meramente temporal, o bien proceder al despido de los trabajadores.

Este mecanismo extintivo sólo genera para los trabajadores el abono de una indemnización de 20 días por año de servicio, con un máximo, y esto es importante, de 12 mensualidades, de tal forma que se abre la posibilidad generalizada de que en la pequeña, mediana y sobre todo en la gran empresa, se procedan a despidos masivos, sin control administrativo, y sin tampoco un control judicial efectivo, el los cuales la empresa únicamente asuma el abono de la indemnización indicaba.

Lo anterior se complementa en la nueva regulación, extendiendo a las administraciones públicas, y al conjunto del sector público la posibilidad de utilizar dicho mecanismo extintivo para despedir al conjunto de los trabajadores fijos, es decir los que han accedido al empleo público mediante los mecanismos de oposición o concurso-oposición, ante la mera existencia de dificultades financieras de la administración o entidad de la que dependen. Y se anuncia una nueva regulación de redimensionamiento del sector público, en la que cabe incluir medidas del mismo calado respecto del personal funcionario de carrera, lo que por otra parte determinaría que las posibilidades de ajuste de personal en las administraciones no recaiga, en exclusiva, respecto del personal vinculado con una contratación laboral, extendiéndolo al personal con nombramiento de carácter funcional o personal estatutario.

Por ello podemos decir que la reforma laboral que nos hemos encontrado en el boletín oficial del estado, responde a la línea estratégica de ofrecer mecanismos de líquidación y ajuste de plantillas, tanto al sector privado y al sector público. Los efectos de la crisis no se representan como agotados, sino todo lo contrario, se diseñan recursos para que las empresas y las administraciones aborden la situación económica actual utilizando como mecanismo de ajuste, la medida del despido masivo, rebajando los costes, elminando el control de la autoridad laboral y la garantía judicial para adoptar tales decisiones. Se ha dado carta de naturaleza a una nueva dimensión del Derecho del Trabajo, como es el Derecho para la liquidación del sistema económico.

El debate sobre los contenidos de la reforma se está expandiendo a la vez que va cuajando un clima de progresiva insatisfacción y de protesta en núcleos cada vez más extensos de la ciudadanía. En el blog amigo Metiendo Bulla , Miquel Falguera publica un texto inteligentemente crítico con el RDL 3/2012, que además rezuma buenas dosis de ironía. Es altamente recomendable su lectura. Acudan a este link: http://lopezbulla.blogspot.com/2012/02/efectivamente-una-agresion-esta-reforma.html

LA REFORMA LABORAL PERSISTE EN EL ATAQUE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2012-02-15T00:28:00.001+01:00

La reforma laboral que ha impuesto el RDL 3/2012 está solicitando, como no podía ser menos, intervenciones de expertos en la materia extremadamente críticas con la misma, lo que contrasta con la machacona letanía de los dirigentes políticos en el gobierno sobre el seguro crecimiento del empleo gracias al cambio normativo. En las páginas de este blog participarán amig@s y compañer@s con propuestas de reflexión y de debate sobre esta modificación legislativa. El primero en hacerlo es Francisco Trillo, con un artículo en el que destaca la creación de una nueva causa de despido objetivo en por motivos económicos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Hélo aquí.

Parece evidente a estas alturas de legislatura, que el proyecto de sociedad que alberga el Gobierno del Partido Popular encuentra en los servicios públicos una de sus mayores preocupaciones: privatizar todo aquel servicio público que conforma el denominado estado social.

A los recortes severos que, tanto el Gobierno central como los diferentes gobiernos autonómicos, están aplicando en Educación, Sanidad y Servicios Sociales hay que sumar ahora la reforma laboral de 2012.

Una reforma laboral que, en primer lugar, persigue la instauración de un fuerte autoritarismo en las empresas a través de la determinación unilateral por parte del empresario de las condiciones de trabajo y empleo, haciendo desaparecer muchas obligaciones de negociar con las organizaciones sindicales. Este hecho, arroja como resultado en lo inmediato una profundización en las desigualdades que ya existen entre empresarios y trabajadores, además de una degradación de las condiciones en la que se presta el trabajo por cuenta ajena. La desregulación como modelo de regulación de las relaciones laborales, donde el más fuerte impone sus condiciones al sujeto más débil del contrato de trabajo.

En segundo lugar, la reforma laboral aprobada en Consejo de Ministros el día 10 de febrero –RD-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral- ha previsto una nueva causa del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas:

“A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”. (Disposición Adicional 2ª RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero).

Esta nueva causa, como se desprende de su lectura, permite a las Administraciones Públicas despedir individual o colectivamente a su personal laboral cuando durante tres trimestres consecutivos se verifique una situación de insuficiencia presupuestaria. Son muchos los comentarios y calificativos que merece esta creación legislativa, pero aquí nos centraremos únicamente en dos ideas.

La primera, el legislador equipara el trabajo que se presta en una Administración Pública a aquél que se desarrolla en el sector privado, aplicándole las reglas de eficiencia y suficiencia económica como si los servicios públicos entrasen a formar parte del mercado de bienes y servicios. Esto es, se entiende que los servicios públicos y los servidores públicos están sometidos a la mercantilización que opera en las empresas privadas. A este respecto, las Administraciones Públicas nunca han tenido como finalidad la rentabilidad económica, siendo deficitarias en muchas ocasiones, ya que su objetivo último ha sido el de proporcionar una serie de servicios que proporcionen mayores niveles de bienestar social (estado social). De ahí, que la financiación de dichos servicios se realice fundamentalmente a través de los impuestos de los ciudadanos.

La segunda idea que interesa destacar es la de los motivos e instancias que pueden ocasionar una posible insuficiencia financiera persistente que en ningún caso se puede calificar de sobrevenida, sino de intencionada. Los presupuestos de las Administraciones Públicas se deciden en los diferentes Parlamentos -estatal y autonómicos- de tal forma que es el propio poder público el que determina si presupuestar suficientemente o insuficientemente los servicios que se prestan en las diferentes Administraciones Públicas. De tal forma, que los estrangulamientos financieros a los que están siendo sometidos los servicios públicos se constituyen en el requisito imprescindible para que posteriormente, con la nueva reforma laboral, se pueda proceder a despedir al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

Estas ideas son demoledoras si uno reflexiona en la transformación que puede sufrir el Estado Social de llevarse a cabo en los términos en los que aparecen reflejados en la nueva normativa laboral.

En su blog, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza, ha dedicado una entrada a la reforma laboral a la que califica de una reforma al servicio de los intereses de clase. El post está muy bien escrito - en gallego - y resulta altamente recomendable. Este es el link:

http://conjaimecabeza.blogspot.com/2012/02/reforma-ao-servizo-dos-intereses-de.html

UN SEMINARIO EN ROMA SOBRE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA.

2012-02-14T01:01:00.002+01:00

Organizado por la CGIL, bajo la dirección académica de Carmen La Macchia y la dirección de Stefano Oriani, se ha celebrado en Roma, en la veneranda sede de la CGIL de Corso d'Italia, un seminario de estudio en el contexto de un proyecto de investigación europeo sobre la representación sindical en los países miembros de la Unión Europea.

Participaban en él 11 países, con una doble presencia, de “consejeros científicos” – en su práctica totalidad personal académico universitario – y delegados de los sindicatos nacionales. Los países concernidos han sido Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Reino Unido, España y Suecia. El proyecto pretende confeccionar una serie de informes nacionales que puedan ofrecer no sólo una suerte de cartografía de la representación sindical, de sus estructuras y efectivos, sino también de las formas de presentación de la representación sindical y de la adquisición de la condición de la representatividad o mayor representatividad. En esa trayectoria, la relación entre representación y negociación colectiva aparece como un tema central, y la estructura del sistema de negociación colectiva desvela asimismo el sistema sindical de representación en un país determinado, de tal manera que las últimas tendencias de cambio legislativo sobre las reglas de negociación colectiva inciden directamente sobre el sistema de representación sindical. No de otra forma puede ser interpretado el impulso a la empresarialización que se manifiesta como forma de desmoronamiento de la negociación colectiva sectorial y de reducir drásticamente tanto el poder de negociación sindical como el ámbito de aplicación del convenio y la tasa de cobertura del mismo, por mucho que también en este aspecto se canten las excelencias de la reforma en aras a la creación de empleo..

Finalmente, el proyecto quiere desembocar en una perspectiva de conjunto a partir de las estructuras del sindicato europeo en torno a la CES. Este argumento se ha discutido bastante en relación a la forma de abordar tal perspectiva europea. La influencia de la crisis, la yuxtaposición entre política europea y políticas de austeridad ligadas a la imposición de sacrificios han irrumpido de forma directa en el tema de la representación sindical como eje de los sistemas democráticos que caracterizan las diversas experiencias nacionales. La intervención externa de las medidas económicas y sociales frente a la crisis que se expresan como desregulación en el terreno de la producción, fortalecimiento del autoritarismo empresarial y antisindicalidad, junto a una perspectiva claramente hostil a las prestaciones ofrecidas por los servicios sociales y la seguridad social, lleva a plantear muchos interrogantes sobre la propia idea de Europa y su construcción actual como potencia antidemocrática y antisocial para muchos de los ordenamientos periféricos de esta región. En este sentido, se ha criticado la tibia reacción de la CES respecto de la situación griega, a la que ha dado públicamente un apoyo solidario que se ha retenido muy formal, sin reparar en la suspensión plena de las garantías democráticas que el proceso de “rescate” e “intervención” está llevando a cabo, produciendo el sufrimiento terrible de los trabajadores y ciudadanos griegos.

El proyecto debe desarrollarse en el arco temporal de un año. Por parte española, como “consejeros” académicos, se incorporan al proyecto Nunzia Castelli y Antonio Baylos, junto con Paco González, de CC.OO. Otros muchos especialistas europeos están presentes también como "consejeros" en el mismo, desde Antoine Lyon - Caen, Keith Ewing o Eva Kocher y Giuseppe Ferraro. Se pretende así dar continuidad a un trabajo anterior, efectuado el año 2011 por la mayoría de miembros de este equipo, sobre el derecho de huelga en la Unión europea, que surgió a partir de la necesidad de verificar el grado de incidencia de la jurisprudencia Viking y Laval sobre los distintos ordenamientos nacionales, y la orientación de los diversos modelos estatales de reconocimiento legal y constitucional del derecho de huelga. Los trabajos han sido publicados en dos versiones, italiana e inglesa, por Ediesse, a finales de este año. Pero este último tema será de nuevo tratado en una próxima anotación, dado que es inminente una regulación por parte de la Unión Europea, del derecho de huelga de dimensión transnacional, de fuerte contenido restrictivo, a partir de la jurisprudencia tan criticada del Tribunal de Justicia. Atención a la directiva Monti II, ya en preparación y de próxima aparición. Seguiremos informando.

UNA REFORMA LABORAL “CLASISTA”: ANTISINDICALIDAD Y DESREGULACIÓN EN EL RDL 3/2012

2012-02-11T20:17:00.000+01:00

Ya está aquí la “agresiva” reforma laboral tantas veces anunciada. Se define como “equilibrada” aunque la noción de equilibrio que tienen sus autores dista mucho de la que poseemos los comunes mortales. Es un texto legal que impone elementos centrales de desregulación de las relaciones laborales, acompañada de un profundo rechazo de la acción sindical, lo que efectúa mediante diversas vías.

Son las más destacadas el encumbramiento de la decisión unilateral del empresario como fuente principal de determinación de reglas sobre el trabajo en sustitución de la negociación colectiva, el disciplinamiento de los trabajadores en torno a un despido barato y siempre definitivo y a unos contratos con salarios cada vez más reducidos y períodos de prueba larguísimos, la funcionalización de los acuerdos colectivos a la decisión empresarial, y una fortísima reducción del contenido laboral del derecho al trabajo tal como se desprende de su reconocimiento constitucional. Todo ello se justifica mediante el recurso, cada vez menos creíble, a la estimulación del empleo.

Pese a lo que afirman las autoridades de gobierno, los creadores de opinión afectos y un preámbulo afectado de esquizofrenia legislativa entre lo que afirma y lo que realmente hace, el RDL 3/2012 es realmente una norma clasista que impone la confiscación violenta de espacios decisivos de poder contractual colectivo y de derechos laborales básicos ligados a las garantías de empleo, alterando de forma sustancial la arquitectura de equilibrios que caracteriza la relación entre capital y trabajo, entre libre empresa y derecho al trabajo, y que se corporeiza en la estructura institucional del derecho del trabajo desarrollado en nuestro ordenamiento.

El texto legal se presenta además según un nuevo procedimiento que sustituye, a lo que parece, al previsto en la Constitución para la aprobación de las leyes. Se traslada a los medios de comunicación un power point que explica didácticamente las principales medidas adoptadas, con diverso énfasis en cada una de ellas, y al día siguiente se publica la norma, por motivos de urgente necesidad, como un Decreto-Ley en el BOE. Como muestra de cortesía, se convoca a los sindicatos el lunes a una reunión en la que posiblemente las autoridades de gobierno les suministren unos esquemas que les sirvan de guía en la nueva regulación. La norma nace pues acompañada del desprecio a los procedimientos democráticos. No ha respetado el derecho de información y consulta previa con los sindicatos representativos que garantizan tanto nuestro ordenamiento como el europeo en materia de política social, no reúne en absoluto los requisitos de urgente necesidad que la constitución exige para que el gobierno pueda legislar por vía de urgencia, y se ofrece un texto cerrado en el que la hostilidad hacia la acción sindical y las condiciones de empleo y trabajo es su principal característica.

La norma se inserta en un proceso paulatino de deterioro de la estabilidad normativa como base de cualquier política laboral y de la seguridad jurídica derivada. Modifica de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral que ya se habían ido cambiando en un proceso de idas y venidas a partir de mayo de 2010, y en especial supone una modificación sustancial de la Ley 35/2010 y del RDL 7/2011, que constituían el núcleo de la anterior etapa reformadora, con afectación de las mucho más recientes leyes de Seguridad Social y de Jurisdicción Social. Pulveriza por tanto el marco legal que se había ido generando en los últimos dos años con vocación de permanencia. Paradójicamente, la reforma actual quiere ser definitiva, como señala el preámbulo de la norma. No hay marcha atrás por tanto en el proceso de desregulación.

La norma desprecia la buena fe de los sindicatos que han desarrollado en el espacio de la autonomía colectiva un diseño de cesiones de derechos mediado por la contratación de sus aspectos concretos – la flexibilidad interna negociada – que está acotado temporalmente hasta el 2014 en razón de unas expectativas razonables de duración de la emergencia económica y social. Por el contrario, la ley hace permanente el contenido del Acuerdo, lo arranca del espacio de la autonomía colectiva y lo desnaturaliza de forma definitiva al eliminar paralelamente los más importantes mecanismos de contratación de la restructuración de empleo y fortalecer doblemente tanto la “decisión empresarial de carácter colectivo” como la decisión unilateral del empresario en la extinción de los contratos de trabajo. El RDL 3/2012 además, expulsa al convenio colectivo y su función normativa de las condiciones de trabajo de todas las empresas en dificultades económicas, lo que tendrá especial incidencia en las PYMEs. Introduce en el sector público mecanismos de extinción generalizada de contratos sin las garantías colectivas ni de estatuto que antes tenían los trabajadores de aquél. Es hostil al sindicato y a su capacidad de regular colectivamente la situación del empleo. Quiere al empresario como autoridad incontestable en los lugares de producción, en donde se sustituye la procedimentalización y contratación de las decisiones sobre las condiciones de trabajo y las previsiones de empleo por la unilateralidad de la decisión del poder empresarial a la que se dota siempre de carácter definitivo para modificar sustancialmente el contrato de trabajo y para extinguir la relación laboral. El poder contractual del sindicato sólo es aceptado en la medida en que coincida con la decisión del empleador, con su proyecto organizativo y directivo.

Ese autoritarismo normativo doble – en cuanto que ignora los mecanismos de publicidad y debate en la creación de la norma y en cuanto que impone la autoridad incontestable del poder privado empresarial sobre las personas – actúa tanto en la vertiente colectiva como en la individual de garantía de los derechos de los trabajadores. El asociacionismo empresarial ha saludado esta reforma como necesaria y conveniente. De esta manera, reniega expresamente de la vía del diálogo social que parecía haber elegido hace tan sólo unas semanas con la firma del Acuerdo con los sindicatos más representativos. Acuerdo que, no es necesario insistir en ello, ha sido revocado en la práctica por la norma.

El RDL 3/2012 genera fuertes dudas sobre la inserción constitucional de algunas de sus prescripciones. Se renuncia implícitamente al papel que el art. 40.2 CE asigna a los poderes públicos de llevar adelante una política orientada al pleno empleo, al anular el sistema de control administrativo y colectivo de los despidos colectivos, y es muy cuestionable que la vulneración del derecho al trabajo mediante el despido sin causa o arbitrario, se regule permitiendo en todo caso al empleador prescindir del trabajador injustamente despedido abonándole una indemnización reducida y limitada que pierde su carácter disuasorio y sancionatorio del acto lesivo del derecho constitucional al trabajo. Por otra parte, la fijación de un período de prueba de un año no sólo descausaliza esta institución – que busca verificar si el trabajador es competente para el trabajo para el que fue contratado - sino que implica una situación en la que se permite el libre desistimiento prohibido en nuestro sistema constitucional. La aplicación que realiza de la irretroactividad de la aplicación de las indemnizaciones reducidas por despido improcedente, de manera que la “rebaja” indemnizatoria comienza a contar a partir del día de publicación de la norma para los despidos de aquellos contratados con anterioridad a la misma, no respeta el principio establecido en el art. 9.3 CE. Es también llamativo la configuración de la "decisión empresarial de carácter colectivo" como una nueva fuente de producción de normas laborales que se opone de forma excluyente a la negociación colectiva, que es el instrumento que privilegia el art. 37 CE para la regulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y que se relaciona directamente con la libertad de acción sindical protegida en el art. 28 CE. Y así sucesivamente.

Este Real decreto de urgente necesidad– cuyos contenidos concretos ya irán siendo analizados en su momento – nos aboca a una situación irremediable de conflicto social, lo que sin duda ha sido valorado como un coste asumible por parte del gobierno legislador. Quizá un daño colateral que se tiene ya amortizado, como se dice en la jerga al uso. Una situación de conflicto difuso, no sólo en el enfrentamiento frontal entre el sindicalismo y el poder público, sino en una buena parte del panorama económico y social tanto en el sector público – donde la extinción de los contratos por razones presupuestarias y de liquidez de las administraciones va a abrir la espita de los despidos en masa – como en el sector privado. Que el gobierno haya sacado la norma adelante tal como se comprometió ante los reguladores del mercado financiero europeos y la defienda con convicción fanática es una cosa, y otra es comprobar que esta (des)regulación ha hecho las delicias de los representantes de la (cada vez más) libre empresa y de la economía del mercado.

En efecto, una parte del empresariado exulta ante esta pieza legislativa expresiva de un clasismo que hace mucho tiempo no veíamos en el BOE. Llevados por la satisfacción que produce ser reconocidos públicamente como clase dirigente que normativiza sus deseos e intereses de forma directa, sin mediaciones ni contrapesos, demuestran su seguridad aplastante en la violencia del poder privado como única forma de encarar la regulación de las relaciones de trabajo. Confían plenamente en que el sindicalismo confederal, el único realmente organizado en los lugares de producción y en enclaves sociales muy relevantes, sea incapaz de mantener una conflictividad permanente que ponga en riesgo sus expectativas de negocio y su tasa de beneficio. Piensan posiblemente que será el espacio de la política de gobierno y el del sector público el que las fuerzas sindicales recorrerán prioritariamente, de forma que el sector privado, sobre el que pesan como losas los más de cinco millones de parados, será poco o apenas alcanzado por esa onda conflictiva. El desgaste de la reforma lo endosan por tanto al gobierno legislador y a sus recortes en el sector público, sin que se genere demasiado coste en el sector privado. Ya veremos si estas razonables previsiones se cumplen en la realidad ante una fractura social tan intensa como la que se está generando con la cooperación necesaria del empresariado español.

La situación es crítica, y la acción de los poderes públicos como salida de la crisis demuestra su alineamiento claro con el privilegio económico y el autoritarismo no sólo económico y empresarial. Ahora comienza una larga marcha de conflictividad y de crítica política que tiene que culminar en el medio plazo con la abolición de esta normativa clasista. Y que sin duda conducirá a la renovación de la acción sindical, de las formas de conflicto y de incidencia social de los sujetos sociales, en torno a un proyecto de regulación garantista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hay que confiar en que en esa dirección los partidos políticos progresistas cooperen eficazmente. El camino es largo y es difícil, no sólo porque son muy fuertes las posiciones de los adversarios y la desigualdad entre las partes de la confrontación se incrementa cada día, sino porque el contexto cívico es muy estrecho y las carencias en la difusión generalizada de un pensamiento democrático se revelan decisivas en orden a dar la vuelta a esta situación de opresión y de domesticación del trabajo como punto de partida de una sociedad más igualitaria. Pero de estos temas se seguirá hablando con toda seguridad en los días inmediatos.

TIEMPOS DIFÍCILES (III) PARA LA ACCIÓN DEL ESTADO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

2012-02-10T22:13:00.000+01:00

Siguiendo la senda sobre los tiempos difíciles que nos toca vivir en España, con esta entrega se cierra la mini-serie iniciada el lunes, haciéndola coincidir con la convocatoria de mañana a las 12 de la mañana en Toledo de una manifestación regional en Castilla La Mancha en defensa de los servicios públicos. De todas formas, los acontecimientos se suceden cada uno más amenazador que el anterior. Ayer la condena de Garzón - que ha generado una inmensa reacción ciudadana dentro y fuera del territorio nacional y la exigencia del Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos de que España derogue la Ley de Amnistía - y hoy el anuncio de la reforma laboral "muy agresiva" como anunció Luis de Guindos y a la que se dedicarán algunas entradas en este blog en cuanto conozcamos el texto desarrollado del Real Decreto - Ley.

Como se decía en entradas anteriores, una segunda vía de intervención como medida de salida a la crisis, se vuelca en el terreno social, y cobra cuerpo en una hostilidad beligerante contra lo público y lo estatal. El desmantelamiento progresivo y la privatización de los espacios y servicios públicos de formación, de cuidado y de asistencia es un objetivo prioritario tanto de la política estatal como, de forma muy señalada, de las comunidades autónomas. Educación y sanidad como territorios de lucha muy destacados, que se proyectan y replican en muchos otros aspectos de la asistencia social y de las prestaciones públicas insertas en un sistema de protección social. La destrucción de la esfera pública, acelerada por el tratamiento que se ha aplicado a la crisis, ha degradado la sensación de pertenencia a una dimensión colectiva, destruyendo por tanto la solidaridad entre los seres humanos. La miseria y la pobreza crecen indefectiblemente en ese panorama en donde el principio igualitario y su consideración material, reconocidos como eje del constitucionalismo del trabajo y de la cláusula social que compromete la acción del Estado, son conscientemente negados. Debilitando y en algunos casos destruyendo literalmente las estructuras de asistencia, de protección y de defensa económica se coloca a los ciudadanos en una situación de subalternidad social, proscribiendo las nociones de servicio público y de gratuidad en las prestaciones básicas

Estamos acostumbrados a que en el sector público las intervenciones anti-crisis se centren en la reducción salarial directa o la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a través del mecanismo de congelación de los mismos, y en una política de contención del gasto y de la plantilla de personal, lo que aparece además reforzado por la cláusula de estabilidad presupuestaria y su concreción legal. Se valora correctamente el carácter “injusto y suicida” de esta política en orden al desarrollo económico y a la creación de riqueza, como ha afirmado J. Coscubiela, “El PP se estrena con políticas injustas y suicidas”, Nueva Tribuna, 13 de enero 2012, http://www.nuevatribuna.es/opinion/joan-coscubiela/2012-01-08/el-pp-se-estrena-con-politicas-injustas-y-suicidas/2012010821243700194.html, pero no se reflexiona suficientemente sobre los múltiples aspectos problemáticos que estas acciones están planteando en el campo del empleo público con efectos devastadores. El Estado se quiere definir como un espacio singular de reglas separado y aislado de las que rigen la relación entre ley y convenio colectivo en la producción de normas laborales, y en el que se quiere crear una barrera inmunitaria frente a la vigencia efectiva de la libertad sindical colectiva de actuación en la regulación colectiva de las relaciones de trabajo en el empleo público.

El sistema español se basa en la fuerza vinculante del convenio colectivo de eficacia normativa y general. En la crisis, la ley está creando un estado de excepción económico que modifica directamente el contenido de los convenios colectivos y persigue que éstos no se apliquen en aspectos sustanciales. Con ello se vacía de contenido el derecho de negociación colectiva, haciendo perder sentido a la libertad sindical, cuyas facultades especiales reconocidas por ley orgánica de ordenar y disciplinar las condiciones de trabajo y de empleo, quedan vanificadas por la legislación de urgente necesidad. El proceso afecta a la negociación colectiva en el sector público, reconocida de forma amplia en el EBEP y a la que se aplica como regla general de crisis la excepción muy limitada que señala el apartado 10 del art. 38 EBEP, el cual garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, “salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público”. La excepcionalidad y gravedad de la situación que altera sustancialmente las circunstancias económicas se alega ahora masivamente como cláusula de estilo para derogar y modificar los pactos y acuerdos de los empleados públicos, que ven así sustituida la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo pactadas entre los sindicatos representativos y la Administración, por una decisión unilateral del poder público que reduce los estándares salariales, de jornada y de prestaciones sociales que tenían reconocidos colectivamente. Ese proceso de verdadera confiscación de derechos constitucionales básicos, la libertad sindical y la negociación colectiva, se lleva adelante también por las administraciones autonómicas , donde hay más que fundadas dudas de legalidad sobre la capacidad de las leyes autonómicas y de los acuerdos de los órganos de gobierno de aquellas para reducir los derechos sindicales y las condiciones de trabajo. Y se realiza no sólo sobre los acuerdos y pactos de los empleados, sino sobre los convenios colectivos laborales de los trabajadores al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas concernidas, estatal, autonómica o local y en las empresas públicas.

Mediante la ley de excepción económica por causa de la crisis, se anula en la práctica la negociación colectiva y la acción sindical colectiva en la regulación de las condiciones de trabajo. El sector público es por tanto un campo avanzado de la tendencia a privar a los sindicatos representativos del poder normativo que la ley orgánica de libertad sindical les reconoce. Cabe preguntarse por el significado político – constitucional de esta tendencia y si la singularidad del empleo público permite la aplicación masiva y generalizada de unas decisiones de inaplicación y sustitución de acuerdos, pactos y convenios colectivos en este sector sobre la base de una consideración unilateral del “interés público” en cuya definición no tiene cabida el pluralismo social ni el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española.

Pero además, y contra lo que normalmente se tiende a creer, el espacio del empleo público está siendo colocado en el centro de las tácticas de “aligeramiento” y reducción de efectivos, con una amplia flexibilidad en la obtención de dichos objetivos y una correlativa pérdida de garantías. La muy criticada doctrina del Tribunal Supremo que creó una nueva categoría de trabajadores en la Administración, el indefinido no fijo, ha consolidado un tipo contractual en una especial situación de riesgo en orden a la amortización de su plaza o la negativa a convocarla, sin que se prevea una indemnización ni exista control sindical ante la extinción del contrato en los casos de despido colectivo. Además la privatización de los servicios públicos ha generado una gran cantidad de externalizaciones de servicios y prestaciones de las administraciones públicas a partir del esquema de la contratación de servicios mediante contratas y subcontratas. La estrategia de reducción del gasto y la política de austeridad conduce a no pagar a la contrata, rescindirla y posteriormente volver a ofertarla a un precio más bajo. Las consecuencias respecto de la reducción de empleo tras la rescisión y renegociación de la contrata y la cadena de subcontrataciones sucesivas son muy graves, y plantean numerosos interrogantes sobre la responsabilidad solidaria de la entidad pública contratante y las empresas contratistas que ya no funcionan.

Estos conflictos sobre el empleo en el sector público, en donde la capacidad de regulación colectiva y sindical de las condiciones de trabajo ha sido reducida a la nada, con grave quiebra de los principios constitucionales, permite que se extienda, a la manera de lo sucedido en el sector privado, la precariedad y flexibilidad en muchos de sus circuitos de prestación de servicios. Es importante señalar que su desarrollo coincide con la apertura de debate sobre la necesidad de que el usuario del servicio proceda a pagar una parte de su coste como forma de sostenibilidad del mismo. La transformación de usuario en cliente parece que de por sí permitiría mejorar la calidad de las reducidas prestaciones sociales de origen y carácter público.

Se está produciendo por tanto un cambio profundo en la consideración de las coordenadas básicas de una civilización construida en torno al valor político del trabajo y a unos derechos de ciudadanía en el plano social guiados por un principio igualitario sostenido por la acción del Estado social. Este cambio se viene efectuando bajo la amenaza de la crisis y la presión de los mercados financieros y se presenta pues como una situación de excepción a las reglas políticas y jurídicas democráticas que no se consideran idóneas para gestionar la situación de emergencia. De esta manera implícitamente se hace circular la idea de que la democracia en su componente político-social y sus dimensiones pública y colectiva es un método de gobierno inapropiado frente a las situaciones críticas del sistema económico y que por consiguiente deben ser resueltas prescindiendo de esas dimensiones.

Son tiempos duros, ciertamente, tiempos difíciles, pero el resultado final de estos procesos está abierto. Como el propio tiempo de duración de la crisis, cuyo final se reenvía constantemente dos años más tarde de la fecha en la que se había anunciado el momento de la recuperación. En ese tiempo dilatado, aumentan los riesgos de fractura social y el sindicalismo está abocado a impulsar movilizaciones de resistencia, a la vez que intenta construir una propuesta coherente con la situación de crisis a la que nos enfrentamos, desde la cual explicar su propio programa de acción y afianzar su mediación representativa en el empleo y en el trabajo. Pero los juristas del trabajo no pueden refugiarse en el restringido círculo de los comentarios académicos manteniendo un silencio suficientemente elocuente de su irrelevancia mediática. Es importante considerar el espacio de los derechos laborales como un terreno de confrontación ideológica y de orientación cultural y política contrahegemónica que requiere una presencia organizada de los juristas del trabajo interesados en preservar el modelo constitucional de democracia social y la renovación de la esfera pública en un sentido democrático real.

ORÍGENES DEL CONTRATO DE TRABAJO. UN SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

2012-02-10T10:19:00.001+01:00

Mientras en Madrid se condenaba al juez Garzón por el caso de las escuchas de Gürtel, dado un mensaje doble a la sociedad sobre la intagibilidad de determinadas burocracias de partido y su red de corrupción, y el máximo castigo al magistrado que intente perseguir esos delitos, se celebraba en La Laguna, en un caserón propiedad de la Real Sociedad Económica de amigos del País de Tenerife, un seminario de estudios con la finalidad de analizar los orígenes del contrato de trabjo y de la seguridad social en España. A ese evento pertenecen las fotografías que enmarcan este post.

En tiempos de mudanza y de transformación profunda de las coordenadas dentro de las que se mueve el Derecho laboral, se aprecia un retorno a la historia y a interrogarse sobre la trayectoria del mismo. Este es el objetivo del seminario que se ha hecho coincidir con la publicación del libro de Manuel Álvarez de la Rosa, "La construcción jurídica del contrato de trabajo" , en la Universidad de La Laguna (Tenerife, Canarias). y que se ha ido desarrollando entre ayer y hoy. El programa ha resultado el siguiente:

En primer lugar, y tras la salutaciones de las autoridades, entre ellas la Consejera de Empleo, Comercio e Industria de la Comunidad insular, la también profesora de Derecho del Trabajo Margarita Ramos, se dió comienzo al acto con la conferencia inaugural de Manbuel Álvarez de la Rosa sobre la influencia del pensamiento católico - el catolicismo social - en el proceso de reformas legislativas sobre el trabajo. Carlos Palomeque estudió la construcción legislativa del contrato de trabajo en el ordenamiento español, y, para terminar la sesión de la mañana, Antoine Jeammaud explicó la evolución del derecho del trabajo francés desde el arrendamiento de servicios del código civil hasta el contrato detrabajo en el vigente ordenamiento francés.

Esta primera fase se complementó con dos nuevas aportaciones que se alejaban de la perspectiva y de la forma de abordaje de los problemas jurídicos (y políticos) presentes en la sesión de mañana dedicada a la libertad y subordinación "en los orígenes" del contrato laboral. Se trató de las intervenciones de Maria Emilia Casas sobre la presencia de la igualdad en las transformaciones del Derecho del trabajo, y la de Antonio Baylos sobre la contraposición, sacada de un conocido texto de Karl Korsch entre la "constitución del trabajo" y el "contrato libre de trabajo", en la que se presentó la dimensión colectiva de la regulación del trabajo como un espacio de conflicto y de afirmación alternativa a las categorías centrales de la regulación jurídica, la norma estatl y el contrato libre.

Están previstas para hoy las intervenciones de Antonio Ojeda que analizará los supuestos contractuales en las relaciones industriales anteriores a la elaboración del contrato de trabajo, Jose Luis Monereo abordará los presupuestos histórico-institucionales de la Seguridad Social en la constitución social del trabajo y, como conferencia de clausura, Antonio Álvarez de la Rosa, catedrático de filología francesa, disertará sobre "Víctor Hugo y Flaubert: de los miserables a la clase obrera".

Al seminario han acudido un buen número de profesores del área de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna, junto con muchos otros de diversas universidades españolas, de Las Palmas de Gran Canaria, de Salamanca o de Navarra.

LA MANIFESTACIÓN DE MADRID Y SIR PERCIVAL

2012-02-08T01:18:00.001+01:00

Madrid salió a la calle en defensa de lo público. En la foto de abajo, dos invitados de postín. Adoración Guamán, profesora de Derecho del trabajo en la universidad de Valencia, y conocida activista del 15-M, y Rubén Cortina, secretario general de UNI- global, federación internacional americana integrada en la confederación sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. Ambos son socios del Ateneo Antonio Gramsci , de la hermosa ciudad de Parapanda.

El día del bicentenario de Dickens, ha discurrido por Madrid una inmensa manifestación de ciudadanos, trabajadores y trabajadoras principalmente, que han reivindicado lo público como sinónimo de acceso igualitario a los servicios y prestaciones sociales en un contexto desmercantilizado. En la estela de las primeras movilizaciones de la enseñanza secundaria, una convocatoria unitaria sindical - lo que en este sector es algo muy difíicl, ante la pluralidad acentuada de sujetos sindicales representativos - ha sacado a la calle a decenas de miles de personas que rechazan una política de recortes de los servicios públicos y de reprivatización de actividades y servicios. La nueva intentona de privatizar el canal de Isabel II es una muestra palmaria de esta política insensata e injusta.

Una respuesta tan masiva deja un mensaje muy neto de repulsa ciudadana y de exigencia de un cambio de política en la comunidad de Madrid. Se trata de una participación ciudadana importantísima que ningún gobernante puede ignorar.

Sin embargo, cuentan las crónicas que el consejero de Economía y Hacienda de la CAM, Percival Manglano, declaró que los sindicatos "se equivocan gravemente al convocar huelgas políticas y no leer los resultados de las elecciones". Además, puntualizó que las medidas que está tomando el Gobiernoson "reformas", no recortes, como informa la sufrida agencia Efe.

Sir Percival se equivoca gravemente. Para él, afirmar que una huelga es política resulta un demérito, pretende con ello desprestigiar - ¡otro más, ay! - a los sindicatos convocantes. Ignora que la huelga es política porque se trata de un derecho de participación de los trabajadores en cuanto ciudadanos que demuestran con la huelga y con la manifestación el royecto de sociedad que desean para su país o para su región, y este derecho está construido en la constitución en directa relación con un principio que Sir Percival no debe conocer, el principio igualitario sustancial que debe orientar la actuación del Estado social.

El consejero de economía de la CAM opone, como buen alumno de tantos otros maestros que querrían poner un cartel de do not disturb a sus acciones nefastas, la "voz de las urnas" a la "voz de la calle". El problema es que son planos diferentes. La elección de representantes políticos no impide el derecho de las minorías a intervenir en la publicidad política que rodea el proceso de creación de normas y reglas, y esta esfera, la de la política del gobierno y su control parlamentario, no puede colisionar con el goce de derechos fundamentales de libre expresión, de manifestación y de adopción de medidas de lucha sobre la base de discrepancias profundas de los ciduadanos con las políticas emprendidas.

Hay que entender el exabrupto de Sir Percival proque esta noche no ha sido buena para los gobernantes de la CAM. Ha demostrado que las políticas de desregulación y de austeridad que degradan y desmoronan el empelo público cuentan con una fuerte resistencia contraria por una parte cada vez mayor de la ciudadanía. Atentos al 11 de febrero en Toledo (en la comunidad castellano-manchega donde Cospedal es un clon de las políticas regrsivas de Aguirre) y en Barcelona (donde el nacionalismo catalán se ha reencontrado con su memoria más antiobrera y oligárquica), las dos próximas citas de la ciudadanía que quiere hacer setir su voz frente a la opacidad autoritaria de los gobiernos que reniegan del interés público al que deberían servir.

TIEMPOS DIFÍCILES (II) PARA EL DERECHO DEL TRABAJO

2012-02-07T00:19:00.000+01:00

Siguiendo con la mini-serie que aprovecha el bicentenario del nacimiento de Charles Dickens para glosar aspectos parciales de los “tiempos difíciles”, ahora le toca el turno a un derecho del trabajo al que interesadamente se le culpabiliza de la destrucción de empleo, sin que con anterioridad se le hubiera ensalzado por la creación exorbitante de empleo desde el comienzo de siglo hasta 2007. En la foto, dos miembros de una murga del conocido carnaval parapandiano comentan estas contradicciones antes de salir a escena. Una vez sin disfraces, acudirán a la manifestación que hoy, siete de febrero, recorrerá Madrid desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del sol en protesta por los recortes ene ducación, sanidad y servicios públicos.

La doble vía de intervención frente a la crisis, en el terreno de la producción y en el terreno social, se ha ido desplegando en España desde mayo del 2010 a través de un proceso ininterrumpido de cambios normativos en una escalada articulada entre disposiciones estatales y de comunidades autónomas. En el primer terreno, el de la producción, la normativa española ha profundizado paulatinamente en forzar espacios cada vez mayores de flexibilización del trabajo en paralelo a un proceso intenso de erosión de la negociación colectiva y de des-sindicalización de territorios extensos de la producción de bienes y servicios, no necesariamente coincidentes con la pequeña y mediana empresa. Estos procesos de desregulación colectiva implican el fortalecimiento del poder unilateral de los empleadores en la disposición del empleo y del tiempo de trabajo. No buscan la generación de empleo, como se afirma machaconamente por los dirigentes gubernamentales y las autoridades monetarias, sino la desestructuración del esquema representativo colectivo del trabajo y su confinamiento en un nivel de implantación reducido, reduciendo progresivamente su poder de negociación y de mediación representativa.

La inidoneidad de la ley laboral para la creación de empleo es una conclusión razonada unánimemente por los juristas del trabajo, También cuando las reformas laborales son de progreso, como la reducción del tiempo de trabajo en Francia. Su efectividad en términos de empleo es muy cuestionable, mientras que despliega sus efectos positivos en otros ámbitos de fortalecimiento colectivo y de cambio de cultura en la relación tiempo de trabajo y tiempo de vida, como señala Antoine Jeammaud, en su artículo “La experiencia francesa de reducción del tiempo de trabajo”, publicado en RDS nº 53 (2011), pp. 8 ss. Muy recientemente la ex presidenta del Tribunal Constitucional lo ha recordado en su lección magistral al serle conferido el doctorado Honoris Causa en la Universidad Carlos III de Madrid, hecho del que se ha dado cumplida cuenta en una entrada anterior de este blog. La profesora Casas explica que esta supuesta capacidad creadora de puestos de trabajo de la ley de reforma de la legislación laboral es negada tozudamente por los hechos, en especial respecto de la experiencia española de 2010 y 2011. “Las últimas reformas legislativas laborales, ordenadas ‘a recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo’, no lo han conseguido, y ello pese a haber situado a los empresarios ‘en una posición mucho mejor’ ante los riesgos de la contratación de trabajadores que la que tenían bajo unas leyes bajo cuya regulación, en cambio, la ocupación se incrementó en casi ocho millones de personas de 1995 a 2007” (…) “La inestabilidad crónica de las normas sobre política de empleo y modalidades de contratación laboral o los continuos ensayos sobre formación profesional e intermediación laboral prueban la radical e innegable capacidad de esas urgentes y fragmentarias normas reformadoras sucesivas para conseguir los fines que quieren alcanzar. En su reforma continúan está el reconocimiento mismo de su fracaso”. De esta manera, concluye, “de ese modelo de regulación laboral que se ha ido diseñando a golpe de reformas sucesivas, de las que se reclaman grandes remedios que los hechos desmienten, ha resultado un Derecho del trabajo que ni siquiera sostiene al conjunto de los trabajadores y no se compensa ni corrige las desigualdades fundamentales que han aumentado notablemente entre aquellos, al tiempo que asienta un modelo económico de baja productividad. Su superación es una necesidad casi unánimemente aceptada y un asunto absolutamente fundamental”.

Esta conclusión tan asertiva como desoladora es algo que todos conocen o más bien que todos conocemos. Las posiciones gubernamentales y empresariales que siguen entonando la melopea de la necesidad de seguir reformando la ley laboral como condición para la recuperación económica y la creación de empleo saben perfectamente que utilizan un argumento falso, que no resiste la comparación histórica con los ciclos de creación y destrucción de empleo en nuestro país, ni puede explicar las diferencias abismales entre las distintas regiones españolas en razón del nivel de empleo correspondiente. Esta consciente reiteración de la falsedad tiene que ver desde luego con el rendimiento seguramente muy eficaz en términos de opinión pública en la justificación de esta desregulación progresiva. También con la necesidad de desmontar las resistencias culturales a la flexibilización acelerada del trabajo, lo que se manifiesta en la opinión del primer ministro italiano “no político” o “técnico”, el financiero Monti, sobre lo “aburrido” de un trabajo estable, definido como una especie de cadena perpetua en la que el trabajador se encuentra encadenado a un mismo puesto de trabajo por toda la vida. El reverso de esta afirmación es lo verdaderamente significativo: los jóvenes deben acostumbrarse a que sólo obtendrán en su vida trabajo precario, temporal, inestable. Lasciate ogni speranza.

Pero el ligamen constante entre creación de empleo y desregulación laboral tiene también, como los problemas matemáticos, una pregunta oculta. Y ésta es una interrogación fundamental para el Derecho del Trabajo. Se trata de responder a la cuestión central sobre la conveniencia o inconveniencia del sindicato y de lo colectivo como elemento significativo y en algunos supuestos determinante, en la regulación de las relaciones de trabajo, del proyecto contractual y de su ejecución. La respuesta todavía no es explícita, como la propia pregunta, pero es crucial para la resolución del problema. Es seguro que existen tendencias contrapuestas que impiden una toma de postura clara por parte del empresariado. Un importante sector del mismo, en el que pesa decisivamente la experiencia histórica de treinta años de concertación social y de práctica de la negociación colectiva, entiende conveniente la presencia sindical y su capacidad de mediación representativa, aunque quiere sacar de la crisis una consolidación de su posición dirigente. La firma del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para los años 2012 – 2014 entre CEOE-CEPYME y los sindicatos confederales responde a esta idea y más allá de la regulación salarial que propone, la atención se debe focalizar en la confirmación que este instrumento realiza de la negociación colectiva como método prioritario de regulación de las relaciones de trabajo, y las previsiones que en él se establecen sobre la estructura de la negociación colectiva, los procedimientos de inaplicación del convenio sectorial y el amplio espacio concedido a las medidas de flexibilidad interna como fórmula de intercambio ante la reducción de plantillas y las extinciones de contratos como medidas organizativas de las empresas en esta crisis. En este sentido se ha pronunciado Joan Coscubiela, en su artículo “Una primera lectura de los acuerdos CCOO, UGT y CEOE”, Nueva Tribuna, 29 de enero 2012, http://www.nuevatribuna.es/opinion/joan-coscubiela/2012-01-25/una-primera-lectura-de-los-acuerdos-ccoo-ugt-y-ceoe/2012012500322900858.html.

Con ello el sindicalismo confederal entiende que puede preservar el núcleo de su poder contractual, legitimado y reconocido mediante el pacto con el empresariado.

Sin embargo, el Acuerdo no cierra la posibilidad de una nueva reforma laboral. Son muy fuertes las pulsiones a seguir degradando las garantías del empleo y a adelgazar el peso que tiene la dimensión colectiva en las relaciones de trabajo, sustituyéndolas por una visión organizativa definida unilateralmente por el poder privado del empresario. Y el nuevo gobierno ha anunciado, en efecto, que procederá a legislar sobre esta materia de forma tal -una reforma “dura” - que espera que los sindicatos convoquen una huelga general contra la misma. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, fue sorprendido por un micrófono abierto en el Consejo Europeo en Bruselas el 30 de enero de 2012 afirmando a su homólogo finlandés que “la reforma laboral me va a costar una huelga”, y hoy mismo los medios de comunicación explican que el gobierno se debate “entre la firmeza y el temor a una huelga por la reforma laboral” (Público, 6 de febrero 2012). En cualquier caso, la reforma parece "inminente" y la fecha que se maneja como definitiva es la reunión del consejo de ministros del viernes 10 de febrero. Y se rumorean visiones diferentes sobre el alcance - y la "dureza" - de las medidas que se quieren adoptar.

Por tanto son previsibles interferencias y “turbulencias” de la ley reformadora sobre el esquema fijado en la negociación colectiva. La ley 35/2010 intervino desautorizando una buena parte de los contenidos pactados en el I Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012, y reduciendo el campo de actuación del poder regulador colectivo del sindicato, por lo que es posible que también el gobierno del PP retome la práctica ya experimentada en la crisis de utilizar la norma legal de reforma para contrariar y eliminar lo pactado colectivamente. Es claro que con ello se produce una deslegitimación intensa de la constitucionalización del trabajo en su vertiente colectiva y sindical. No es sólo una cuestión privativa de España, Umberto Romagnoli la ha subrayado críticamente respecto de la experiencia italiana reciente, en el artículo “Diritto del lavoro: torniamo alla costituzione”, publicado en la revista digital Eguaglianza e libertà, http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1456 . Pero en todo caso es una operación profundamente antidemocrática de la que sin embargo en muchos ambientes no se es suficientemente consciente.

Tiempos difíciles por tanto para los elementos fundamentales que caracterizan el Derecho del Trabajo como un conjunto normativo de tutela legal y colectiva de las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores.

TIEMPOS DIFÍCILES. (I) PARA LA DEMOCRACIA

2012-02-06T00:28:00.000+01:00

En el 7 de febrero del año 2012 se cumplen doscientos años del nacimiento de Charles Dickens. Una de las novelas inolvidables del prolífico autor, que describió tan bien la sociedad inglesa de la industrialización es” Hard Times”, traducida al español como “Tiempos difíciles”. En homenaje a este bicentenario se inicia en el blog una mini-serie en la que se abordan de manera polémica algunos de los asuntos que hacen que nuestro tiempo se pueda verdaderamente definir como difícil. El primer post hablará de los tiempos difíciles para la democracia, el segundo para el derecho del trabajo, el tercero para el Estado y los servicios públicos. Ahí va el primero.

La salida de la crisis que ha elegido Europa se resume en el relanzamiento del beneficio empresarial y en la desestructuración de los sujetos colectivos que representan al trabajo asalariado. Para ello se actúa directamente en el terreno de la producción, mediante las llamadas “reformas estructurales” que conducen a la modificación permanente de la regulación laboral, y simultáneamente en el terreno social, debilitando y en algunos casos destruyendo literalmente las estructuras de asistencia, de protección y de defensa económica de los ciudadanos colocados en una situación de subalternidad social, proscribiendo las nociones de servicio público y de gratuidad en las prestaciones básicas. Es un diseño ya experimentado en la década de los noventa del pasado siglo en países en vías de desarrollo, como Latinoamérica, y que ha generado un evidente efecto destructivo sobre el ambiente social, ecológico y cultural de este mundo global. Este es el significado profundo de la contrarrevolución que se inició en los años 80 en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de Reagan. La relación de estas políticas de destrucción y privatización de las estructuras sociales que garantizaban niveles mínimos de cuidado y de servicio con la escasez y la generación de nuevos chantajes sobre el trabajo en un mercado laboral cada vez más informal y flexible, es un fenómeno político puesto de manifiesto por muchos analistas, como sintéticamente expone el tema, F. Berardi, “Bifo”, en el libro que ya comentamos en el último post, El sabio, el mercader y el guerrero. Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariado, Acuarela & Machado Libros, Madrid, 2007, pp. 127 – 130.

En el caso español esta doble vía de acción contra lo público y lo colectivo se acompaña de una crisis de las garantías democráticas básicas, virtualmente suprimidas en el curso de un proceso de reformas y de toma de decisiones justificadas en la necesidad o en la irresistible imposición externa de los poderes económicos y financieros. La crisis de la democracia – “por arriba” y “por abajo” en la explicación de Ferrajoli en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 2011 - se acentúa y los rituales democráticos fundamentales, las elecciones políticas, el proyecto diferenciado de sociedad que presentan los partidos, el respeto de la voluntad popular expresada en los resultados electorales, resultan pulverizados como consecuencia de las prácticas políticas justificadas como reacción ante la crisis. La indiferencia del proyecto político defendido por los dos grandes partidos institucionalizados y la anulación de cualquier atisbo de soberanía popular en la adopción de medidas de alcance general es una realidad alentada además por unos medios de comunicación dominados por un poder económico concentrado que vacía de contenido el derecho a una información veraz, anulando sus garantías.

Las reformas laborales se han realizado desde mayo del 2010 por el procedimiento de excepcional urgencia y necesidad, evitando la discusión previa y pública en el parlamento de los textos de reforma. La reforma de la Constitución, que ha restringido de forma importante el alcance y la extensión de la cláusula social de la misma, se ha efectuado – “con sentido de Estado” – mediante un pacto entre las oligarquías burocráticas de los partidos mayoritarios excluyendo expresamente someter el texto al refrendo de la voluntad popular. Los mecanismos democráticos se presentan como “formalismos” que enervan la toma de decisiones “necesarias”, de manera que se dejan de lado en la práctica de la “gobernanza” cotidiana y se sustituyen por impulsos y automatismos predeterminados y codificados en otro lugar, en el “nivel adecuado” donde se adoptan las decisiones determinantes, y cuya traducción en los diferentes espacios nacionales se realiza con cada vez mayor opacidad y autoritarismo. Triunfo del principio oligárquico, es la afirmación de “un largo Termidor” en las sociedades europeas del siglo XXI, en referencia al conocido libro de Gerardo Pisarello, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta, Madrid, 2011.

La experiencia española última, en donde las reformas postuladas no son conocidas por los ciudadanos hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, ha generado un estilo de gobierno casi profético en el que se da por hecho que estos tiempos son malos pero vendrán tiempos peores, o, lo que es lo mismo, que las reformas “más dolorosas” para la ciudadanía están por llegar y aunque no se sabe en qué van a consistir, es lo cierto que llegarán y “exigirán más sacrificios”. Es posible que practicando tal hermetismo amenazante se pretenda excitar en la sufrida ciudadanía social imágenes variadas de distopías atravesadas por angustiosas pesadillas y de una sensación de miedo invencible al futuro con efectos paralizantes. Sin excluir esta intención de influir en el imaginario social, la opacidad gubernamental se explica públicamente sobre la base de que el conocimiento de las medidas concretas a adoptar tendría consecuencias negativas en los comicios andaluces por celebrar el 25 de marzo para el partido vencedor el 20 de noviembre a nivel estatal. De esta manera es explícita la concepción negativa que el gobierno tiene de las elecciones, que no considera un momento decisivo de formación libre de la opinión pública. “Ahora no toca” conocer lo que el gobierno pretende hacer no sea que su programa de gobierno pueda ser valorado – positiva o negativamente - por los ciudadanos a través del procedimiento de elección democrática. No se trata por tanto de comportamientos ya conocidos de incumplimiento del programa presentado a los electores como un “contrato” frente al que cabe una responsabilidad política o moral, sino de la consideración del juicio ciudadano sobre el proyecto político como algo intranscendente. La liturgia electoral simboliza el premio o el castigo a los gobernantes por lo que han hecho (o por lo que no han hecho), pero no permite decidir cómo se debe gobernar.

Tiempos difíciles para la democracia.

LOS RATONES EN LA RUEDA

2012-02-04T01:17:00.001+01:00

Ha sido noticia en todos los medios la intervención del nuevo ministro de educación, cultura y deporte, señor Wert, en la que ha anunciado el fin de la asignatura “educación para la ciudadanía” por tratarse de una materia en la que se producía un “adoctrinamiento ideológico” diferente al permitido – por ejemplo en la asignatura de religión, católica, por supuesto – porque se caracteriza por ser claramente crítico con el sistema económico y político. Para ello, en un ejercicio de manipulación sólo puesto de manifiesto por medios de comunicación minoritarios – y alguno de ellos en concurso de acreedores, o sea en peligro inmediato de extinción por asfixia económica – el señor ministro no dudó en recurrir a un libro de la editorial Akal en el que se criticaba ácidamente el contenido y el diseño de la asignatura “Educación para la ciudadanía” y en el que los autores criticaban el capitalismo y utilizaban la imagen del premio nobel Galbraith según la cual “los capitalistas son como ratones en una rueda en la que corren cada vez más deprisa para poder correr cada vez más deprisa”. De comentarios de este tipo el ministro Wert deducía el sesgo “anticapitalista” de la asignatura, lo que justificaba su supresión, indicando de manera implícita que tal orientación crítica con el sistema actual es incompatible con el sistema educativo patrio. Lamentablemente el Sr. Ministro no había reparado en que esa cita no correspondía a ningún manual de la asignatura, sino a un ensayo que la criticaba desde planteamientos filosóficos y políticos, ni, una vez constatado ese supuesto error – compartido con un panfleto de la fundación FAES, dirigida por José María Aznar, ya desde 2007 – ha tenido a bien excusarse por esa burda manipulación.

Pero dejando de lado este asunto, la cita de los ratones y de la rueda ha refrescado la memoria de esa misma cita empleada en un contexto diferente, mucho más concreto y “situado”. Se trata de unos párrafos del libro de Franco Berardi, Bifo, que lleva por título “El sabio, el mercader y el guerrero. Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariado”, publicado en el 2007 conjuntamente por Acuarela y Antonio Machado. Se refieren a una realidad cotidiana en nuestro tiempo, acentuada con la llegada de la crisis, sobre la apropiación del tiempo por el poder privado del capital. Los párrafos son los siguientes:

“Una persona nacida en 1935 trabajaba 95.000 horas en el curso de su vida. Para los nacidos en 1972 se preveía una vida laboral de 40.000 horas, pero se calcula que los contratados en el 2000 deberán hacerse a la idea de trabajar en torno a las 100.000. Se invierte así una tendencia secular a la reducción constante de las horas de trabajo. A partir de los años 80 nos hemos visto obligados a trabajar cada vez más para compensar la caída continua del poder adquisitivo de los salarios, para hacer frente a la privatización de un número creciente de espacios y de servicios sociales, y para poder comprar todos aquellos objetos que el conformismo publicitario impone a una sociedad en la que las seguridades psicológicas colectivas se han debilitado. (…)

La retórica política de las últimas décadas insiste en la libertad individual, pero el tiempo del trabajador celularizado de las personas es sometido a condiciones de tipo esclavista. Aunque se respete perfectamente la libertad formal, la libertad es suprimida en el ejercicio concreto del tiempo de vida. La libertad es puramente virtual, formal, jurídica. En la realidad ya nadie puede disponer libremente del propio tiempo. El tiempo no pertenece a los seres humanos concretos (y formalmente libres) sino al proceso integrado de trabajo. (…)

El esclavismo contemporáneo no está desde luego establecido formalmente por la ley, sino rigurosamente incorporado a los automatismos tecnológicos, psíquicos y comunicativos. En las áreas periféricas del mundo donde las grandes empresas globales han localizado sus manufacturas, el esclavismo es fácilmente reconognoscible: las condiciones de trabajo son nocivas y humillantes y los salarios tan bajos que a duras penas se puede sobrevivir. En el corazón de las metrópolis globales, sin embargo, tiene rasgos originales: trabajadores cognitivos translúcidos, hiperactivos, voluntariosos y sobreexcitados corretean en el tráfico ciudadano inhalando veneno y parloteando por el móvil. También ellos están obligados a seguir un ritmo que han dejado por completo de controlar. Como ratones en una rueda, han de correr cada vez más rápido para pagar los costes de una vida que ninguno vive ya”.

El autor lo emplea para describir el hiperactivismo laboral identificado con el éxito que caracteriza el trabajo cualificado – cognitivo – a partir de los años 90 y movilizaba tantas energías, invirtiendo “hasta el último gramo de vitalidad en la carrera frenética de la productividad”. Era la “carrera del ratón” que expresaba la movilización psíquica constante de los individuos que trabajan, exigida por el frenesí competitivo y que borra las fronteras entre tiempo de vida y tiempo de trabajo.

EL MODELO CHINO DE “ECONOMÍA SOCIALISTA DE MERCADO” Y LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO.

2012-01-31T13:39:00.004+01:00

En el escenario que ha creado la crisis del 2008 en los países desarrollados, todos hablan de China, que se ha convertido en la segunda potencia económica mundial y muestra un desarrollo económico permanente y en progresión. El modelo chino de crecimiento económico, que tiene su origen en la política de apertura y de reforma a partir de 1978, y que se desarrolla durante la década de los ochenta en la reforma de las empresas estatales, encuentra su formulación adecuada en la expresión “economía socialista de mercado” (que conviene no confundir con la que aparece en el Tratado de Lisboa caracterizando la Unión europea como “economía social de mercado”).

El conocimiento de los logros económicos de este país, el incremento de sus cuotas de mercado y su penetración en áreas económicas en concurrencia con las empresas europeas o estadounidenses (en el 2010, un 12,4% del comercio mundial de mercancías, inmediatamente después del 13,6% de USA y el 15,8 de la Unión europea), su actuación de compra masiva de títulos de deuda pública extranjera en los mercados financieros, o tantas otras características del “gigante chino”, han dejado en la sombra un aspecto esencial, el de las relaciones laborales en aquél país, de las que sólo se conoce su bajo nivel salarial y alta tasa de explotación de la fuerza de trabajo que se explica como un dato que favorece su competitividad a nivel mundial y la atracción de inversiones extranjeras al país.

Sin embargo, conocer cómo se regulan las condiciones de trabajo en China es un vector determinante en el análisis del modelo de crecimiento global que hay que poner en relación con la vigencia de derechos fundamentales en el trabajo cuya preservación en el plano global es un objetivo de civilización en cuya consecución trabajan sujetos globales como el sindicalismo internacional, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, foros sociales y fuerzas políticas de progreso. Las dificultades del idioma, la lejanía cultural y un hermetismo político muy acentuado, han impedido acceder a estas informaciones, por lo que normalmente se despacha el tema sin atender ni conocer los cambios que se están produciendo en esta materia, en especial a partir del 2007. En España, tenemos la fortuna de contar con los análisis que Isidor Boix desde la secretaría internacional de FEIQA-CCOO ha venido realizando en etapas diversas, y que ha ido señalando estos cambios y movimientos desde la perspectiva sindical, ofreciendo como es habitual en él, un rico análisis político sobre el terreno (cfr. http://www.iboix.blogspot.com/) .

Felizmente, acaba de publicarse un dossier especial sobre “los retos del derecho social en China” en el último número de la nueva revista francesa Revue de Droit Comparé du Travail et de la Securité Sociale, editada por el COMPTRASEC de la Universidad Montesquieu de Burdeos, de la que es directora Isabelle Daugareilh y redactora en jefe Sandrine Laviolette. En ella, un grupo de diez profesores de universidades chinas exponen de forma sintética el contenido de la regulación jurídica del trabajo, la protección frente a la siniestralidad laboral, y la organización de la sanidad y la seguridad social en China, con especial atención a las carencias de la misma respecto de los trabajadores migrantes del campo a la ciudad y a la industria en China.

Todo el conjunto de informaciones que proviene de la lectura de las intervenciones que componen el dossier temático es realmente interesante, pero basten ahora algunos apuntes sobre la regulación de las relaciones laborales. El tránsito de la economía socialista publificada a la economía socialista de mercado comportó, como es sabido, toda una ruptura de los equilibrios sociales construida por el régimen maoísta, que llevó a situaciones de sobre-explotación laboral y social derivadas de una utilización “libre” de la fuerza de trabajo en los mercados abiertos a la empresa privada y las inversiones extranjeras. La presión social sobre el Partido Comunista Chino hizo que en el 2007 se produjera una importante reforma legal: la ley sobre el contrato de trabajo –que incorporaba asimismo una regulación de la negociación colectiva – la ley de fomento del empleo y la ley sobre la mediación y el arbitraje en los conflictos de trabajo. La dimensión individual del contrato de trabajo resulta priorizada en este impulso reformista, que busca la reducción de la vulnerabilidad de los trabajadores frente al empleador, reforzando el contrato por tiempo indefinido, las obligaciones del empresario en la forma de la contratación y garantizando la cobertura a la seguridad social de los trabajadores. La restricción de la temporalidad, que es la regla general de contratación en el periodo que va de 1994 a 2007, es todavía pequeña, aunque la norma prevé en todo caso una indemnización por fin de contrato de un mes de salario por año de servicio. El desarrollo de las prácticas de interposición y “puesta a disposición” de mano de obra temporal ha crecido y se desarrolla de forma muy rápida, generando un amplio margen de desprotección y de elusión de las normas de tutela del trabajo estable. La estructuración territorial de la República Popular hace que la vigencia de la ley estatal tenga ciertas resistencias en su aplicación por los gobiernos locales, que interpretan normativamente la ley restringiendo las garantías previstas en ella para los trabajadores. Sin embargo las sanciones administrativas se han reforzado en la ley ante incumplimientos empresariales de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y de cotización a los fondos de la seguridad social. Pero el control público-administrativo se debilita ante las presiones de los gobiernos locales por el mantenimiento y localización de empresas en su territorio. De hecho el FMI criticó de forma directa la legislación protectora del 2007 como desincentivadora de la inversión extranjera en la República Popular China y como un factor que podía desalentar el crecimiento económico y la construcción de la riqueza.

Lo más llamativo para un observador extranjero es el ingreso de un ordenamiento laboral extremadamente publificado en un contexto económico regido por la empresa privada y en donde el contrato marca la relación de trabajo que se establece a nivel individual. El campo de aplicación de la norma laboral - y los derechos que garantiza - se ha ampliado a un número cada vez mayor de trabajadores. La precisión legal de la contraparte empresarial se ha sistematizado también en la ley, a través de una tipología de empresas en las que se aplica la norma laboral. Pero todo el juego de relaciones se desenvuelve en el plano de lo individual, en el que la correlación de fuerzas introduce desequilibrios poderosos a favor del empleador.

Todos los comentaristas subrayan la debilidad del sindicalismo oficial y la regulación “al menos inapropiada” del aspecto colectivo, desde los convenios colectivos generados “desde arriba” hasta la inactividad del sindicato en la tutela de los derechos de los trabajadores. Por eso – y es un fenómeno que ya había señalado Isidor Boix – los conflictos laborales han ido aumentando y han conocido una verdadera explosión en el 2010, como consecuencia de la reacción empresarial de rebajar salarios y condiciones de trabajo tras la repercusión de la crisis de 2008 sobre la producción y el comercio chino – en 2009 el comercio mundial dio resultados negativos – a través de huelgas de empresa y amplios conflictos sociales. En ellos se exigía aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo y el derecho de elegir a los propios representantes sindicales, poniendo en crisis la función del sindicalismo “oficial” y único de la ACTFU (Federación Panchina de Sindicatos). El tránsito del sistema en el que empresas y sindicatos velaban por la aplicación del Plan a un sistema de libre empresa con plena individualización contractual de las relaciones laborales se ha efectuado sin poner en marcha ni consolidar una vertiente colectiva autónoma. Al contrario, con reducción de los derechos colectivos, como sucede de manera sintomática con el derecho de huelga. Reconocido éste en la Constitución de 1975, en el marco de la Revolución Cultural, y mantenida por la restauración de 1978 de Den Xiao Ping, fue sin embargo derogado a partir de 1982, sin que aparezca como derecho constitucionalmente reconocido a partir de esa fecha. La ley sobre los sindicatos de 1992 menciona tan sólo los “ceses de trabajo” y las “acciones de reducción de los ritmos de trabajo” como posibilidades que obliga al sindicato a representar a los trabajadores para “negociar” con la empresa o autoridad competente, aunque se trata realmente de una mediación, puesto que el sindicato “da a conocer” los puntos de vista de los trabajadores en sus reivindicaciones, propone soluciones, comprometiéndose a “asistir” a la empresa en reiniciar la producción y mantener la normalidad después del conflicto. No obstante, la doctrina deduce de estos preceptos el reconocimiento de la libertad de huelga, y se discute sobre la responsabilidad derivada de estos actos sobre el contrato de trabajo y sobre las reglas de responsabilidad por daños a la empresa. La fuerte incidencia de la autoridad pública en el control y resolución de los conflictos no ha sido re-escrita por las normas de la reforma del 2007, y la regulación de la mediación y del arbitraje se está revelando ineficaz en su función de canalización de los conflictos. Conflictos “de masa” que crecen exponencialmente cada año, ocupando cada vez más parcelas de realidad fuera de la regulación normativa, y construyendo soluciones colectivas derivadas de la propia gestión autónoma del conflicto.

El modelo chino, en esas coordenadas, es sugerente porque refleja, también en el marco de una economía socialista de mercado, la dificultad que tiene el orden económico global de aceptar la dimensión colectiva de una contractualidad que introduce de forma directa e incisiva en la relación individual, formalizando una libertad e igualdad inexistente en la práctica. Y asimismo la resistencia que expresa una acción reformista estatal orientada a reforzar la tutela de los trabajadores a combinar la acción sancionatoria e imperativa del Estado con la acción colectiva “de masa” y articularla con sujetos que sean representantes reales de esos intereses y no mediadores en un conflicto en el que necesariamente adoptan la posición de “terceros ajenos” a los trabajadores.

La Revue de Droit Comparé du Travail et de Sécurité Sociale 2011/2 puede encontrarse en la siguiente página web :

http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11

LA FUNCIÓN DE LA LEY LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (UNA REFLEXIÓN DE MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE)

2012-01-28T23:52:00.001+01:00

La Universidad Carlos III de Madrid nombró ayer, 27 de enero, doctores honoris causa a María Emilia Casas y a Nicolás Sánchez – Albornoz. El acto, en el que asimismo se entregaban los premios extraordinarios de doctorado y otros honores académicos, estuvo acompañado de una fuerte protesta de los trabajadores de la Universidad que reclamaban contra la política de recortes impulsada por el gobierno autonómico de la CAM y su aceptación entusiasta por los rectores de las universidades madrileñas, que se han apresurado a comunicar sus intenciones de poner en práctica inmediatamente esta política de restricción de la calidad del servicio público universitario. La comitiva de doctores, tradicionalmente ataviada con los ropones académicos de origen eclesial, pasó entre un pasillo de trabajadores que rechazaban los recortes presupuestarios y exigían la dimisión del Rector y en donde predominaba la camiseta verde reclamando escuela pública para todos. Todo un símbolo de las contradicciones de la Universidad en las que se mueve esta institución. En el acto, los gritos y consignas de los trabajadores se siguieron oyendo de forma nítida hasta el momento en el que se produjo la alabanza de María Emilia Casas, efectuada por el secretario general de la Universidad y profesor de Derecho del trabajo, Jesús Mercader. Al dar inicio a su discurso de investidura, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad permitieron que el acto se desarrollara sin ningún incidente, respetando el significado democrático de las trayectorias humanas y profesionales de las dos personas honradas por la Universidad. El discurso de la doctora honoris causa que ha sido la primera presidenta del Tribunal Constitucional, se centró en la función que debería desempeñar la ley laboral en relación con las políticas de empleo. Se trata por tanto de una opinión cualificada que discurre preferentemente en el campo de la regla jurídica y sus interrelaciones con la realidad laboral y social. Algunas de estas reflexiones, de indudable interés, se transcriben a continuación.

“Les propongo una breve reflexión sobre la función de la ley laboral nacional, expresión de la voluntad democrática, ante la pérdida de su centralidad o protagonismo, por causas de las exigencias del ordenamiento europeo y de ‘los mercados’. Pero también de su sometimiento a un proceso de reforma parcial continua e inacabada, que ha recurrido con demasiada frecuencia a la excepcional legislación de urgencia y terminado por dañar severamente la seguridad jurídica del disperso ‘marco regulador’ del mercado de trabajo y de la protección social, con quebranto de su calidad técnica y democrática y de ordenación del conjunto del sistema que está en la base del conjunto del sistema que está en la base de nuestro modelo de desarrollo y de sociedad”.

La autora no quiere referirse en esta ocasión a la relación entre la ley y la negociación colectiva, los espacios compartidos y la obligación constitucionalmente garantizada de que la ley deba asegurar el espacio propio de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se quiere centrar por el contrario en las tensiones entre la falta de empleo – con una tasa de desempleo de 22,9% de personas en edad de trabajar, un 50% en los jóvenes menores de 25 años – y la función de la ley laboral, a la que se acusa de destruir el empleo, reducir su campo de aplicación a un grupo de insiders y, cuya reforma, por tanto, ha de tener virtudes evidentes en la generación de empleo. Esta supuesta capacidad creadora de puestos de trabajo de la ley de reforma de la legislación laboral es negada tozudamente por los hechos, en especial respecto de la experiencia española de 2010 y 2011. “La ley laboral reformadora parece haberse convertido en una especie de ‘camino de quita y pon’ como el que poseía el Mago de Merlín y familia, del gran fabulador Cunqueiro, al servicio de la generación de empleo”. Estos encantamientos no son propios de la legislación de trabajo, y “las últimas reformas legislativas laborales, ordenadas ‘a recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo’, no lo han conseguido, y ello pese a haber situado a los empresarios ‘en una posición mucho mejor’ ante los riesgos de la contratación de trabajadores (Rodríguez-Piñero, 2010) que la que tenían bajo unas leyes bajo cuya regulación, en cambio, la ocupación se incrementó en casi ocho millones de personas de 1995 a 2007” (…) “La inestabilidad crónica de las normas sobre política de empleo y modalidades de contratación laboral o los continuos ensayos sobre formación profesional e intermediación laboral prueban la radical e innegable capacidad de esas urgentes y fragmentarias normas reformadoras sucesivas para conseguir los fines que quieren alcanzar. En su reforma continúan está el reconocimiento mismo de su fracaso”.

El caso es que el diseño de las políticas de empleo es en una buena parte inútil y contraproducente, al estar basado principalmente en un esquema que incentiva la contratación empresarial mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social o subvenciones. Se trata de una “agotada” política de fomento de la contratación indefinida, que proviene de 1997 y ha sido continuada con las leyes 46/2006 y, ya en la senda reformista de la crisis, con la Ley 35/2010. No ha mantenido el empleo, que se condiciona en su duración a la de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social, ni ha podido desbancar la contratación temporal, “que en su utilización descausalizada ha subvertido sus fines convirtiéndose virtualmente en un contrato único, al retirarse las limitaciones legales a su celebración durante dos años” en el RDL 10/2011. En efecto, “la reforma del 2010 no actuó con la debida convicción y contundencia sobre la reconducción a sus cauces causales de la contratación laboral temporal, y, ante el estancamiento de la economía, la crisis de la deuda soberana y el crecimiento del desempleo, volviendo a la vieja regla de que más vale un mal empleo que ninguno, la sobrevenida reforma de quita y pon de 2011 aparcó temporalmente el limitado propósito inicial de vencer esa ‘anomalía’ en el contexto europeo”. El resultado final que aprecia la ex presidenta del Tribunal Constitucional se expresa de manera contundente: “De ese modelo de regulación laboral que se ha ido diseñando a golpe de reformas sucesivas, de las que se reclaman grandes remedios que los hechos desmienten, ha resultado un Derecho del trabajo que ni siquiera sostiene al conjunto de los trabajadores y no se compensa ni corrige las desigualdades fundamentales que han aumentado notablemente entre aquellos, al tiempo que asienta un modelo económico de baja productividad. Su superación es una necesidad casi unánimemente aceptada y un asunto absolutamente fundamental”. No es necesario subrayar lo imperativo de esta conclusión, por lo demás rigurosamente cierta aunque choque con las posiciones gubernamentales y empresariales que reiteran como un mantra la necesidad de seguir reformando la ley laboral como condición para la recuperación económica y la creación de empleo.

¿Cuál es entonces la propuesta que hace la autora? Naturalmente que no plantea un programa de acción, pero si unas nuevas coordenadas dentro de las cuales se debe mover el discurso del análisis crítico de la función normativa de la ley laboral. El objetivo de ésta no es crear empleo ni puede reducirse a ser el instrumento de la política de empleo, y desde luego no de “políticas de empleo agotadas que han resquebrajado tan profundamente el ordenamiento laboral y ejercido una enorme presión sobre el sistema de protección social”. Las políticas de empleo deben existir y “dirigirse a los trabajadores”, pero la ley laboral no puede estar hipotecada por la política de empleo. Las políticas activas de empleo tienen que implicar a los servicios públicos de empleo, descansar en la formación y desarrollarse con arreglo a fórmulas que combinen prestaciones y salarios, de forma que “a estas políticas y a las situaciones de transición podría destinarse el gasto social que tan indebidamente ‘incentiva’ la contratación”.

La función de la ley laboral es establecer el marco jurídico protector del trabajo y de los trabajadores, ciudadanos que obtienen de su trabajo su dignidad personal y sus condiciones de vida, y las reglas de juego del sistema laboral con el entramado de piezas que lo conforman. Fijando “en lo concreto” esta propuesta, desplegando una capacidad de mediación y de resolución de los problemas de adaptación a la realidad social y del empleo, la ley laboral recupera “su existencia”, asegura objetivos de estabilidad laboral, de formación, de calidad y de productividad del trabajo y de certeza jurídica y política. “La búsqueda de la productividad y de la competitividad en la reducción de derechos y en el coste del trabajo, y no en su calidad, no lleva a un crecimiento económico sano y a una competitividad reforzada, sino a un modelo productivo más expuesto a las crisis y a un mayor número de trabajadores al desempleo”.

En efecto, la crisis global, con nuestras “particularidades estructurales”, no conduce a un “choque inevitable” con un Derecho del Trabajo y un Derecho de la Seguridad Social “condenados a no ser, sino precisamente a ser”, en esta situación tan difícil, un medio necesario para el reconocimiento de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los fines que la Constitución encomienda al Estado. Ambos derechos son “ejes vertebradores del estado social democrático y de derecho en que España se ha constituido por la constitución que nos hemos dado para ordenar nuestro sistema político, también en las actuales circunstancias de estancamiento económico, desempleo y mayor necesidad – y mayores costes- de protección social (…) La Constitución es, como dijo el tribunal Constitucional tempranamente, ‘un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo’ (STC 11/1981), pero es la norma superior que establece los límites que el legislador democrático no puede traspasar. Esos límites aseguran la existencia de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social.”

JUECES Y JUICIOS (EL DOMINGO 29 A MANIFESTARSE EN APOYO DE GARZÓN)

2012-01-27T00:12:00.001+01:00

Coincide en estos días una persecución judicial y política contra Garzón y la decisión del jurado de exculpar al presidente Camps por cohecho impropio respecto del Caso Gürtel" en el que está inculpado el propio magistrado Garzón por escuchas ilegales y violación del derecho a la defensa. El movimiento pendular de considerar inocente al político e inculpar al magistrado´, se está percibiendo socialmente como un síntoma gravísimo de la degradación democrática y la entronización de la corrupción como fisiología del sistema. (En la foto los convocantes de la manifestación en apoyo del Juez Garzón).

Si en el caso de Camps la decisión del jurado es un efecto de lo que Ferrajoli denomina despolitización masiva de la ciudadanía y disolución de la opinión pública, la persecución a Garzón evidencia una fuerte componente corporativa y reaccionaria en la alta magistratura de nuestro país que se muestra públicamente como un grupo de poder autónomo que escarmienta al juez "rebelde" a la vez que establece claras reglas del juego en relación con los que detentan el poder económico y político. En el fallo del jurado se expresa la corrupción del sentido común - no había sino escuchar las conversaciones telefónicas de Camps y su mujer, o de Ricky Costa - y el desmoronamiento del imaginario popular en materia de democracia, y resulta por ello explicable que para la mayoría de los miembros del jurado popular la forma en la que procedió el molt honorable careciera de cualquier reproche jurídico y que los regalos, obsequios y confianzas con el Bigotes no afectaran a la gestión del interés general. El veredicto evidencia que en su decisión mayoritaria se manifesta una opinión pública transformada y corrompida por la demagogia desarrollada por el sistema político-mediático.

El procesamiento "en racimo" de Garzón indica ante todo que hay límites que el juez no puede traspasar en el conocimiento de los hechos delictivos y en la persecución de los mismos, y que esos límites son fijados y definidos como absoluta inmunidad de un poder arbitrario y corrupto que se considera plenamente liberado de cualquier responsabilización. También expresa que esta inmunidad plena se proyecta hacia atrás, hacia los crímenes del franquismo y la feroz represión que este régimen desplegó, de forma que ni la tendencia a la universalización de los derechos y el castigo de los peores crímenes cometidos por los tiranos y sus cómplices, pueden ser tenidos en cuenta en el debate ideológico y jurídico que se ha desarrollado en torno a la investigación de las fosas comunes en España. El papel preponderante que en este juicio se ha dado a Falange Española y al grupúsculo franquista "Manos Limpias" es un insulto a la democracia y a tantas vidas segadas o irremediablemente truncadas en la lucha antifranquista por la conquista de las libertades.

En el caso de la persecución a Garzón todos sabemos que el veredicto está escrito mucho antes que el texto de la sentencia. También que la indefensión a la que se ha sometido al juez, y el acoso jurídico que ha impedido el derecho a su defensa merecerán - merecen ya - la repulsa internacional y previsiblemente una sentencia del TEDH condenando al Estado español por esta caza de brujas. Pero igual que intuimos que Garzón está condenado ya, sospechamos asimismo que no sólo Camps será absuelto, sino también Fabra verá prescritas sus acciones y el juicio penal, de celebrarse, no encontrará responsabilidad penal en ellas, como también, en fin, la forma peculiar de hacer negocios del yerno del Rey y la organización de sociedades para canalizar importantes sumas de dinero sustraidas a la legalidad impositiva se entenderá plenamente lícita, aunque a lo sumo, censurable moralmente ante la peculiar posición que se ocupa en el interior del Estado.

Es decir, estamos convencidos que una importante parte del poder judicial ha asumido un principio no democrático en su actuación y que lo impone autoritariamente con el desprecio consiguiente de los efectos culturales y políticos de estas decisiones sobre la percepción ciudadana de la calidad (e incluso de la subsistencia en algunos aspectos) de la vida democrática. El enrocamiento en la defensa del franquismo y de la relación inescindible entre el privilegio de los poderes económicos y las oligarquías burocráticas de los partidos es una postura que ya esta produciendo un movimiento muy amplio de repulsa y de deslegitimación de los jueces y magistrados, como síntoma del desmoronamiento progresivo del marco de libertades democráticas.

Una primera muestra va a ser la manifestación que a las 12 horas de la mañana saldrá de la Plaza de la Villa de Madrid, frente al Tribunal Supremo, en apoyo al Juez Garzón el domingo 29 de enero, convocada en el Ateneo de Madrid por un grupo de intelectuales y artistas. Hoy mismo una multitudinaria - y espontánea - manifestación ha sacudido Valencia en protesta por el veredicto del Jurado. Expresar colectiva y masivamente el disenso con estas tendencias que apuntalan la corrupción, la interferencia del poder económico en el poder político y la negación de la democracia es una obligación moral y un compromiso político inabdicable. Aunque estemos en un estado de excepcionalidad social o justo por ello mismo. Así que todos a la calle. De momento el domingo 29 de enero, en Madrid, a las doce de la mañana.

SESION DE CLAUSURA DEL CURSO DE POSGRADO SOBRE TRABAJO DECENTE Y GLOBALIZACIÓN

2012-01-26T00:28:00.001+01:00

El curso de posgrado de la UCLM organizado por el área de Derecho del Trabajo, que abordaba el tema del trabajo decente en la globalización y que estaba dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, se ha clausurado en la mañana del día 25 de enero con una conferencia de Miguel Rodriguez-Piñero.

Joaquín Aparicio introdujo al conferenciante, que abordó el tema central del seminario, el trabajo decente, relacionándolo con la situación europea actual en medio de la crisis, en donde se está produciendo una erosión del modelo social y un desacoplamiento entre los clásicos parámetros que habían ligado desarrollo económico y de mercado, bienestar social y derechos laborales robustos. De esta forma la noción de trabajo decente que parecia destinada a una reivindicación en paises en vias de desarrollo, cobra un vigor insospechado en un panorama político como el de la Unión europea en el que se ha dejado de hablar el lenguaje de los derechos. La necesidad pese a ello de recuperar el espacio supranacional europeo como terreno de propuestas y de debate político y jurídico, de una parte, y la advertencia de Sinzheimer en 1928 sobre la necesidad originada por la crisis - de los años 20 del pasado diglo - de hacer un importante esfuerzo teórico para aposentar en el marco de la ciencia jurídica el derecho del trabajo junto con el derecho al trabajo fueron las conclusiones de un discurso abierto a problematizar el conjunto normativo-laboral, pero reacio a su demolición más o menos controlada.

A continuación se formó la mesa redonda en la que se dedicaba el homenaje a Oscar Ermida como profesor invitado permanente de los cursos de osgrado de Toledo desde su primera edición en el año 2000 hasta la de 2011 en la que el avanzado estado de su enfermedad le impidió desplazarse. Presidió la mesa el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pedro Carrasco, quien fué dando la palabra primero a Joaquín Aparicio, que glosó la personalidad del amigo, del prfoesor y del teórico, luego a Miguel Rodríguez Piñero, que pasó revista a muchas de las intervenciones de Oscar Ermida en relación con los grandes problemas a los que se enfrenta hoy el Derecho laboral, a continuación a Antonio Baylos, quien se refirió a la relación estrecha entre el curso presente con las preocupaciones teóricas y culturales de OEU, como firmaba siempre, y que se habían materialziado en tantos proyectos editoriales, académicos y de debate, para por fin dejar a paso a Martin Ermida, abogado y profesor en la Universidad de la República de Uruguay, donde su padre era catedrático, quien agradeció el homenaje e hizo un muy medido recuerdo de la relación de Oscar Ermida con el curso de posgrado de Toledo.

La entrega de diplomas se realziará el dia 26 en el paraninfo de la Facultad, el convento de San Pedro Mártir.

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN EL AREA DE DERECHO DEL TRABAJO UCLM SOBRE LAS REFORMAS LABORALES RECIENTES

2012-01-23T18:17:00.001+01:00

Aprovechando el curso de posgrado de derecho que se está desarrollando en Toledo, el área de derecho del trabajo de la UCLM ha organizado dos seminarios para analizar algunas de las últimas reformas laborales de mayor alcance, a los que ha invitado a los participantes latinoamericanos en el curso de posgrado, cuya gran mayoría ha participado en los mismos.

El primer seminario ha examinado la reforma de la seguridad social, y en él Joaquín Aparicio realizó un enfoque general sobre el derecho de la seguridad social como función del estado social y su concreta organización en el estado español, para a continuación pasar a analizar de forma detallada el nuevo sistema de la pensión de jubilación, que expuso, incidiendo en sus relieves críticos, Luis Collado. El debate colectivo sobre los nuevos contornos de la jubilación fue muy extenso y en él hubo también una intervención muy amplia del grupo de los estudiantes del curso de posgrado además de los miembros del área de Derecho el Trabajo.

El segundo seminario se ha realizado el lunes 23 de enero se ha dedicado al examen de las reformas de la Ley concursal, casi todas ellas centradas en el ERE judicial y que no son reformas sustanciales que aborden elementos centrales sobre la relación entre el concurso y los derechos laborales, sino que pretenden cubrir lagunas o mejorar el funcionamiento de aspectos concretos. La exposición, minuciosa y crítica, ha corrido a cargo de Aurelio Desdentado, magistrado del Tribunal Supremo. El análisis de las dudas provenientes de la experiencia anterior y la posible interpretación de algunos aspectos de la reforma han mantenido vivo el debate en el que las intervenciones de Luis Collado y Joaquín Pérez Rey han sido muy determinantes.

Como segunda parte del seminario está previsto el debate y el análisis de la reforma legal del sistema de negociación colectiva, que conducirá Amparo Merino y en donde se analizará prioritariamente la tendencia a la “empresarialización” de la negociación colectiva tanto mediante la inaplicación de aspectos concretos del convenio sectorial (salarios o jornada) mediante la conclusión de un acuerdo de empresa por motivos económicos, técnicos o productivos (flexibilidad interna y descuelgue salarial), como mediante la tendencia a la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo que se prohíba por reglas de concurrencia o encuadramiento convencional.

Se entra en la última semana del curso de posgrado en el que el estudio de los mecanismos de garantía judicial en diversos planos va a constituir el centro del curso. La complementariedad de estos seminarios de formación con el desarrollo ordinario del curso ha permitido conocer las tendencias de desarrollo de la reforma más actuales en el ordenamiento laboral español.

LA PERSECUCIÓN PENAL DEL JUEZ GARZÓN. UN COMUNICADO DE "XUSTIZA E SOCIEDADE"

2012-01-23T00:43:00.001+01:00

Causa bochorno a cualquier ciudadano mínimamente informado la persecución judicial a la que ha sido sometido el Juez Baltasar Garzón. La instrucción sumarial y los tres casos que se acumulan contra él son hechos bien conocidos que implican una clara decisión previa de incriminación del magistrado que se atrevió a investigar una de las tramas de corrupción más relevantes que afecta al PP, hoy partido que gobierna todos los segmentos de la administración pública estatal, de comunidad autónoma y local. Para mayor infamia, se ha convocado el próximo día 24 de enero, cuando se cumplen 35 años del asesinato de los abogados laboralistas en el despacho de Atocha, la apertura de juicio oral al juez Garzón acusado de prevaricar al ordenar investigar los crímenes del franquismo. Una coincidencia posiblemente buscada como forma de manifestar una vez más el desprecio hacia quienes fueron eliminados físicamente por los aparatos militares y policiales de la dictadura franquista. La Asociación Xustiza e Libertade de Galicia, ha hecho pública una nota sobre el juicio a Garzón que se publicará en los periódicos autonómicos. Matías Movilla la ha enviado a su corresponsal en Parapanda y nosotros lo publicamos con gran placer. Se llama "El derecho a investigar" y se coloca a continuación.

EL DERECHO A INVESTIGAR

El Derecho es un instrumento para resolver los problemas de convivencia de la ciudadanía. Son las normas que nos damos para regular los comportamientos en Sociedad.

En la abogacía sabemos hasta qué punto es necesario tener una "imaginación creativa", para buscar soluciones jurídicas a los problemas humanos que se nos presentan, a veces muy complejos y acuciantes.

Y el Derecho es, además, una herramienta útil, en la medida en que, con pleno respeto de unas reglas de juego -las normas procesales como garantía fundamental-, combinamos preceptos, acuñamos expresiones y vamos alumbrando, con mas o menos osadía, nuevos caminos.

Pero el cuerpo legal no debe petrificarse. La evolución natural del Derecho empieza por esos ensayos concretos que la abogacía presenta como pretensiones en los juzgados. Ya sea el derecho de los familiares a saber dónde están enterrados sus muertos, o a denunciar conductas corruptas, o a entregar en pago el piso por la hipoteca. La aspiración del ideal de Justicia es siempre el horizonte infinito.

Y, prosperen o no, puede caber recurso –siempre, en el caso de la Justicia Penal-. Y puede accederse, por consiguiente, a un Tribunal Superior colegiado, que estima o desestima, no siempre con unanimidad, esa demanda. Incluso formulando algún magistrado un "voto particular" discrepante con la opinión mayoritaria, que acata, pero contra la que argumenta razonadamente. Y esta discrepancia, que es la semilla de la evolución, nunca puede considerarse delito.

Si toleráremos que la discrepancia de los jueces se convirtiera en delito de prevaricación, estaríamos acabando con la independencia del poder judicial, y encerrándolos en la pobreza mental del pensamiento único. El cual, como aseguraba Saramago, deriva hacia el pensamiento cero, hacia el electroencefalograma plano.

Por todo eso, el triple procesamiento del juez díscolo no encaja en absoluto en la lógica, sino en la "envidia creativa". La vanidad no es un crimen, pero sí lo es, aunque moral, la envidia ciega, el mensaje emitido por los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la judicatura de instancia: que sepan que si se dedican a investigar la corrupción, les va a salir muy caro. Están resucitando la idea de una sociedad estamental: que hay una justicia para los ricos, para los que evaden capitales, para los que trafican con los dineros públicos, para con los poderosos y con poderosas defensas. Sin ser conscientes –queremos pensar- del daño que le están provocando a la credibilidad de la Institución.

Sólo queda por ver si les basta con haber humillado al Juez "estrella" sentándolo en el banquillo, o si se atreverán a condenarlo.

A sabiendas de que cualquier solución es mala para el Alto Tribunal, preferimos que la cordura campe nuevamente por la Sala de los Pasos Perdidos y se dicte una sentencia que reponga la legalidad en la actuación judicial y permita a los jueces de instrucción seguir investigando con independencia, sin miedo a ser denunciados por los delincuentes a los que persiguen.

Tenemos en juego el Estado de Derecho. Y también la esperanza.

DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN: EL TRABAJO DECENTE COMO PROYECTO DE REGULACIÓN UNIVERSAL.

2012-01-21T18:37:00.001+01:00

Con el título Derecho del trabajo y globalización: el trabajo decente como proyecto de regulación universal, se está realizando en Toledo, un Curso de Posgrado para estudiantes latinoamericanos, dirigido y coordinado por Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey. El curso está dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República de Uruguay y posiblemente el teórico académico más importante del derecho laboral latinoamericano, fallecido desgraciadamente en junio de 2011. Oscar Ermida había sido profesor invitado en estos Cursos de Posgrado de la UCLM desde la primera edición de los mismos.

El curso de posgrado parte de una realidad oculta de la globalización, la tendencia contradictoria pero permanente a considerar como un elemento civilizatorio el siglo XXI la vigencia universal de derechos sociales básicos, que la OIT ha podido formular sintéticamente bajo la noción de trabajo decente. Se trata en definitiva de un proceso cultural que tiene muchas dificultades para su afirmación plena pero que se va determinando cada vez más de forma prescriptiva en los proyectos políticos de progreso en todas partes del planeta. Esa tendencia muestra caracteres específicos en la Unión Europea, con contradicciones muy fuertes acentuadas por la crisis y que tensionan las relaciones entre el espacio integrado económico y monetariamente y las restricciones al modelo social europeo que se centran especialmente en determinados ordenamientos internos. Por razones evidentes, el dato europeo es muy relevante en el desarrollo académico del curso, al permitir visualizar un espacio normativo en materia social supranacional, con sus reglas y sus sujetos delimitados en esa dimensión europea, junto a sus contradicciones y tensiones con las libertades económicas fundamentales, y la demolición parcial de sus estructuras básicas como consecuencia de las consecuencias de la crisis global desatada a finales del 2008 con especial incidencia en Europa, y la presión especulativa de los mercados financieros.

Los contenidos del curso discurren analizando tres grandes bloques de temas. En primer lugar ha parecido conveniente poner de relieve la problemática de los sujetos que actúan en el mundo global. Indirectamente se analiza a través de esa personificación, la actividad llevada a cabo y sus aspectos más llamativos. Los organismos internacionales son los sujetos llamados vocacionalmente a desempeñar ese papel activo en el mundo global, y naturalmente se han elegido dos de los organismos internacionales que tienen una mayor repercusión en la construcción de ese tejido universal de enunciación y respeto de los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que permite además recuperar un debate entre los espacios más idóneos para forzar la garantía de los derechos laborales y que tiene que ver con las formas de re-territorializar el trabajo con garantías políticas y jurídicas. A su lado, actúan en la globalización como sujetos de pleno derecho y potencia las empresas transnacionales, en donde se aprecian importantes tendencias a definir su responsabilidad social externa en términos de preservación de un contenido mínimo de derechos laborales en todos los lugares en los que ésta actúe. Es este un espacio progresivamente negociado con el otro sujeto colectivo que emerge en la globalización y que también se sitúa en un plano de la extra-normatividad, el sindicato global, que desarrolla una actividad de representación y reivindicación del trabajo global definido expresamente como trabajo decente.

El segundo bloque de problemas se refiere a los instrumentos que son relevantes en la regulación de los derechos laborales y sociales en el espacio de la globalización. En este punto, tienen una importancia especial los pactos y declaraciones de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Es aquí donde se va desarrollando ese espacio de validez y de garantía de los derechos, en una relación entre declaración universal, reformulación de esos derechos en espacios regionales integrados con mayor o menor fortaleza, tribunales internacionales y recepción de estos en los ordenamientos estatales-nacionales a través fundamentalmente de la garantía de esos derechos por los órganos jurisdiccionales del mismo. El examen de los textos de los organismos internacionales al respecto se enlaza con la problemática más específica europea, con una reflexión sobre el alcance y estructuración del reconocimiento y garantía de los derechos de la ciudadanía europea en materia laboral y social a partir del principio de subsidiariedad y de competencia común y el examen de los dos tribunales europeos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como modelos de dos tipos de construcción del control jurisdiccional de la actividad de los Estados en materia de derechos laborales y sociales.

La temática de los instrumentos empleados como formas especiales de creación de reglas sobre el trabajo en la globalización, hace que sea ineludible remitirse asimismo a la negociación colectiva transnacional, con una especial referencia a la negociación colectiva comunitaria en el marco del diálogo social como forma de creación de normas sobre política social y derechos laborales en la UE, y toda la batería de técnicas calificadas como soft law.

En ese contexto, cobra una importancia central la consideración del trabajo y el empleo como derechos universales, concebidos tanto en el interior de los estados nacionales como en su dimensión general en los flujos migratorios globales. El examen de esta cuestión desde una doble mirada, la construcción como derecho en un plano internacional del derecho a migrar, y la regulación de éste como movimiento en mercados unificados regionalmente, como en el caso europeo, forma parte de los contenidos del Curso, junto con el examen del tratamiento de las deslocalizaciones productivas a partir de un proceso de desterritorialización del trabajo en la experiencia Europea y en sus últimas manifestaciones en medio de las turbulencias de la crisis.

El último bloque se dedica a los diversos medios y técnicas de garantía de estos derechos en el espacio de la globalización. Desde las experiencias muy interesantes de denuncia política, bajo forma de juicio de desvalor jurídico al comparar la acción de estados o de empresas transnacionales en relación con los derechos laborales o sociales reconocidos en las declaraciones universales, hasta los mecanismos de control previstos en la OIT a partir del Comité de Libertad Sindical, o la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Pero también mecanismos de solución nacidos en la negociación colectiva, los llamados medios autónomos de solución de conflictos. Como último punto se encuentra siempre la peculiar estructura de la organización jurisdiccional del estado-nación, que en España ha sido reformulada con la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que de este modo se expone en sus puntos más generales.

A lo largo del curso, en el que participan un nutrido grupo de profesoras y profesores del área de derecho del trabajo y de la seguridad social de la UCLM, se han insertado algunas conferencias que abordan de forma específica temas relacionados directamente con los desarrollados en las sesiones “ordinarias”, pero que permiten otro enfoque metodológico o narrativo. Así, se examina el análisis que realiza de la crisis económica y las propuestas frente a la misma la Confederación Europea de Sindicatos (CES) – conferencia que pronunció Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de mayo - la tutela penal de los derechos laborales en un mundo globalizado – lo que fue abordado por Juan Terradillos, catedrático de derecho penal en la Universidad de Cádiz, y, en fin, el significado del trabajo decente como prescripción normativa en la tutela de los derechos sociales, que realizará el miércoles 25, Miguel Rodríguez-Piñero, Consejero de Estado y ex Presidente del Tribunal Constitucional.

El acto de clausura consistirá en un homenaje a Oscar Ermida, en cuyo trabajo teórico confluía precisamente la relación entre las dos categorías centrales del Curso, el trabajo decente y la universalización de los derechos laborales y sociales. En el recuerdo de este maestro de iuslaboralistas, profesor permanente del curso y gran amigo personal, intervendrán, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Pedro Carrasco, los profesores Rodríguez-Piñero, Aparicio y Baylos, junto con Martín Ermida, el hijo del profesor prematuramente desaparecido.

“ODIO A LOS INDIFERENTES”, UNA RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS E INTERVENCIONES DE ANTONIO GRAMSCI

2012-01-16T23:24:00.001+01:00

En la foto, Joaquín Aparicio y Tarso Genro comentan sus respectivas vacaciones de invierno y de verano (Italia y Cuba), congratulándose de la cada vez más extensa presencia de clásicos marxistas en las librerías del mundo, y en especial en las hispano-luso parlantes. A uno de estos textos se refiere el "post" que se transcribe a continuación, como otra de las "lecturas de invierno" que en el blog se han ido proponiendo.

Sobre la base de una edición italiana del 2010, la editorial Ariel ha publicado, traducido por Cristina Marés, un conjunto de textos de Antonio Gramsci provenientes en general del texto La ciudad futura, que contiene escritos de 1917-1918, restablecidos en su versión completa y no censurada por el trabajo de Sergio Caprioglio, que ha restituido muchos de ellos a su versión original. El libro incorpora como última parte un texto que se distingue claramente del tenor del resto. Se trata de la intervención del diputado Gramsci en el Parlamento exponiendo su opinión contraria a la legislación antimasónica como síntoma de un endurecimiento del papel totalitario del Estado fascista y cómo una señal de aplicación extensiva de esta norma a partidos y organizaciones políticas rivales. Este texto había sido ya publicado por Il Manifesto en su reputada colección de mensajes o discursos políticos breves en su edición de bolsillo.

No se trata por tanto de textos derivados de los “Cuadernos desde la cárcel” ni anteriores, de la experiencia de los consejos y la discusión en torno a “Ordine nuovo” y la revolución consejista de 1919-1920. Las intervenciones de Gramsci tienen un carácter marcadamente cultural y en ellas sobresale la crítica a la mediocridad cultural y política de una Italia decadente y burguesa. Esta crítica a las estructuras administrativas, políticas y culturales de Italia predomina sobre las referencias a la clase obrera y a la problemática de la acción colectiva de resistencia y de construcción de una alternativa política. Sus reflexiones sugieren una situación de extrañamiento del intelectual respecto de un país egoísta y subsumido en la pereza, la incuria y el reflejo autoritario, donde los arquetipos de la modernización que se ignora y no se practica en Italia están ausentes de la vida de un país en el que se constata un enorme vacío político y cultural respecto de los países más desarrollados de Europa, achacable al atraso de la burguesía nacional: “En Italia todos los males que aquejan a las pocas personas inteligentes y activas son resultado necesario de la ineptitud, de las condiciones de deterioro y de descontrol en la que se encuentra esa cierta parte de la población que nosotros, haciéndole el honor del lenguaje socialista, llamamos clase burguesa” (p. 65)

Hay algunos textos especialmente impactantes, en donde la crítica cultural resulta especialmente ácida y precisa, como los relativos a la educación y a la familia, y el rechazo, tan actual, a la escuela privada, o los textos dedicados a la burocracia del estado italiano – “los males del estado italiano”- donde los funcionarios, sus corruptelas y sus insuficiencias son puestos de manifiesto de manera nada piadosa. De especial interés son sus intervenciones sobre la necesidad de respetar los derechos democráticos y sus garantías como forma de protegerse frente a un “capitalismo fuera de control”, y sus diatribas precisas y muy sugerentes respecto de la guerra y la necesidad de construir intelectualmente la inutilidad de la muerte como forma de abordar la oposición directa a la guerra imperialista.

Por último, algunos textos ponen el acento sobre la mirada subjetiva del autor respecto de las tendencias presentes en la sociedad de su tiempo. A este tipo de textos se corresponde el que da título al libro –“odio a los indiferentes” – pero también debería resaltarse el que cierra las intervenciones de 1917-1918, que de forma sintomática se denomina “hace falta que cambiemos nosotros mismos”. En él, hablando de sus lecturas, señala que “estos libros no son para mi nada más que estímulos, oportunidades para pensar, para indagar en mi mismo, para reencontrar en mí mismo las razones profundas de mi ser, de mi participación en la vida del mundo. Estas lecturas me convencen una vez más de que los socialistas aún tenemos un gran trabajo por hacer: un trabajo de interiorización, trabajo de intensificación de la vida moral (…). Es preciso que cambiemos nosotros mismos, el método de nuestra acción. Estamos envenenados por una educación reformista que ha destruido el pensamiento (…). Somos revolucionarios en la acción mientras somos reformistas en el pensamiento. Obramos bien y razonamos mal (…) somos temperamentos más que caracteres”.

Los artículos recogidos en este libro pertenecen a un Gramsci que tiene 26 años. Un hombre que, dice el prologuista David Bidussa, se caracteriza por una “mirada atenta, una buena sonrisa, exigente, categórico, reforzado por una concepción estoica de la vida y de la moral y dotado de una fuerte vocación pedagógica” al que le quedaba un largo aprendizaje político tras la posguerra y su detención en noviembre de 1926. Pero en el que la necesidad de ver la vida real, “de hacerse cargo del agotamiento de los que han perdido”, es una constante en su trabajo intelectual. Profundizar en la realidad, estudiarla, es el objetivo, para evitar así que la nueva cotidianeidad pueda aparecer como el único mundo posible. Lo que tantas veces se nos presenta ahora como condición irremediable, por cierto.

Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Editorial Ariel, Barcelona, 2011. 105 pp.

LA CRISIS (DEL EURO) QUE NO TERMINA NUNCA. UN NUEVO NÚMERO DE INSIGHT

2012-01-16T01:27:00.004+01:00

Sigue la crisis con el nuevo año, aún mas agravada ante la incorrección suicida de las políticas adoptadas para combatirla. El colapso salarial en los países periféricos y la expansión inmensa de un mercado de trabajo sin garantías políticas ni jurídicas, está conduciendo a una situación de grave peligro de fractura social. Como cada mes, Insight profundiza en los desarrollos de la crisis y ofrece, en el laboratorio de ideas que aspira a ofrecer, una serie de intervenciones sobre este proceso de enorme interés que se resumen más adelante, antes de copiar el índice completo del número. En él se apreciará en algunos artículos dos versiones en razón del idioma en el que se dispone de dicho texto, uno de ellos, el de Romagnoli sobre la recuperación de la licencia para despedir, fué publicado en primicia por la blogosfera de Parapanda.

2012, enero / En este Número

Insight - http://www.insightweb.it/

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo analizar la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

Los lectores interesados en recibir los siguientes boletines pueden registrarse en la página.

Mientras la crisis italiana se enlaza con la de la eurozona, el nuevo gobierno Monti, tras las medidas de austeridad, se dirige ahora a la liberalización de los despidos

(Romagnoli y Lettieri). Pero la crisis del euro está bien lejos de hallar una solución. Discuten sobre este punto una serie de intervenciones (Amoroso y Jespersen, Colitti, Paladini).

Mientras tanto, en los Estados Unidos, con la apertura de la campaña presidencial, los republicanos van directamente al ataque contra Obama (Dean Baker y Robert Kuttner).

En la sección Papers, un ensayo de Mario Nuti examina la marcha de la crisis global y sus posibles desarrollos. Y además, se incluyen escritos sobre la post- crisis argentina, sobre trabajo y desigualdad en América y sobre las posibles soluciones a la crisis del euro.

Artículos

• Bruno Amoroso and Jesper Jespersen

On board Titanic: The EMU in stormy weather

Il sistema monetario europeo nella tempesta

Umberto Romagnoli

El retorno de la licencia para despedir

Il ritorno della libertà di licenziare

• Antonio Lettieri

Articolo 18 - Se passa il modello americano

• Marcelo Colitti

Le paure della Germania aggravano la crisi

Ruggero Paladini

An old taboo: the balanced budget

Il taboo del pareggio del bilancio

• Dean Baker

Will Romney Lie His Way to the White House?

• Robert Kuttner

Obama's Populism

• John Weeks

Estimating the UK one percent: A public service message

• Papers

Scenari possibili dopo la crisi globale

Domenico Mario Nuti

La historia del éxito económico argentino y sus implicaciones

CEPR

Lavoro, sindacato e diseguaglianza in America

Antonio Lettieri

A Modest Proposal for Overcoming the Euro Crisis

Yanis Varoufakis and Stuart Holland

En Views , entre otros, artículos de: Robert Reich, Tarso Genro, Etienne Balibar, Joseph Stiglitz

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

DÉJÀ VU

2012-01-13T20:29:00.002+01:00

En uno de los programas que hizo la espléndida banda británica Monty Python, un psiquiatra quería explicar a los televidentes lo que significaba como síntoma dismnésico la sensación de déjà vu, típico trastorno neuropsiquiátrico, y al hacerlo continuamente se repetían los mismos hechos y volvía a comenzar la explicación hasta que por fin salía desesperado huyendo del programa para continuamente volver a escapar de él. Sobre este recuerdo, se construye el texto que se presenta a continuación, que hemos podido sustraer a la redacción de la Revista de Derecho Social, en donde lo están manejando como base de un editorial del inminente número 56, último del año 2011. Este es el texto:

El cambio del mapa político español tras las elecciones del 20-N ha impuesto un nuevo escenario. Todos los comentaristas, creadores de opinión y los propios protagonistas de esta nueva época lo proclaman con cierta solemnidad. Se ha alumbrado un nuevo gobierno y se han adoptado unas medidas de choque como forma de encarar la crisis fundamentalmente mediante la reducción del déficit público. Se previene no obstante a la ciudadanía que otras medidas aún “menos gratas” habrán de adoptarse una vez celebradas las elecciones andaluzas, reconociendo así de forma evidente que se quiere preservar frente a posibles resistencias a nuevas medidas “de rigor” la respuesta del electorado andaluz. Al lado de las medidas de congelación salarial y de plantilla de las administraciones públicas junto con supresión de mejoras colectivas y el aumento de la jornada máxima en este sector, la congelación del salario mínimo y el recorte de gasto público en inversiones en obras públicas y en I+D, se abre de nuevo un período de negociación entre los agentes sociales en donde la patronal y los sindicatos han sido capaces de encontrar algún espacio de coincidencia en temas importantes, como el de reformar el instrumento convencional colectivo de resolución de conflictos adecuado a las exigencias de las últimas reformas laborales, se septiembre de 2010 y de junio de 2011. Hay también la novedad de la subida de impuestos, especialmente el que grava los rendimientos de las personas físicas, descompensado respecto de las rentas de capital, y la subida del IBI. Las pensiones se revalorizan modestamente en un 1%, sin que esta cifra impida la pérdida de poder adquisitivo de las mismas y por tanto obligue a la actualización que se debe producir a fin de año ante la desviación producida respecto del IPC. Para cerrar el panorama, los nuevos gobernantes afirman estar en plena sintonía con sus decisivos pares europeos – la entente franco alemana – y el Banco Central.

Pese a lo que se comenta como una “nueva etapa” que rompe de forma abrupta con la experiencia política anterior, los iuslaboralistas tienen ante estos hechos una sensación de déjà vu. Es decir, perciben una continuidad repetitiva con hechos ya asumidos colectivamente como un proceso histórico pasado. Las medidas de contención del déficit son una nueva vuelta de tuerca al sector de los empleados públicos que verán una vez más recortado su salario real y aumentadas sus obligaciones de trabajo. La congelación de plantillas y la no reposición de las vacantes por jubilación u otras causas, prolonga las muy controvertidas medidas en algunas comunidades autónomas en donde los recortes del presupuesto se han cebado en sanidad y ante todo en la educación. El paro sigue aumentando inexorablemente y se sigue hablando de la necesidad de una nueva reforma laboral que insista en el abaratamiento del despido y su inmunidad en cuanto a acto definitivo del empresario no controlable. Incluso el procedimiento para lograr que el gobierno legisle en soledad sobre este tema es también conocido.

Un tiempo de negociación – que en este caso, como se ha dicho, consigue acuerdo en cuatro cuestiones de importancia, pero no en otros asuntos muy sensibles, como el crecimiento salarial a través de los convenios colectivos – que la asociación empresarial considera superfluo puesto que es el gobierno quien debe imponer unilateralmente los modelos de regulación del empleo propuestos y extremados por el empresariado, porque juzgan innecesario intentar una solución de transacción con los sindicatos a través del acuerdo social. Incluso es el mismo reparto de papeles entre los diferentes protagonistas, uno afable aunque severo, el presidente de la patronal a nivel estatal, y otro duro y radical, que es el presidente de la asociación empresarial madrileña y al que compete anunciar la inconveniencia del pacto. Las propuestas de reforma son también conocidas, sigue estando presente la peregrina idea del “contrato único”, pero fundamentalmente se trata de lograr que el despido improcedente se deslice hasta la cifra por el momento estimada como óptima de 20 días por año de servicio, es decir, se reduzca en más de un 120% la sanción indemnizatoria por ejercitar incorrecta y arbitrariamente la facultad de rescindir el contrato de trabajo. Y naturalmente también insistir en que el despido no debe ser enjuiciado ni controlado por una instancia judicial si se basa en las necesidades organizativas, productivas o económicas de la empresa, apreciadas libre y vinculantemente por el empleador.

El ritornello es el mismo: se requiere una reforma laboral que cree empleo porque la anterior – que se justificó con el mismo motivo – no ha servido a esta finalidad. Y, como se aprecia fácilmente, sigue produciendo sus nocivos efectos en términos de desprotección social que a la postre estimula la destrucción de empleo. Y así sucesivamente. Con el agravante que la deriva de las normas sobre el empleo, a partir de la ley constitutiva 35/2010, han seguido una espiral de confusión y últimamente de regresividad con el último jalón de agosto de 2011, que desarrolla el espacio de los contratos formativos como contratos precarios y baratos, instaura un periodo de gracia para la temporalidad fraudulenta y se continua en la definición de relaciones de trabajo excluidas del derecho laboral sobre la base del componente exclusivamente formativo. Cada nueva pincelada sobre la regulación del empleo emborrona el cuadro y deteriora el marco legal estable de los derechos laborales.

Y ni siquiera los mercados son proclives a comprender que en España se ha producido una nueva era que implica un cambio fundamental en la gobernanza económica y social de la nación. Nada más conocerse las medidas aprobadas el 30 de diciembre del año pasado, la desconfianza de los mercados se puso de manifiesto y subió la prima de riesgo. Y las autoridades europeas felicitan la acción de recorte del déficit emprendida por el nuevo gobierno, pero le exigen más decisión y nuevas medidas para equilibrar las finanzas y “recuperar la confianza” de los inversores.

Esta sensación de que todo lo que sucede es una repetición de lo que ya nos ha sucedido, genera la idea de un bucle temporal continuo del que es imposible escapar al menos colectivamente, como el protagonista del Día de la marmota, atrapado en la reiteración de los mismos hechos durante un lapso temporal que se reinicia cada mañana. Puede sugerir por tanto una cierta congelación de las acciones de los sujetos políticos y sociales que se desenvuelven en nuestro país y que por varios motivos no sintonizan con ese programa de reiteración en la desprotección y en el incremento de la desigualdad y de la inseguridad en que se resume la actuación de los poderes públicos frente a la crisis.

Es más probable sin embargo entender que la alteración del mapa político en España y el despliegue de un programa continuista del gobierno como forma de afrontar la crisis permanente, esté obligando a los sujetos políticos y sociales a comenzar de nuevo el juego, a fijar la apertura de las piezas antes de realizar los movimientos más determinantes. Es seguro asimismo que hay mayor capacidad de resistencia social que de presentación de alternativas plausibles en el plano político-electoral avaladas por un gran número de ciudadanos. Y también que la constatación de esta situación ha puesto en el punto de mira de los esfuerzos de los medios de comunicación sostenidos por los grandes grupos económicos y por los creadores de una opinión pública despolitizada, la agresión al sindicato como sujeto que puede organizar de manera eficaz la resistencia en torno a un proyecto de sociedad que tenga en su centro el trabajo y sea capaz todavía de reivindicarlo. Junto a ello hay señales aún más inquietantes. La desafección de una parte de la población ante la posibilidad de respuesta a unas medidas que cada vez más hunden al país en una situación de postración económica y de desestructuración social, es un objetivo prioritario de los poderes públicos y económicos que, pese a las importantes movilizaciones sociales que han recorrido Europa en diversos espacios nacionales, niegan cualquier salida, cualquier capacidad de incidencia para lograr un tipo de acuerdo transaccional entre las fuerzas en juego. Se quiere transmitir la idea de que la resistencia social expresada en el conflicto no tiene “capacidad de intimidación”, es decir, fuerza suficiente para detener, alterar o modificar el proyecto central de devaluación de las condiciones salariales y de trabajo de la población trabajadora, y la restricción plena de las capacidades de regulación colectiva de las relaciones laborales.

En este sentido, la atención a los aspectos de la acción sindical especialmente relacionados con el sujeto del conflicto en que se resume la capacidad de hacer presente el proyecto emancipatorio alternativo que éste encarna, parece que deberán ser atendidos con cuidado, favoreciendo posiblemente la extensión de la información, del debate y la discusión sobre las formas de respuesta a las medidas “de rigor” entre todos los trabajadores, cuya orientación y resultados son por otra parte plenamente conocidos y sabidos a partir del giro regulativo que se produjo en España a partir de mayo de 2010.

Y aunque se trate de algo también conocido, es importante asimismo que la respuesta a las medidas de recorte de derechos de trabajadores, empleados públicos y ciudadanos en general encuentre una organización y una teoría de la acción en el espacio europeo. Cada día se aprecia con mayor nitidez la identidad en el esquema de las “reformas estructurales” puestas en práctica en Grecia, Portugal, España e Italia sobre las relaciones de trabajo y las garantías de empleo, como a su vez son convergentes las iniciativas en la reformulación de los sistemas de seguridad social y de asistencia además de en estos países, también en Francia, Irlanda, Bélgica y, de forma muy extrema, en Gran Bretaña. Estas iniciativas están afectando de forma muy directa la estructura y la dinámica de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo y que socavan las condiciones de ciudadanía social. El inicio de recomposición del sindicalismo europeo como un sujeto con nervio y con capacidad de organizar un proyecto alternativo, debe proseguirse y profundizarse en este año de forma prioritaria, y en esa dirección, sería muy significativo la convocatoria de una jornada de lucha y de movilizaciones en toda la Unión Europea por la Confederación Europea de Sindicatos ante la situación de colapso económico y de crisis política e ideológica en la conducción del gobierno de Europa.

EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR (HABLA UMBERTO ROMAGNOLI)

2012-01-11T00:16:00.001+01:00

En actuación sincopada de la blogosfera de Parapanda, las bitácoras de Joaquín Aparicio y José Luis López Bulla han publicado al unísono la traducción al castellano - obra de Joaquín Aparicio - de un artículo de Umberto Romagnoli aparecido en Il Manifesto del lunes, y que aborda con su lucidez habitual el rumbo de las reformas presentes sobre el despido en el contexto de la crisis económica en Italia. Las palabras de Romagnoli son naturalmente exportables a la situación española.

El trabajador puede legítimamente dimitir en todo momento sin ni siquiera decir por qué. Pero, si es despedido, puede obligar al empresario a que convenza al juez de que el despido es justificado y, si este no es capaz de hacerlo, será indemnizado. Es lo que he enseñado a mis estudiantes durante muchos lustros. Pero no antes del año académico de 1966-67. En efecto, fue en julio de 1966 cuando una ley rompió con una larga tradición jurídica, codificada en 1942, según la cual para extinguir el contrato de trabajo bastaba la voluntad de una de las partes, con la única obligación de preavisar; aunque el despido sea una medida que, mientras para quien realiza puede ser incluso un capricho, para quien lo sufre puede ser un drama.

Probablemente, sin embargo, durante el año académico 2011-2012 los estudiantes de los cursos de derecho del trabajo deberán metabolizar conceptos sensiblemente diversos. En efecto, parece inminente la revisión de la legislación vigente que presumiblemente equiparará la libertad económica del empresario a la libertad personal del trabajador a su servicio, en la medida en que el despido tendrá un tratamiento más próximo al previsto para la dimisión y menos penalizante que el actual.

Esa proximidad no exige la abrogación del art. 18 del Statuto dei Lavoratori (1) . De hecho, ahora es impropio colocarla en el centro de la reforma; como por el contrario sucedió hace diez años, cuando la norma estatutaria recibió los dardos del gobierno Berlusconi por su dureza sancionatoria, que (como es sabido) toca el punto más alto con la reconstrucción, no solo formal de la relación de trabajo sino con la efectiva reintegración del trabajador sustituible por una indemnización de 15 meses a elección del trabajador injustamente despedido. Esta vez, no. La agresión no viene propuesta en estos términos. En parte porque es una insensatez desafiar de nuevo la ira popular y en parte porque en estos 40 años de experiencia se ha comprendido que la readmisión del trabajador injustamente despedido no es en absoluto automática: o es espontánea o no es.

Si se mira bien, el ataque a la regulación vinculante del despido ha cambiado de dirección. No es ya la radicalidad del aparato sancionatorio el dato normativo a eliminar. Más bien es la radicalidad de la revocación de la licencia para despedir sancionada en la ley del 1966. En realidad esta es la ley que desarrollando los input de la preexistente contratación colectiva interconfederal en el sector de la industria, prohíbe los despidos impuestos no solo por motivos ligados a comportamientos del trabajador reconducibles a “notables” incumplimientos contractuales, que el léxico jurídico define como “subjetivos”, sino también por motivos “inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y al regular funcionamiento de la misma”, que el mismo léxico define “objetivos”.

La extensión de la prohibición y la indeterminación de su formulación textual lo transforman en un vínculo destinado a retroactuar sobre la gestión de la empresa y, por lo tanto, a chocar con la garantía constitucional de la libertad de iniciativa económica, pero no es que la disposición legal sea anticonstitucional. Puesto que, según la constitución, la libertad de empresa “no puede desplegarse en contra de la utilidad social”, es pura ideología sostener que el despido –solamente porque sea impuesto por motivos objetivos- sea en si socialmente útil. Usado para hacer cuadrar las cuentas de la empresa, se constituye como el resultado de un cálculo de conveniencia que el empresario efectúa contrastando la utilidad económica de mantener al trabajador y las ventajas que le procuran su despido. Pero, de acuerdo con lo pensado por los autores de la ley del 1966, toca al juez -¿y a quien si no?- establecer la entidad del sacrificio que razonablemente impone a la empresa. Por esto los reflectores han estado siempre apuntando a la aplicación que los jueces hacen de la ley limitativa del despido.

Para apreciar de modo pleno el impulso que han tomado los propósitos revisionistas, de los que hoy están llenas las crónicas, con la mirada puesta en la praxis jurisprudencial, es suficiente referirse a la indulgencia de la casta empresarial (y de sus abogados de confianza) hacia la disposición legislativa de 2001 que consiente “la adición de un término a la duración del contrato frente a razones de carácter técnico, productivo, organizativo”. Sin embargo, también aquí se está en presencia de una definición legal del motivo justificado de la predeterminación de la duración del contrato de trabajo que, como en el caso del motivo justificado de despido, deja al juez una amplia discrecionalidad valorativa de resultado incierto. Aunque el efecto limitativo de aquella norma no puede decirse que se haya debilitado por el filtro judicial, se está de hecho produciendo bien sea porque el fenómeno de la precarización está alimentado por una impresionante cantidad de contratos estructurados de diverso modo por la ley de 2003 como alternativa a la figura clásica del contrato a término, bien sea porque son muchos los factores que impiden a los precarios acudir al juez, muchos más de los que pueda tener un trabajador despedido. En suma, el contencioso judicial relativo a la licitud de la imposición de un término final a la relación de trabajo, cuantitativamente inferior al de la controversia en materia de despido, no preocupa.

Esto significa que también la presión para re-regular el despido sería menos violenta si no hubiese decisiones acumuladas de los jueces (del pretor de provincia hasta la casación) que se las ingenian –con la sabiduría empírica de que son capaces y el patrimonio de conocimientos de que disponen- de buscar un aceptable equilibrio entre la tutela del interés de los ocupados a la conservación del puesto de trabajo y el interés del empresario a reducir los costes empresariales. Por esto, todo el problema nace del hecho de que la casta empresarial esperaba que la magistratura se limitase a aceptar la coherencia del nexo de causalidad entre la motivación del despido y la decisión de despedir, convalidando la valoración hecha por la empresa. Viceversa, ha asistido con creciente frustración a la formación de una orientación tendencialmente hostil a la idea de que despedir por motivos “objetivos” sea una medida de adecuación automática a las exigencias objetivas que solo la empresa es capaz de evaluar. Es decir, la jurisprudencia es considerada un obstáculo a la llamada flexibilidad de salida porque es propensa a considerar injustificados los despidos que, aún siendo adoptados por motivos objetivos, se han decidido sin tomar en adecuada consideración el interés sacrificado.

Una actitud de este tipo –hija de una concepción de la libertad de empresa alejada de la cultura tecnocrática dominante- no ha agradado jamás a los gobiernos Berlusconi, los cuales han comenzado pronto a manifestar su contrariedad: en principio en el Libro Blanco de 2001 y, de seguido, creando un conjunto de incentivos para la composición extrajudicial de los litigios de trabajo que expresa una incomprensible desconfianza hacia los jueces. En esta dirección va una norma contenida en el chapucero paquete legislativo denominado “ collegato lavoro” (relacionado con el trabajo) aprobado por el Parlamento en 2010, en donde se afirma que “en todos los casos en los cuales las disposiciones legales contengan clausulas generales” –como en materia de despido o de contratación de trabajadores a tiempo determinado y, en general, de “ejercicio de poderes de dirección”- “el control judicial queda limitado exclusivamente a la comprobación del presupuesto de legitimidad y no puede extenderse al análisis de fondo sobre valoraciones técnicas, organizativas y productivas que competen al empresario”. Con este tono, tan profesoral y fuera de lugar, se imparte a los jueces la directiva hermenéutica de imitar el íter argumentativo querido a los sofistas: “post hoc ergo propter hoc”. Se puede también ironizar sobre el deseo del legislador de condicionar el proceso de formación del convencimiento del juez a fin de privilegiar a priori uno de los intereses en juego. Va dado, sin embargo, que la estrategia de deslegitimación y marginación del papel de los jueces (no solo) del trabajo, teorizada en la era berlusconiana, ha gozado siempre de consensos políticos transversales y son tantos los que comparten que, si se quiere en serio que el papel de estos jueces sea sustancialmente de estilo notarial, es necesario establecer netamente que el asunto del despido por causas “objetivas” quede fuera de cualquier control. No por casualidad el gobierno Monti mira con simpatía un proyecto de ley (que no es del Partido Democrático, pero está en la operación) presentado por un grupo de parlamentarios del PD (el primer firmante Pietro Ichino), donde se prefigura un singular acto civilmente licito y, no obstante esto, productivo de daños en alguna media resarcibles: como, por ejemplo, el despido por motivos “objetivos” que se convierte así en un instrumento ordinario y normal de gestión de la empresa fuera de control. En efecto, también este es un modo de celebrar la apología de la escuela de pensamiento que predica “más sociedad, menos Estado”. Un Estado cuyos jueces tienden a considerar el despido una extrema ratio, cohonestándolo solo si se persuaden que no hay otra alternativa.

Si al final viene a la luz esta especie de salvoconducto judicial de una de las más significativas manifestaciones del poder de directivo empresarial, la primacía de la empresa en la sociedad será reconfirmada y el proceso de restauración de la autoridad patronal acelerado. Pero sería arbitrario, porque la constitución atribuye al conjunto de los componentes de la Republica – sin exclusión alguna- la tarea de “promover las condiciones hacen efectivo el ejercicio del derecho al trabajo”: entre los cuales está comprendida una verificación del correcto ejercicio del poder de despedir.

(1) Se refiere al art. 18 de Lo Statuto dei lavoratori que impone la reintegración al puesto de trabajo, como se explica más adelante, haciendo referencia a la ley del 66, la cual da al juez la facultad de declarar la nulidad del despido sin justa causa o motivo justificado (Nota del traductor).

FORMAS NUEVAS Y VIEJAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO

2012-01-09T23:32:00.001+01:00

Siguiendo las reflexiones que sobre el conflicto social iniciaba ayer López Bulla, a continuación se coloca en el blog una serie de apreciaciones sobre el conflicto que nacen de un debate largo en la Fundación 1 de Mayo durante el pasado otoño.

Se constata desde hace mucho tiempo la especialidad de la organización del servicio en la determinación del alcance del conflicto. Es más actual sin embargo comprobar cómo los cambios en la organización empresarial y la acción combinada de la privatización y la externalización de los servicios “esenciales” no sólo han generado cambios importantes en las formas de acceso a los derechos satisfechos a través de éstos, sino en las formas del conflicto, mucho más “horizontales” o “segregacionales” que los antiguos conflictos “generales”, lo que a su vez induce a un debilitamiento de la solidaridad y de la igualdad como motor del conflicto. En ese sentido, el auge de otras formas de protesta, no reconducibles al concepto de huelga como abandono colectivo y concertado del trabajo es una tendencia creciente que tiene que ver con la eficacia última de la medida de presión en contextos de trabajos más cualificados y posiblemente en mejores condiciones de negociar sus condiciones de trabajo. También, con carácter general, el desplazamiento indirecto de la eficacia del conflicto del área de la producción al espacio de la comunicación como forma de incidir sobre una opinión pública que se percibe determinante en el éxito o en la aceptación de las reivindicaciones sostenidas mediante la huelga.

El desplazamiento al espacio de la comunicación de una parte de la presión de los trabajadores como condición de eficacia de la misma repercute necesariamente en la práctica sindical, obligándole a “sacar” del ámbito de los lugares de trabajo la efectividad de las medidas adoptadas, o al menos, a “compartir” el lugar del conflicto: del espacio de la producción al espacio de la comunicación. Tradicionalmente este ligamen se hacía a través de la “salida” del conflicto a la calle a través de manifestaciones o las marchas desde los lugares de la empresa a la ciudad en la que se encuentran los centros de decisión económica. En los años 80, la marcha de los mineros de Crimidesa constituyó un hito en su cobertura informativa. Pero ahora el espacio de la comunicación en el que se mueve el movimiento sindical es más complejo. De un lado está totalmente enajenado, no le pertenece y es claramente hostil, en relación con los medios de comunicación clásicos, en su abrumadora mayoría favorables a la dominación económica y social. Pero ha crecido de forma exponencial un cierto espacio de comunicación informal y en alguna medida alternativo, aunque difuso y no concentrado. Por eso es importante reflexionar sobre los medios que proporciona ese “entorno” comunicativo como forma de acceder a la distribución y conocimiento de informaciones “alternativas” a aquellas por las que naturalmente discurre el flujo de información “oficial”. Conviene desarrollar un trabajo específico sobre el sindicato como “red” e “instrumento” de comunicación, y sobre los medios que éste puede utilizar para construir ese “entorno comunicativo” que asegure, extienda y fortalezca la defensa de sus posiciones en el conflicto.

Se aprecian ciertas tendencias a la “escenificación” de las posiciones en conflicto y a la “caricaturización” de las posiciones antagonistas. Una formalización en la que la imagen tiene un peso muy fuerte. En este sentido, la utilización de la técnica del “escrache” que en Latinoamérica se ha empleado ante todo para “señalar” a los verdugos de las dictaduras militares, tiene también aquí una aplicación “laboral”. En nuestro país, la movilización de los trabajadores de Sintel en el “Campamento de la esperanza” en plena Castellana, oponiendo su imagen de trabajadores sin empleo en el centro de las finanzas de Madrid, resultó extraordinariamente efectivo. Es una vía que se ha explorado en otras ocasiones, pero que requiere una organización muy compleja y una puesta en tensión de toda la solidaridad sindical posible para que pueda cumplir sus fines de forma completa.

Normalmente, la utilización de formas de expresión del conflicto que implican un daño a los bienes de la empresa, como el sabotaje, pertenece al pasado ludista del movimiento obrero. Pero en algunas huelgas se ha utilizado el sellado de cajeros o de puertas, o el recurso al sabotaje como forma de “cerrar” los centros de trabajo en huelga. Estas acciones suelen llevar aparejado un efecto muy negativo en el plano de la comunicación y de la información, puesto que son aprovechados como manera de mostrar los elementos negativos del conflicto. La repetición en todas las televisiones del país de la caída de una anciana porque durante la huelga de la limpieza del metro se había volcado aceite en los torniquetes de entrada al andén, es un ejemplo de las consecuencias negativas de una acción que daña la imagen de una lucha organizada y constante. Sin embargo recientemente la tendencia a la escenificación del conflicto que se ha señalado se confunde con la necesidad de convertir el mismo en un acto de “retorsión” de la violencia sufrida por los trabajadores ante despidos combatidos. Los secuestros de directivos que se han producido en Francia en este año, irían en esa dirección. Habría que distinguir no obstante estos nuevos secuestros que buscan llamar la atención sobre situaciones individuales, y la ocupación de la empresa con “retención” de los directivos, como forma de conflicto más ligada al mantenimiento del empleo y de la empresa como proyecto de viabilidad. Otras formas de ganar publicidad del conflicto pueden incorporar acciones clásicas del movimiento pacifista, del tipo huelgas de hambre, encadenamiento a una grúa o a algún otro lugar arriesgado.

El uso de Internet, Youtube, blogs, o mensajería móvil se viene empleando ante todo como forma de preparación de movilizaciones masivas, además del “clásico” de asambleas y reuniones con los trabajadores. Es cada vez más frecuente la apertura de páginas en redes sociales como facebook y otras que recogen conflictos concretos de empresas o de trabajadores, o en ocasiones, editar videos en youtube aprovechando fragmentos de películas o de serie que se subtitulan o se doblan sobre la base de los hechos acaecidos en el conflicto. Por esta vía se llega también a la utilización de la realidad virtual como forma de exteriorización de un conflicto antes de que éste se efectúe en la realidad. El ejemplo más conocido es la huelga de los empleados de IBM en Second Life a través de sus avatares, como primer paso antes de emprender una medida de presión clásica. También en ese plano de la expresión del conflicto como pura visibilidad, sin que éste se plasme en repercusiones sobre el trabajo o en la suspensión del mismo, se emplean pegatinas, chapas, o indumentarias especiales y excéntricas como forma de hacer ver a la empresa en primer lugar, que se está en una situación de conflicto, aunque sin llegar a la paralización de la producción.

En algunos supuestos, esta “virtualización” relativa de la presión laboral puede que sea útil porque hay sectores en los que la experiencia de una huelga se ha perdido. Es decir, que es posible que una generación de sindicalistas y de trabajadores no hayan conocido jamás una huelga en su empresa o rama de actividad, y por tanto carezcan de la experiencia concreta de cómo prepararla y mantenerla, más allá de la participación que se les requiere en huelgas generales de un día. Y hay otros sectores nuevos, de trabajo disperso y difuso, en donde la convocatoria de una huelga es algo totalmente nuevo y posiblemente inapropiado en los términos protocolarios o rituales del conflicto en el trabajo industrial. Hay además sectores y trabajadores que se creen – y lo están – especialmente expuestos a las represalias en forma de pérdida de su empleo. En la huelga general del 2002, muchos de los trabajadores precarios no adhirieron a la convocatoria de huelga en sus centros de trabajo porque ello implicaba casi de forma segura – o al menos eso era lo que pensaban – la pérdida del empleo. Sin embargo, muchos de ellos participaron en la manifestación de la tarde de ese día de huelga general, con pleno entusiasmo.

Pero en todo caso, el proyecto sindical de tutela de los derechos de los trabajadores con carácter general debe “procesar” en su trabajo estratégico la necesidad de encontrar formas de lucha y de conflicto apropiadas tanto a los diferentes sectores en liza, con especial atención a las formas del conflicto en un panorama de descentralización productiva y de dispersión de los trabajadores, como en lo relativo a la relación que existe entre dichas formas de presión y las diferentes identidades subjetivas que pueblan el sindicato, en especial, mujeres, jóvenes e inmigrantes como sectores cualitativamente importantes y en donde el sujeto colectivo debe actuar de forma más intensa para ir suturando el desgarro en las condiciones de trabajo y empleo respecto del resto de los trabajadores. En el debate por tanto sobre la acción sindical y la tutela de los derechos, las nuevas formas que ha de adoptar el conflicto para proteger más eficientemente el interés de los trabajadores, deben ocupar un espacio importante de reflexión.

CONFLICTO SOCIAL: INTIMIDACIÓN Y FORMAS DE LUCHA (HABLA LÓPEZ BULLA)

2012-01-09T00:20:00.001+01:00

En la última entrada de su blog Metiendo Bulla, José Luis López Bulla introduce un tema para el debate de enorme trascendencia, recogiendo una idea que ya había expresado hace algunas semanas sobre la actitud de los poderes económicos y políticos de soportar las movilizaciones sociales sin variar para nada el programa de acción que en materia social, laboral y económica llevan a cabo. Se trata de la capacidad de "intimidación" de los movimientos populares y más en general del conflicto social, que lleva consigo la necesidad de un debate sobre las formas de lucha en un contexto porductivo y social transformado en el que además la crisis económica está generando una amplísima franja de no-trabajo. A continuación se reproduce la entradilla de este "post".

“Las élites económicas (o las clases altas, si se prefiere) se están desentendiendo unilateralmente del pacto del Estado del bienestar porque consideran innecesarios los costes que les pueda ocasionar, en la medida en que las clases populares han perdido capacidad de intimidación”, escribe Josep Ramoneda en su artículo en la separata de hoy en El País (el subrayado es mío). Pienso que Ramoneda da, con mucha aproximación, en el clavo.

El movimiento sindical lleva unos cuantos años con potentes movilizaciones ya sea de ámbito nacional como europeo. Y sin embargo todas ellas han sufrido un rotundo ninguneo. El problema no es, así las cosas, la ausencia o endeblez de la presión sostenida sino la ausencia de salida de las mismas o –dicho en plata— la no consecución de sus objetivos. Lo que comporta, en palabras de Ramoneda, a la “pérdida de intimidación”. Esta es una cuestión de primer orden que desafía y –no nos vayamos con remilgos— pone en entredicho las alternativas del sindicalismo confederal.

Hace tiempo que reflexioné sobre el asunto vinculando el ejercicio del conflicto social a la innovación tecnológica. Ahora el asunto se nos complica porque los poderes contrarios se encogen de hombros como diciendo “allá vosotros con lo que hacéis; no vamos a cambiar ni un ápice del guión que tenemos escrito”. Es una situación que puede acarrearnos graves complicaciones en nuestra capacidad de representación. Así las cosas es necesaria una amplía reflexión sobre ello. Y en concreto: ¿de qué manera se puede y debe ejercer el conflicto de masas para que cumpla con su objetivo?

Sugiero, por lo tanto, que es fundamental repensar estas cosas.

A continuación JLLB incorpora un texto de 1997 en el que relaciona el conflicto con un contexto productivo y tecnológico que ha modificado la práctica de la lucha derivada del fordismo. (http://www.lopezbulla.blogspot.com/2012/01/carmen-rodriguez-viuda-de-simon-sanchez.html). Pero seguramente que deberemos seguir reflexionando sobre estos asuntos en siguientes "entradillas" del blog.

NO HAY DERECHO(S). UN LIBRO DE PISARELLO Y ASENS

2012-01-07T02:12:00.000+01:00

Es de suponer que los Reyes Magos hayan traído lecturas provechosas. Aquí va una de ellas, que recomendamos fervientemente en la blogosfera de Parapanda. Se trata del libro de Gerardo Pisarello y Jaume Asens, No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis. Icaria /Antrazyt, Barcelona, 2011, 239 pp. 18€.

Gerardo Pisarello y Jaume Asens son una "marca" bien conocida en sus intervenciones en la prensa, en especial en el periódico hoy amenazado en su supervivencia Público. Utilizando el título de una emblemática revista argentina de los años noventa en cuyo diseño trabajaron Bovino, Abramovich y Courtis, estos dos señalados exponentes del Observatorio de Derechos Sociales y Culturales (DESC) con sede en Barcelona, han cuajado un libro que recopila y ordena una serie de artículos publicados en diversos medios de comunicación entre el 2005 y el 2011 sobre un fondo común: la importancia creciente del respeto de las garantías jurídicas individuales y colectivas como elemento central no sólo del sistema democrático sino de la propia conformación de unas políticas progresistas.

Como son dos los autores, también tienen dos prologuistas. El primero de ellos, Carlos Taibo, aun desconfiando de ese planteamiento entiende que los autores abordan de forma directa y convincente los grandes temas cruciales de la política en estos años de crisis ideológica de las izquierdas políticas. El segundo, que es Ramón Sáez, coherentemente con su posición que relaciona el derecho y el poder desde una perspectiva que privilegia la razón y la cultura, revaloriza la convicción de esta extraña pareja de que el derecho es un espacio de confrontación y que es preciso intervenir en la esfera pública para “apuntalar, garantizar y dotar de eficacia a los derechos de los más débiles en un mundo dividido donde el capital se ha impuesto con paso firme, haciendo tabla rasa de muchas conquistas”.

En la introducción Pisarello y Asens explican de forma muy clara la intención de las intervenciones que siguen: la tendencia del poder económico y político de las clases dominantes a actuar saltándose la propia legalidad estatal en unos tiempos que se califican continuamente como “de excepción”. Por eso la obsesión de los “leviatanes públicos y privados” de este tiempo intentan día a día afirmar que no hay derechos, y lo vehiculan con brutalidad indisimulada a través de sus políticas de excepción. Por eso el discurso del derecho y de los derechos debe servir como arma para deslegitimar las actuaciones arbitrarias del poder.

La Comisión de Defensa del colegio de Abogados de Barcelona y el Observatorio DESC han sido el reservorio donde gran parte de los temas que abordan los autores han ido desenvolviéndose. Y los presentan agrupados temáticamente en torno a doce ítems entre los que destacan los relativos a la crítica de la globalización capitalista y el militarismo junto a la de los problemas de la seguridad y la policía y la emergencia de una cultura antirrepresiva, un amplio elenco de problemas derivados de derechos y libertades fundamentales, ante todo respecto de la libertad de expresión la reivindicación de la libertad de crítica y el derecho a la protesta, pero también la libertad religiosa y el laicismo, o los derechos sociales en tiempos de crisis y los derechos de los inmigrantes en particular, sin olvidar los temas trascendentales de la memoria histórica o los grandes problemas políticos de la configuración federal o autonómica del Estado español, de la construcción europea o “las señales del sur”, es decir, los nuevos procesos constituyentes en la América andina.

El libro se debe leer asimismo como un recordatorio de los grandes problemas que se plantean ahora de manera más aguda con la crisis. La crisis que “ha dejado al descubierto la existencia de un modelo muy singular de capitalismo inmobiliario-financiero, basado en el sobreendeudamiento privado y en la corrupción administrativa y con drásticas consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”. Los textos reunidos en No hay derecho(s) quieren dar cuenta de toda una problemática muy extensa a partir de una suerte de collages que desde el punto de vista estilístico se inscriben en “la tradición de la polémica”, que no llega a al invectiva ni al libelo, y que además están muy bien y claramente escritos.

En síntesis, Pisarello y Asens preparan el camino para una renovación de la política y de la esfera pública a partir de un entendimiento dialéctico y radicalmente democrático del papel del derecho y de los derechos. Sus artículos, como señala su segundo prologuista, son siempre “una noble expresión de la lucha cultural contra la barbarie”